Desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto trabaja con el objetivo de cumplir con una premisa presidencial: que el próximo mandatario que asuma en 2015 no tenga que afrontar la postergación de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. En esa tarea ayudó a destrabar la situación judicial en Jujuy de la elevación a juicio de la causa que ahora llevó al banquillo a Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ingenio Ledesma, por la colaboración civil en el secuestro y desaparición de sus trabajadores durante el terrorismo de Estado. La comisión también está abocada a que las distintas provincias adecuen su legislación a los estándares internacionales sobre derechos humanos. Afirma que la designación de su hermano Guido al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires es un “desafío”, en un distrito donde en el ámbito penitenciario se “violan claramente” esos derechos. “Es una transmisión generacional a quienes demandaron falta de justicia y hoy construyen poder público”, sostuvo sobre el nombramiento de Martín Fresneda, hijo de desaparecidos, en la secretaría de la misma área a nivel nacional.

–La Presidenta propuso que quien asuma en 2015 pueda ver concluir los juicios por delitos de lesa humanidad. Usted integra una comisión parlamentaria que se ocupa de ese tema, ¿cuál es su función?

–Es uno de los objetivos de la Comisión de Derechos Humanos. Recorreremos el país para tomar contacto con integrantes de la Justicia federal y tomar conocimiento de la situación de las causas por crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, contactarnos con las legislaturas y ejecutivos provinciales porque estamos elaborando un informe, en base a una ley de 1999 y promulgada en 2001 pero que nunca se puso en ejecución.

–¿Qué especifica la ley?

–Sobre los avances parlamentarios a nivel nacional y de las provincias en materia de DD.HH., el cumplimiento de los pactos y tratados internacionales, así como la ejecución de políticas públicas. También la necesidad de cumplir con estándares mínimos en materia de DD.HH. en forma homogénea en todo el país. Hay provincias que vienen trabajando muy bien, y otras que todavía tienen un camino para adecuar su legislación.

–Dos ejes de trabajo distintos.

–En el caso del primero consiste en acompañar todos los procesos judiciales, a los querellantes y la acción de los fiscales para que se concrete el juzgamiento de todos los responsables de delitos de lesa humanidad, sean éstos de las Fuerzas Armadas y de seguridad y las responsabilidades civiles que se desprenden de las causas. Trazamos una agenda de trabajo que comenzó con una visita a Jujuy, donde había una situación de gran conflictividad respecto al juez federal subrogante, Olivera Pastor, que venía demorando el llamado a indagatorias y la elevación a juicio oral de las causas. Trabajamos fuertemente con la unidad fiscal especial, los querellantes y los organismos de DD.HH. para destrabar esa situación, que finalmente se logró con la designación de otro juez subrogante, y en el avance de la causa Ledesma. En términos de acción política parlamentaria es fundamental que nosotros demostremos que en la diversidad de la integración de nuestro Parlamento hay una decisión de que esto es una política de Estado que ha sido ratificada en múltiples oportunidades por el Congreso de acompañar la prosecución de los juicios, su finalización y la condena a cada uno de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y la restitución de los chicos apropiados.

–¿Qué otras provincias tienen dificultades similares?

–Trabajamos también sobre la situación en Catamarca, donde se ha elevado a juicio el primer juicio oral, que junto a Jujuy son las dos provincias con mayor atraso. Lo vamos a hacer este mes con el mismo esquema en Tucumán, donde tenemos previsto hacer un plenario de la Comisión de DD.HH. junto a la Legislatura provincial. Luego Salta y solicitudes de las distintas provincias. El objetivo este año es visitar el NOE y el NEA. Relevando también datos en legislación vigente con dos premisas fundamentales, como el debido proceso y la defensa en juicio.

–¿La morosidad de la Justicia sigue siendo la principal preocupación?

–En casi 30 años de democracia y 35 de ocurridos los hechos debe haber una mayor celeridad por parte de la Justicia federal. El Congreso expresó el reconocimiento a los integrantes de la Justicia que han dictado sentencia sobre estos crímenes, pero esto es una parte de esta historia. La otra es la morosidad que tiene la Justicia, sobre estos crímenes de carácter imprescriptibles, condenados por la humanidad y que la Argentina, siendo un ejemplo en este sentido a nivel mundial, debe satisfacer la demanda de justicia de víctimas y querellantes con una situación compleja, como es que van falleciendo los responsables de estos crímenes y aquellos que han demandado justicia. La Argentina ha tenido que revertir un proceso de impunidad y lo ha hecho sin que exista ningún acto de justicia por mano propia, de venganza, existió una enorme paciencia de parte de los organismos de DD.HH. en su demanda de justicia. Pero a la vez creemos que la sociedad en su conjunto debe conocer, a través de la oralidad de estos juicios, con mucha claridad, lo que sucedió. Estos son los puntos importantes, junto con el acompañamiento de la búsqueda de los niños apropiados que son los desaparecidos con vida, aquellos a los que aún debemos localizar y donde todos los poderes del Estado tienen que mancomunar sus esfuerzos para que las abuelas, sus hermanos se puedan encontrar con sus seres queridos y que ellos puedan recuperar su identidad.

–¿Van a acercarle alguna propuesta a la comisión que se va a encargar de modificar y reformular el Código Penal?

–Tenemos expectativas con la comisión creada por la Presidenta. La preocupación que nosotros tenemos está más vinculada a la aplicación del Código Procesal Penal, donde vemos que la atribución que tienen los jueces para otorgar el arresto domiciliario es inexorablemente aplicada para aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad y no sucede lo mismo con el resto de las personas privadas de su libertad y que revisten la condición de tener más de 70 años o de situación terminal o muy compleja en su salud. La legislación no dice “deberá” sino que el juez “podrá” tomar esa determinación. Los responsables de estos crímenes revisten la máxima peligrosidad para la sociedad porque han cometido, utilizando la estructura del Estado, crímenes aberrantes, y la Justicia no debe ser tan permisiva otorgando el arresto domiciliario a estos criminales, sino que deben aplicarse justamente las máximas medidas de seguridad.

–¿Qué significado político tiene la designación de su hermano Guido como secretario de Derechos Humanos de Buenos Aires, una provincia seriamente cuestionada por su política en la materia, especialmente en el sistema penitenciario?

–Significa un profundo desafío. La política que se lleva adelante en la situación de la seguridad y la de las personas privadas de su libertad en la provincia es realmente violatoria de los derechos humanos. Ha quedado muy claro en la visita que realizó el vicegobernador (Gabriel) Mariotto junto a organismos de DD.HH. a unidades carcelarias, donde las condiciones de detención son degradantes. El desafío es volver a poner a la secretaría en el rol que tuvo, como una política de Estado, que es monitorear a las fuerzas de seguridad y realizar visitas permanentes a las cárceles, en coordinación y trabajo con la Justicia, para que no suceda una serie de hechos que son los detonantes, como la aplicación indiscriminada de la detención preventiva. Trabajar en la creación de la policía judicial para romper el vínculo que existe entre la policía territorial y la Justicia. Fortalecer la defensa pública para los sectores más vulnerables de la sociedad. El Congreso nacional va a sancionar una ley que debe replicarse en la provincia: un mecanismo contra la tortura que monitoree, a través de un organismo autónomo y autárquico, la situación de la privación de la libertad no sólo dentro del sistema penitenciario, sino también la situación de la niñez y la adolescencia institucionalizada, los institutos de salud mental y de los adultos mayores.

–¿Qué opina sobre la designación de Martín Fresneda, un hijo de desaparecidos, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación?

–Que un hijo de desaparecidos asuma la secretaría es una señal esperanzadora de la continuidad de la política de derechos humanos y una transmisión generacional a quienes demandaron falta de justicia y hoy construyen poder público.