Sergio Burstein pidió ayer que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ex jefe de policía, Jorge “Fino” Palacios, sean sometidos a un juicio oral y público por su participación en una asociación ilícita que realizó tareas de espionaje ilegal. El dirigente de Familiares de Víctimas del Atentado a la AMIA, cuyo teléfono fue intervenido cuando se oponía a la designación de Palacios al frente de la Policía Metropolitana por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado a la mutual judía, pidió la elevación a juicio de la causa sin necesidad de realizar nuevas pruebas. El mismo trámite realizó el jueves el parapsicólogo Néstor Daniel Leonardo, cuñado de Macri, quien tiene procesamiento sin prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal.

El juez federal Norberto Oyarbide notificó hace dos semanas a los querellantes que daba por terminada su investigación, que las responsabilidades en el espionaje estaban demostradas, y les fijó un plazo para que dijeran si consideraban que había pruebas pendientes. Ayer, por medio de su abogado Hernán del Gaizo, Burstein dio el ok. El próximo paso del magistrado será “correr vista” al fiscal federal Jorge Di Lello, bien para que pida la elevación, bien para que solicite nuevas medidas. Estos avances en el expediente se producen mientras la Cámara de Casación se apresta a resolver cinco planteos presentados por el jefe de gobierno porteño para intentar evitar llegar a juicio.

Burstein pidió que juzgue a los once imputados que tienen procesamiento firme y también a Osvaldo Chamorro, segundo de Palacios en la Policía Metropolitana y socio de la consultora Strategic Security Consultancy, desde cuyas oficinas pidieron informes patrimoniales y financieros de legisladores opositores al macrismo y de sindicalistas. Chamorro fue sobreseído por Oyarbide, pero Burstein apeló esa resolución. Si en segunda instancia se revierte el sobreseimiento, Chamorro deberá ser indagado y podría sumarse al resto de los imputados en la etapa de juicio oral.

El dirigente de Familiares de la AMIA pidió que se juzgue a Macri como coautor del delito de falsedad ideológica en concurso ideal con violación de secretos y de la privacidad, agravado por tratarse de un funcionario público que abusó de sus funciones, delitos cometidos como miembro de una asociación ilícita. La misma imputación cabe para Palacios y para el espía Ciro Gerardo James, quien retiraba de la SIDE las escuchas telefónicas. James además deberá rendir cuentas por usurpación de autoridad, títulos u honores, ya que estaba contratado como ñoqui en el Ministerio de Educación de la Ciudad.

Su entonces titular, Mariano Narodowski, que autorizó la contratación del espía, deberá compartir el banquillo acusado de defraudación por administración infiel. José Luis Rey, ex juez federal de Misiones, está acusado de violación de secretos y prevaricato. Desde su juzgado y el del fallecido Horacio Gallardo se emitían las órdenes para intervenir los teléfonos. Los otros acusados son la empleada judicial misionera Mónica González y los policías de esa provincia Diego Guarda, Raúl Rojas, Rubén Alberto Quintana, David Santiago Amaral y Antonio César Fernández.

La presentación de Burstein se sumó a la que había realizado el jueves Leonardo, casado con Sandra Macri, hermana del jefe de gobierno. Leonardo no dudó en atribuir las escuchas a sus teléfonos a Mauricio y a su padre, Franco Macri. “Tienen interés en que yo desaparezca de la familia”, declaró en su momento ante Oyarbide. El cuñado descarriado pidió que se juzgue al jefe de Gobierno como “jefe u organizador” de la asociación ilícita que llevó adelante las tareas de espionaje.

La Cámara de Casación debe resolver cinco recursos que recibió en los últimos dos años. Dos son recusaciones de Macri contra Oyarbide. La tercera es un pedido de Ciro James para que se investigue el origen de la causa: quiere saber si partió de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) el llamado que alertó a Burstein. Por otro lado, hay pedidos de algunas ONG para acceder a la causa y un recurso de queja del propio Macri contra su procesamiento, que hiberna en Casación desde septiembre de 2010.