EL PAíS › LAS TAJANTES PRUEBAS CONTRA MACRI EN EL CASO DE LAS ESCUCHAS
En la elevación a juicio oral se pide que sea considerado jefe de una asociación ilícita, con abuso de poder y otros agravantes. La evidencia es firme y el relato de la acusación cierra hasta poder dejarlo sin recursos.
› Por Irina Hauser y
Raúl Kollmann
“Durante el juicio oral trataremos de demostrar que el señor Mauricio Macri era el jefe de la asociación ilícita.” El anuncio está en el escrito que esta semana presentó el cuñado del jefe de Gobierno, el parapsicólogo Daniel Leonardo, uno de los querellantes en la causa del espionaje porque, con la directa participación del ex policía Ciro James, contratado por la administración macrista, le pincharon el celular durante un mes. La advertencia no es menor, ya que si nada bloquea su camino al juicio oral, Macri llegará procesado como miembro de la organización de espionaje. El eventual carácter de jefe agravaría enormemente su situación.
Leonardo estaba casado con Sandra Macri cuando la organización de James y su superior, Jorge “El Fino” Palacios, lo espió en forma ilegal. La versión es que la familia Macri intentaba convencer a Sandra de que se divorcie de Leonardo, aparentemente por elementos que pensaban iban a surgir de sus conversaciones telefónicas. En algún momento la familia hizo trascender que el jefe del clan, Franco Macri, podría haber pedido la escucha clandestina, pero lo cierto es que James trabajaba para Palacios, hombre de confianza de Mauricio.
El planteo del abogado de Leonardo, Luis Conde, es que Macri ordenó la escucha contra su cuñado, que no fue un simple espectador que se enteró y no dijo nada. En el escrito donde promueve la elevación a juicio del caso, deja entrever un ángulo que no terminó de ser desarrollado durante la instrucción: cómo era el financiamiento de lo que la Sala I de la Cámara Federal describió como una estructura de inteligencia subterránea en ciernes. Según esta querella, a James –cuya participación en la mayoría de las intervenciones telefónicas quedó demostrada a tal punto que se ocupaba él mismo de retirar las grabaciones en la Secretaría de Inteligencia– no sólo el Ministerio de Educación le pagó 6000 pesos de sueldo durante 19 meses por un supuesto cargo de asesor fantasma, sino que hacía viajes llamativos y prolongados, difíciles de costear con un sueldo de policía o funcionario. Por ejemplo, 40 días en Europa.
Leonardo pide la elevación a juicio de los once imputados por el juez Norberto Oyarbide, en su resolución de cierre de la instrucción. Entre ellos están Macri, James y Palacios, el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, un juez de Misiones (José Luis Rey), una secretaria judicial y un grupo de policías de esa provincia. Narodowski es quien tenía contratado a James, pese a que nunca se pudo probar que realizara trabajo alguno. Para colmo, Narodowski dijo que no tenía ninguna relación con James pero se le detectaron 68 llamadas al espía que nunca pudo explicar. También Palacios intentó argumentar que sólo tenía una relación lejana con James porque éste quería entrar a la Metropolitana que él iba a comandar. También esa explicación naufragó: entre Palacios y James hubo 192 llamadas, en algunos casos muy temprano a la mañana o muy tarde a la noche, impropias de quien busca empleo. Hubo veces en que las comunicaciones se establecieron enseguida después de que James retiraba cintas de la SIDE.
El cuñado de Macri pide que a todos se los juzgue por asociación ilícita, violación de secretos y falsificación de documentos. A Macri le agrega, además del carácter de jefe, el delito de abuso de autoridad y el agravante como funcionario, lo que en caso de ser condenado podría inhabilitarlo para ejercer cargos a futuro. A Narodowski le adjudican también defraudación a la administración. Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas de la AMIA, también pidió la elevación a juicio. Fue el primero en hacer la denuncia porque le avisaron que lo estaban espiando. Eso se comprobó milimétricamente a partir del descubrimiento de causas falsas, incluso de homicidio, armadas en Misiones y pedidos de dos jueces de esa provincia a la SIDE para que graben a Burstein y a los demás espiados. Para redondear, los jueces misioneros también ordenaron que las grabaciones se le entreguen a James.
Pese a la abrumadora evidencia, Macri sostiene que el caso es un armado del gobierno nacional y pidió una serie de nulidades, que ya fueron desechadas por el juez y la Sala I de la Cámara Federal. Queda ahora la Cámara de Casación, que resolvería dentro de los próximos dos meses. Macri quedó involucrado porque las evidencias parecen tan numerosas que hasta su propio cuñado ha tomado la delantera con la acusación más dura.
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