En su visita al Congreso, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, coincidió con los objetivos que se trazó la comisión que preside Remo Carlotto en la Cámara baja: erradicar la “violencia institucional” y poner fin a los “castigos” que aplican a detenidos las fuerzas penitenciarias y de seguridad, adecuar las legislaciones provinciales a los estándares internacionales sobre la materia y lograr consenso social para avanzar en la construcción de nuevas herramientas que resguarden los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos también emitió dictamen a favor del proyecto que propone cambiar el nombre de la estación ferroviaria de Avellaneda por el de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán –los dos jóvenes piqueteros asesinados por la policía el 26 de junio de 2002–, que podría tener media sanción de Diputados en el décimo aniversario de la llamada Masacre de Avellaneda.

“Queremos convertir los derechos humanos en hechos concretos; ya hemos resuelto bastante de la espantosa impunidad que vivió nuestro país y ahora hay que avanzar en la construcción de mayores herramientas para la agenda actual”, sostuvo Fresneda. El flamante funcionario, que reemplazó al fallecido Eduardo Luis Duhalde, afirmó que trabajará desde la secretaría para hacer de los derechos humanos “una herramienta de transformación diaria y favorecer la situación de los sectores más vulnerables”, porque “no deben ser un privilegio de elite”.

“Cuenten conmigo y yo voy a contar con esta comisión porque las transformaciones en derechos humanos son las que van a transformar al pueblo”, les dijo luego a los diputados que integran la comisión. Varios de sus miembros ya visitaron distintas provincias del norte del país para destrabar las dificultades judiciales y acelerar los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, además del trabajo junto a las Legislaturas y Ejecutivos provinciales para adecuar sus respectivas legislaciones a los tratados internacionales que suscribió la Argentina en materia de derechos humanos y que ya fueron aprobados por el Congreso Nacional.

La comisión también emitió ayer un dictamen favorable respecto de un proyecto presentado por la diputada Liliana Parada, del FAP (que retomó el iniciado por el ex legislador Eduardo Macaluse), para cambiar el nombre de la estación Avellaneda del ex Ferrocarril Roca por el de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. La iniciativa ya tiene dictamen de la Comisión de Transporte y la propuesta es que sea tratada en el recinto de la Cámara de Diputados antes de que se cumpla el décimo aniversario del crimen.

También se emitió dictamen sobre un proyecto para la preservación de muestras de restos óseos hallados en diversos operativos, para que los mismos puedan luego ser analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabaja en la identificación de desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Hubo una declaración de “repudio al genocida Jorge Rafael Videla” por sus declaraciones periodísticas realizadas en el último tiempo y otra que respalda la postulación al Premio Nobel de la Paz de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven secuestrada y desaparecida por una organización criminal vinculada con la trata de personas.

Como parte de los objetivos trazados, los diputados de la comisión recibieron también a familiares de los jóvenes Facundo Rivera Alegre y Patricio Barrios Cisneros, quienes denunciaron a la policía de Córdoba y al Servicio Penitenciario bonaerense por la sospecha de su participación en la desaparición de Alegre y el asesinato de Cisneros.

Rivera Alegre, de 20 años, está desaparecido desde el pasado 19 de febrero, día en que asistió a un baile en el Estadio del Centro, en la ciudad de Córdoba. Los familiares del Rubio del Pasaje –como apodaban al joven en el ambiente cuartetero– sostienen que la principal hipótesis de su desaparición está orientada hacia la participación de policías cordobeses, quienes habrían “hostigado a Facundo en varias oportunidades”. El reclamo fue acompañado por la agrupación HIJOS de Córdoba y otros organismos de derechos humanos de la provincia.

En tanto, Barrios Cisneros, preso en la Unidad Penal 46 del partido bonaerense de San Martín, fue asesinado a golpes el 29 de enero último y por su crimen fueron arrestados tres agentes del Servicio Penitenciario, aunque otros cuatro penitenciarios sospechados de haber participado en el ataque permanecen prófugos. Sus familiares, y los abogados del CELS que denunciaron su caso, volvieron a reclamar ante la comisión de la Cámara baja la aceleración de la causa judicial. “Hay muchos testigos” de la golpiza que le provocó la muerte, sostuvieron.