El dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, insistió ayer en que el choque en Once se produjo “por lo que dijeron las pericias: un problema humano. Debe haber pasado algo con el conductor que no lo hizo estar en sus cabales para frenar el tren. Los sistemas funcionaban”. Pero la declaración más llamativa de ayer fue la del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, que es a la vez uno de los más importantes dirigentes de La Fraternidad, el gremio del motorman, Marcos Antonio Córdoba. Luna, de manera vehemente, hizo recaer la responsabilidad en el maquinista al señalar que los cuatro sistemas de freno funcionaban, que el maquinista no reportó ninguna anormalidad por radio y que otros maquinistas y guardias dijeron que todo funcionaba de la manera habitual. Luna redondeó diciendo que tampoco los parachoques jugaron un papel en la tragedia y que lo ocurrido no se puede atribuir a fallas en el sistema ferroviario que, según detalla, se viene reconstruyendo tras décadas de declinación. El maquinista Córdoba está citado a declarar hoy ante el juez Bonadío.

Las imputaciones contra los empresarios de TBA y los funcionarios del Estado son –según explicaron en el juzgado– muy distintas. Los ejecutivos de la empresa fueron acusados por estrago –causar un gran daño y producir muertes y heridos–, asociación ilícita y administración fraudulenta. En cambio, al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Luna, y el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, se les imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público. La base contra estos últimos es que no ejercieron el control que debían.

Ayer fueron liberados dos de los cuatro detenidos: Daniel Rubio, ex gerente de Administración y Finanzas, y Darío Tempone, gerente de Operaciones, fueron excarcelados, mientras que Cirigliano presentó un pedido de detención domiciliaria por su estado de salud, y Carlos Michele Ferrari podría presentar un pedido de excarcelación en los próximos días. Cirigliano está detenido en una unidad de la Gendarmería y lo llevaron ayer a Comodoro Py para que declare. Fue apresado después de que funcionarios de TBA desalojaran las oficinas de Retiro, llevándose de allí la documentación que se estaba utilizando como base para realizar la pericia contable. Cirigliano manifestó que ni siquiera estaba al tanto de ese movimiento y que el apoderado de la empresa, los contadores y abogados fueron los que resolvieron el traslado de los papeles. Bonadío consideró la mudanza como una obstrucción de la investigación, por cuanto no le informaron previamente y porque tardaron 48 horas en decir a dónde llevaron los papeles. A esto se sumó una denuncia gremial de que TBA quemó papeles en los talleres Enfer y que fueron retenidas dos camionetas. En el juzgado todavía no evaluaron esa documentación, mientras que desde la empresa deslizaron que se trataría de carpetas que no tienen relación con la pericia contable que se está realizando.

Cirigliano reiteró que no tuvo responsabilidad en el choque de Once por cuanto los frenos funcionaban y la tragedia se produjo –según remarcó– por algún problema del conductor. Pero lo más impactante es que ése fue el mismo argumento de Antonio Luna, quien además de subsecretario de Transporte Ferroviario es secretario de Política Ferroviaria de La Fraternidad, el gremio del maquinista. Luna fue ayer muy categórico con las causas del accidente y dejó en claro que hubo un problema del maquinista. El funcionario y gremialista describió uno por uno los sistemas de freno, explicó que funcionaban y, además, remarcó que Córdoba no utilizó la radio que tenía en la cabina para avisar de la existencia de alguna dificultad para frenar. Es más, Luna detalla los testimonios de otros dos maquinistas que estuvieron al mando de la misma formación y del guarda que acompañaba a Córdoba, y detalla que todos son coincidentes en que no hubo falla. Desde el punto de vista del control, Luna se defendió diciendo que no era su función controlar los servicios y la seguridad del Sarmiento: su papel era diseñar políticas ferroviarias y verificar que se pagaran los subsidios que ya estaban fijados. El funcionario insistió en que no se puede evaluar el servicio ferroviario como una foto, sino que se debe tomar en cuenta que todo el sistema sufrió el deterioro de décadas, a lo que sumó la gravísima crisis de 2001. Pero aun en ese marco –aseguró Luna–, el choque no se produjo ni por falla en el material ni por una falla en la infraestructura.