EL PAíS › EL JUEZ FEDERAL CLAUDIO BONADIO ORDENO LA DETENCION DEL APODERADO DE TBA
Es el abogado Carlos Lluch, quien decidió y concretó el traslado de la documentación de la empresa sin autorización del magistrado. Por ese hecho ya habían sido detenidos cuatro directivos de la ex concesionaria del Sarmiento, entre ellos su dueño, Claudio Cirigliano.
› Por Raúl Kollmann e
Irina Hauser
El juez federal Claudio Bonadío ordenó la detención del apoderado de TBA, el abogado Carlos Lluch. Según estableció el magistrado, fue Lluch quien tomó la decisión y concretó el traslado de la documentación de TBA sin notificar ni pedir la autorización del juez. Bonadío lo consideró una maniobra y por ello ya había ordenado la detención de cuatro directivos de la empresa, de los cuales siguen presos los dos principales, el dueño, Claudio Cirigliano (anoche el magistrado le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud), y el presidente Carlo Michele Ferrari. Otros dos directivos fueron dejados en libertad, pero el fiscal Federico Delgado presentó una apelación. Ayer declaró el ex secretario de Transportes Ricardo Jaime (ver aparte) y el martes concluye la ronda de indagatorias con un oficial de Bomberos. Todo indica que luego Bonadío se tomará alrededor de dos semanas para resolver sobre los procesamientos y lo más probable es que procese, aunque por distintos delitos, al maquinista, a directivos de TBA y a funcionarios públicos.
En la tarde del jueves se concretó un allanamiento al estudio Lluch, Ferrari, Campana y Asociados en la calle Carlos Pellegrini. El apoderado había presentado en el expediente tres escritos diciendo que fue él quien les indicó a los directivos la necesidad de sacar la documentación de las oficinas de Retiro antes de entregarlas a los nuevos operadores de las líneas Sarmiento y Mitre. A raíz de que le quitaron la concesión a TBA, el edificio se entregó a la Unidad de Gestión Operativa (UGO) que integran Metrovías y Ferrovías.
El traslado de los papeles se hizo entre el 24 y 25 de mayo, sin avisar al juez ni a los peritos oficiales que están haciendo el estudio ordenado por Bonadío para establecer la forma en la que se usó el dinero de los subsidios. Cuando el lunes siguiente, 28 de mayo, el perito oficial se presentó para seguir con la pericia, se encontró con que la documentación no estaba. Bonadío encargó entonces a la auditora de su juzgado que se ponga en contacto con las autoridades de TBA, en especial con Lluch, quien tardó 48 horas en indicarle dónde estaba la documentación. Finalmente el juez allanó el local indicado por Lluch, un garaje alquilado por TBA y al que tenían acceso otras personas.
La mudanza de los papeles dio un cierto vuelco a la situación de los directivos de TBA. El juez ya formuló una imputación contra ellos: estrago, asociación ilícita y administración fraudulenta. Bonadío todavía no definió la calificación más importante, si el estrago –producir un grave daño que llevó a tener víctimas mortales– es culposo, o sea por negligencia, o si el estrago es doloso, por dolo eventual, que significa que el imputado vio los riesgos que se corrían y no le importó. Más allá de estas graves acusaciones, Bonadío no había ordenado la detención de nadie, ni siquiera del maquinista a quien imputó el primer día por ser el que conducía la formación.
El juez, sin embargo, consideró que la mudanza de documentos fue un intento de obstruir la pesquisa y sobre esa base ordenó la detención de Cirigliano, Ferrari y luego Lluch. Anoche el magistrado rechazó la excarcelación de Cirigliano, aunque le concedió la prisión domiciliaria porque adolece de un problema cardíaco. También rechazó el pedido de excarcelación de Ferrari –con el visto bueno del fiscal Delgado–, por lo que será la Cámara Federal la que tendrá que resolver la semana próxima.
En la instrucción del caso, tras la declaración de Jaime, sólo falta la declaración de un oficial de Bomberos. Es parte de una pesquisa complementaria sobre los motivos que demoraron el hallazgo del cuerpo de Lucas Menghini Rey, encontrado en una de las cabinas de maquinistas, entre el tercer y cuarto vagón, 48 horas después del choque.
A partir del martes, Bonadío tiene diez días para resolver la situación de todos los indagados, pero el plazo es sólo indicativo. Se prevé que va a tomarse más tiempo, por la complejidad de la causa. Además, no está terminada la pericia contable: del total de 17 puntos, ya hay 11 concluidos, pero falta redondear el resto.
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