En una semana frenética se sucedieron dos protestas acotadas y la amenaza de una tercera de los camioneros, más un nuevo lockout rural; se anunció el plan estratégico para YPF, se creó un ente tripartito para el transporte metropolitano, se crearon mecanismos para extirpar al dólar de la economía doméstica. Daniel Reposo renunció a su postulación a la Procuración y la Cámara de Casación le puso la frutilla al postre al rechazar un recurso de Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales, poniendo al jefe de Gobierno porteño a las puertas del juicio oral.

En ese remolino de malos humores y medidas de gobierno, la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre Macri desmanteló el argumento del macrismo de que se trataba de una causa política, manipulada por el gobierno nacional a través del juez Norberto Oyarbide. Lo que hizo la Cámara fue rechazar un recurso de amparo y ratificar, por lo tanto, las actuaciones del juez. Macri y su ministro Guillermo Montenegro insisten en que se trata de una maniobra del oficialismo, pero todas las actuaciones del juez fueron ratificadas primero por la Cámara Federal y ahora por la Cámara de Casación. O sea que la maniobra oficialista tendría que haber abarcado a toda la Justicia, lo cual resultaría una exageración. La gravedad que tienen las acusaciones que pesan sobre Macri no evitó que fueran subestimadas por los grandes medios solamente interesados en amplificar aquellas que puedan afectar al gobierno nacional.

Esa disputa que involucra a la Justicia tuvo ecos en las consignas de los cacerolazos que se produjeron entre el viernes de la semana pasada y el último jueves. Puñados de personas, según ellos autoconvocados por las redes sociales, y según el Gobierno por dispositivos montados en las redes por el PRO, se juntaron en algunas esquinas de Barrio Norte y Vicente López y algunos fueron a la Plaza de Mayo, donde llegaron a ser poco más del millar. Entre esos grupos se pudo identificar a Cecilia Pando, referente de los que apoyan a los represores de la dictadura y que, por supuesto, gritaban consignas en contra de la Justicia.

Estos grupos de derecha llegaron el jueves a la Plaza de Mayo a protestar contra el “autoritarismo” y la “dictadura K”, sin que nadie los reprimiera ni obstaculizara. Al día siguiente, el viernes, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el MST, el PO y la CTA opositora ocuparon apenas un cuarto de la Plaza después de realizar numerosos cortes de calle que embrollaron el tránsito en la Capital. El titular de la CGT, Hugo Moyano, se solidarizó con ellos y su hijo Pablo anunció que los camioneros realizarán paros sorpresivos. Y todo eso en el contexto de una protesta rural que los grandes medios se esforzaban inútilmente por amplificar. La ciudad trató otra vez de ser eco del campo.

Se representó así en los medios un clima social de malhumor y descontento por causas difusas, difíciles de identificar, como si excediera cada reclamo puntual. Y por esa cualidad tan inasible estuvo mejor representado por los grupitos más recalcitrantes que se movilizaron el jueves. Cuando se les preguntaba la razón de su protesta, las respuestas eran variadas, desde el “autoritarismo K”, hasta la “corrupción K” o “la falta de libertades en todos los niveles” y a alguno se le escapó lo del dólar.

En realidad, más allá de la discusión de paritarias con sus tire y afloje normales, no hubo un cambio notable en la política ni en la economía que explicara ese repentino mal humor que trascendió a través de los grandes medios. El único hecho puntual fueron los controles al cambio de moneda, una medida que en realidad afecta a una porción si se quiere bastante reducida de la población –no más del diez por ciento– pero que está fuertemente implantada en el imaginario del terror en esta sociedad. A ese diez por ciento se sumaron los que hacen negocios con el cambio, más los grandes medios enfrentados con el Gobierno que aprovecharon para hacer terrorismo hurgando en esos temidos recuerdos de corralitos y devaluaciones. De esa manera, en una sociedad que viene sorteando sin sufrimiento una crisis mundial inédita aparecieron espejismos de caos económico y de curva social descendente que no ocurren en la realidad.

No es la primera vez que un tema que afecta a un sector muy acotado, impacta en la sociedad de una manera tan amplificada. A medida que fueron pasando los días, las medidas que al principio generaron todo tipo de incongruencias y además no fueron claramente explicadas, se fueron racionalizando y los temores de devaluación o corralito se fueron despejando. Queda por resolver la forma en que se concretarán las operaciones inmobiliarias. Si se resuelve este punto, el Gobierno habrá avanzado en normalizar una situación que solamente se da en Argentina, el país que tiene más dólares per cápita después de los Estados Unidos, en un contexto mundial en el que todos tratan de desprenderse de los dólares. De esta manera, una medida que inicialmente tuvo resonancias antipáticas terminaría generando consecuencias positivas pese a rozar el riesgo de un alto costo político.

En ese contexto, la candidatura de Reposo fue para el Gobierno sumar un eslabón débil al problema que ya tenía, sabiendo que por su actuación en la Sigen con Papel Prensa los medios lo iban a poner bajo la lupa. El rechazo a esa candidatura fue también una forma de la oposición de aprovechar el envión de malhumor que se había generado en la sociedad para resquebrajar las alianzas del oficialismo y producirle un traspié. No era el mejor candidato ni el mejor momento. A la oposición le resultará más difícil rechazar a la fiscal Alejandra Gils Carbó que fue postulada en su lugar. La fiscal tiene prestigio en el ámbito judicial y ha demostrado su oposición a la concentración monopólica de los medios.

Es real que Argentina tiene un contexto de crisis mundial y que un paso en falso la puede llevar al desastre. Es un hecho que los índices de crecimiento de la economía irán bajando. Pero como la economía venía creciendo con índices muy elevados, tiene un margen de retracción que no produce grandes daños. En ese sentido, tanto la oposición como el oficialismo tienen que cuidar cada paso porque la crisis no haría diferencia entre unos y otros.

Cuando se propaga un clima de malhumor sin que haya grandes causas del tipo de despidos masivos o grandes devaluaciones u otras catástrofes de ese tipo, se está convocando a que sucedan. Se trata de un hilo delgado que, en el contexto de esta crisis, se puede tensar hasta un punto, pero después se corta. Oficialismo y oposición tienen que reflexionar hasta dónde van a tirar del hilito.

Lo real, en todo caso, es que los públicos movilizados en las protestas durante la semana fueron bastante reducidos en relación con el clima que generaron. Las protestas de la derecha del jueves y de un sector de la izquierda el viernes no fueron relevantes. El lockout rural ni siquiera rozó el impulso que tuvo el conflicto por la 125 y hasta produjo cierto malestar en algunos productores. De todos modos, no deja de sorprender la rapidez con que se pueden escalar y extender estos climas de malhumor donde se entremezclan izquierdas y derechas y a los que a veces también ayuda el oficialismo con información contradictoria. Son malabares al borde del precipicio.

Ese fondo de cocción del malhumor de estos días que había sido el tema dólar prácticamente había desaparecido al finalizar una semana de protestas que sin ese trasfondo no hubieran tenido mayor trascendencia.

En contraste con ese estado forzado de desgracia, el anuncio del plan estratégico de YPF tuvo la solidez de las políticas de Estado. Pensar en el corto, el mediano y largo plazo en términos de estrategias energéticas soberanas le puso a la semana política un sello de mayor densidad. Hay políticas de Estado cuando un gobierno acepta poner el grueso del costo económico sabiendo que el grueso de los beneficios se verificará recién en cuatro o cinco años, o sea cuando ya no esté el gobierno que está haciendo el esfuerzo. Una YPF activa con control estatal será una herramienta decisiva para los gobiernos futuros que podrán establecer pautas de actividad sin depender del exterior para proveerse de energía.

En ese punto, la oposición tomó nota y respaldó la medida. De la misma manera, la conformación de un ente tripartito para controlar el transporte suburbano forzó finalmente al gobierno macrista porteño a asumir una responsabilidad que eludía. El gobierno nacional, por su parte, precisó que por ahora mantendrá los subsidios, pero al transferir el área de transporte a otro ministerio estaba reconociendo también la necesidad de mejorar un control hasta ahora ineficiente sobre la forma en que esos subsidios eran utilizados por los concesionarios. Formar una comisión o cambiar de ministerio pueden ser nada más que medidas burocráticas, una cortina de humo para un problema que no muestra una solución fácil, pero la preparación anunciada de un plan quinquenal de transporte implica un cambio en el enfoque sobre esa actividad. Por lo menos no se la deja librada al puro negocio de los concesionarios como antes, sino que está planteando un mayor compromiso público en el diseño de políticas y un control más estrecho.