Con la declaración de uno de los policías implicados en la demora en el hallazgo del cuerpo de Lucas Menghini Rey, ayer terminó la ronda de indagatorias en la causa del accidente de Once y se acerca la etapa de definiciones. El juez Claudio Bonadío tiene diez días para resolver la situación procesal de los imputados, aunque ese plazo es sólo indicativo. De hecho, antes de tomar una decisión, podría esperar los resultados de dos estudios pendientes: la pericia contable, a cargo de peritos contadores de la Corte Suprema, sobre los subsidios que el Estado otorgó a la ex concesionaria TBA y el uso que la empresa le dio a ese dinero; y, en otro orden, un examen neurológico exhaustivo sobre el maquinista Marcos Antonio Córdoba para determinar si padece o no epilepsia, una posibilidad que surgió del primer informe de una médica de la Corte.

La lista de los treinta imputados que fueron indagados por Bonadío incluye a los directivos de TBA, a ex y actuales funcionarios de la Secretaría de Transporte –como sus ex titulares Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi– y también de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), al maquinista y a bomberos de la Policía Federal que participaron del operativo de rescate. El dueño de TBA, Claudio Cirigliano, sigue detenido en el penal de Ezeiza porque el juez considera que obstruyó la investigación al haberse llevado documentación necesaria para la pericia contable sin autorización del juzgado. Eso fue previo a entregar las oficinas de Retiro al nuevo operador del Mitre y del Sarmiento. También siguen detenidos el presidente de la firma, Carlo Michele Ferrari, y el apoderado Carlos Lluch.

A los hombres de la empresa ferroviaria, Bonadío primero los responsabilizó de manera genérica de integrar “un grupo de personas que realizó una utilización impropia de la infraestructura, el material rodante, el personal y los fondos que el Estado Nacional puso a su disposición para ofrecer un mejor servicio de transporte ferroviario, que a la vez sea confiable, seguro y eficiente”. Cuando ordenó detenciones entre los ejecutivos, por haberse llevado documentación necesaria para la pericia contable, el juez precisó que están sospechados de delitos graves: estrago, asociación ilícita y administración fraudulenta. A los funcionarios los responsabilizó de no haber ejercido controles, lo que –-según definió– posibilitó la tragedia del 22 de febrero, con 51 muertes y más de 700 heridos. Traducido en un delito, podría ser violación de sus deberes, pero tal como quedó formulado no se descartaría el estrago. Al chofer le adjudicó el choque en sí mismo. A los bomberos, omisión de sus deberes.

Es posible que, por las medidas pendientes y la complejidad del caso, el juzgado se tome más de los diez días reglamentarios para definir si dicta procesamientos y a quiénes. Por lo pronto, informaron allegados al expediente, Bonadío estaría dispuesto a esperar los resultados del análisis del uso que se les dio a los subsidios estatales, que está en pleno trámite, a cargo de peritos de la Corte. De 17 puntos de pericia, los expertos ya respondieron 11. Lo mismo haría respecto de los exámenes neurológicos del maquinista. Ayer a la mañana, Schiavi reclamó la realización de esos estudios para establecer si es epiléptico. En el juzgado le dijeron a este diario que ya están en marcha. Todo surgió porque el primer reporte forense decía que se había detectado “actividad epileptiforme interictal regional frontal izquierda” y la médica que lo hizo, Mónica Perassolo, dijo que no se podía descartar que tuviera epilepsia. Al ser indagado, Córdoba dijo que nunca tuvo un episodio propio de esa enfermedad y que jamás se la diagnosticaron. Si se comprobara que es epiléptico, el dato jugaría en contra de TBA –ya que pasó los controles médicos– y tal vez mejoraría la situación del chofer.

Las conclusiones de las pericias pueden incidir en la evaluación que hará el juez, pero no necesariamente la definen. Lo mismo se aplica a la pericia de los ingenieros de la UBA y la Corte, que concluyeron que los frenos funcionaban, aunque Córdoba reiteró la semana pasada que no le respondieron a pesar de que probó todas las posibilidades y usó el freno de emergencia. El chofer había sido responsabilizado en la mayoría de las indagatorias de los directivos de TBA y de algunos funcionarios. En definitiva, Bonadío tendrá que analizar toda la información en conjunto.

El último en ser indagado, ayer, fue Flavio Pafundi, subinspector de la Unidad Accidentológica Federal del Transporte, quien, igual que el resto de los bomberos y efectivos indagados, apuntó a que estaban sujetos a instrucciones de sus superiores y del propio juzgado para continuar la búsqueda de víctimas y sobrevivientes, incluso en las cabinas auxiliares.

En los últimos días, el mediático abogado Gregorio Galbón hizo circular un mail en el que anticipa que el juez será apartado de la causa, supuestamente por mal desempeño. La realidad es que no hay ningún planteo de esa naturaleza que esté siendo evaluado por la Cámara Federal.