Mientras se realizan los preparativos para el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra, que comenzará el 6 de agosto, la causa en la que se investiga el supuesto tráfico de influencias para beneficiar a los acusados tiene que superar todavía diversas dificultades. Ahora la Cámara Federal porteña deberá resolver un planteo de competencia sobre el juzgado que quedará a cargo del caso.

La causa se inició cuando la jueza Wilma López, quien investigó el crimen de Ferreyra, denunció la presunta intención de ofrecer entre 50 mil y 75 mil dólares a por lo menos dos camaristas de Casación para obtener las excarcelaciones de algunos de los detenidos por el asesinato.

Este intento quedó al descubierto mientras se hacían escuchas telefónicas para investigar sobre el crimen. En las grabaciones se mencionaba al ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid como intermediario entre los primeros siete detenidos y tres integrantes de la Cámara de Casación Penal. El aparente objetivo era lograr, mediante un soborno, la excarcelación de los detenidos, entre los que se encontraba el dirigente ferroviario José Pedraza, aunque los presuntos sobornos no habrían llegado a pagarse y finalmente Casación negó la excarcelación a todos los procesados.

Cuando la investigación comenzó a avanzar, Aráoz de Lamadrid pidió que se declarara incompetente al juez de instrucción Luis Rodríguez y que el expediente pasara a la Justicia federal. Sin embargo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó hacerse cargo, por lo que ahora el tema deberá ser dirimido por la Cámara. El planteo de Aráoz de Lamadrid fue presentado en diciembre, una semana antes de que debiera prestar declaración. La estrategia dilatoria tuvo el efecto de suspender desde entonces todos los llamados a declaración indagatoria resueltos por el juez Rodríguez.