Mié 13.06.2012

EL PAíS  › EL DESTINO DE LOS DEPóSITOS JUDICIALES DEL BANCO CIUDAD

Un proyecto sujeto a debate

La iniciativa de la kirchnerista Diana Conti de pasarlos al Banco Nación fue objetada por la oposición en la apertura del debate del tema en comisión. Los trabajadores de la entidad porteña se movilizaron al Congreso y también la rechazaron.

› Por Miguel Jorquera

El macrismo y los bloques opositores de la Cámara de Diputados se plantaron en contra del proyecto de la kirchnerista Diana Conti, que establece que todos los depósitos judiciales de los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal se efectúen en el Banco Nación y no en el Banco Ciudad, como se hace actualmente. La mayoría de ellos planteó en la Comisión de Justicia la “inconstitucionalidad” de la iniciativa, argumentando que está en marcha el proceso de autonomía de la Ciudad, donde aún queda pendiente el traspaso de la Justicia ordinaria –civil, penal y comercial– al ámbito porteño. El FAP hizo propia la propuesta de los trabajadores de la entidad que depende del Gobierno de la Ciudad, y propuso que sólo los depósitos del fuero federal se realicen en el Banco Nación. Conti afirmó en el encuentro que modificará el texto original de su proyecto para que el Banco Nación reciba los depósitos judiciales a partir de la sanción de la nueva normativa, sin retirar los actuales 6500 millones de pesos de esos depósitos que maneja el Ciudad.

Ayer expusieron ante la Comisión de Justicia de la Cámara baja, que preside el riojano Jorge Yoma, el director del Ciudad, el economista macrista Federico Sturzenegger, y los delegados de los trabajadores de la entidad bancaria. Sturzenegger tildó el proyecto de Conti de “inconstitucional” y advirtió que va en contra de la reforma del ’94 y de la llamada Ley Cafiero. El macrista aclaró que “el traspaso de los depósitos no afecta en nada al Gobierno de la Ciudad”, pero consideró que “esta ley pondrá en desventaja a los porteños respecto de otras provincias”.

El secretario general de la Comisión Interna del Banco Ciudad, José Peralta, expresó su rechazo en nombre de los trabajadores –que ayer también se manifestaron frente al Congreso– al proyecto de la diputada kirchnerista. Peralta aseguró que los trabajadores son “rehenes de las políticas del gobierno nacional y de la Ciudad” por la disputa del “botín” que constituye la masa de fondos judiciales.

Conti, en tanto, afirmó que la iniciativa “no afectará a los trabajadores” y Sturzenegger respondió que serían 114 los trabajadores (de los 3200 que componen el personal del Ciudad) perjudicados de manera directa, que “con la transición irían perdiendo funcionalidad”.

Por su parte, los diputados del FAP presentaron el proyecto de los trabajadores del Ciudad (que son parte de un nuevo sindicato bancario enrolado en la CTA opositora). Allí se propone que sólo los depósitos judiciales del fuero federal (1700 de los 6500 millones que maneja el Ciudad, según detalló Sturzenegger) vayan al Nación. Y el resto se mantenga en la entidad bancaria porteña para que ésta siga promoviendo créditos hipotecarios y a las pymes con una tasa de interés más baja, aunque cuestionaron la política macrista en la materia.

También exigieron un dictamen de la Comisión Bicameral de la Ciudad de Buenos Aires (aún sin conformar) antes de discutir cualquier proyecto legislativo sobre la autonomía porteña, “según –afirmaron– establece la Ley Cafiero”. Una propuesta que avaló el propio Yoma.

Conti insistió con su proyecto, que tiene el respaldo del bloque K, mientras la Justicia porteña esté solventada por el presupuesto nacional. Aunque admitió que la aplicación de la norma “es a futuro” y no incluirá los 6500 millones de pesos que actualmente administra el Banco Ciudad, hasta que culminen las disputas judiciales que ocasionaron esos depósitos. “Esto le dará un plazo de cuatro a cinco años al Banco Ciudad para que pueda readecuar su política bancaria”, sostuvo Conti. El oficialismo apunta a que el proyecto tenga dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Justicia y Finanzas el 26 de junio. Aunque Yoma insinuó que la comisión que preside continuará con las consultas.

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