Mientras el Congreso negociaba ayer la elección del nuevo vicepresidente, el designado mandatario del Paraguay, Federico Franco, intentaba conciliarse con el sector campesino y los países vecinos. Sin embargo, los representantes de diferentes estados rechazaron la legitimidad del nuevo gobernante tras la destitución de Fernando Lugo.

Después de llevar a cabo el polémico juicio político de dos días que destituyó a Lugo, los partidos políticos paraguayos con representación parlamentaria comenzaron las negociaciones para elegir el vicepresidente que reemplazará a Federico Franco, nombrado el viernes como jefe del Estado. Al mismo tiempo, el designado presidente de Paraguay hizo declaraciones vinculadas con dos sectores que, desde el principio, rechazaron su designación. En una entrevista que ofreció a la canal CNN, Franco reiteró ayer que en sus 14 meses de mandato intentará concretar una reforma agraria y señaló que su compromiso como gobernante no es sólo con el partido liberal, sino que gobernará con todos y que, sobre todo, tendrá que ocuparse de este tema al que consideró “candente”. “No se ha hecho nada por mejorar la condición de los campesinos de mi país y tengo el compromiso y la responsabilidad de iniciar un proceso para que el próximo gobierno pueda continuar con un desarrollo rural sostenible con énfasis en la agricultura familiar”, sostuvo reiterando su compromiso y lucha contra los terroristas y criminales. “No habrá tolerancia, mi posición es la de devolver la tranquilidad al pueblo paraguayo”, aseguró.

También dijo que buscará conciliarse con sus vecinos que cuestionan su legitimidad. “Para mí es una preocupación la situación actual, no es fácil, reconozco que hay inconvenientes con la comunidad internacional”, expresó Franco en conferencia de prensa en la sede del gobierno. “Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para tomar contacto con los países vecinos para tratar de ir demostrando con hechos nuestra clara vocación democrática”, agregó, aunque dio a entender que no participará en la cumbre del Mercosur, convocada para el jueves y viernes. “Entiendo la situación que se da. No veo por qué forzar la situación. Vamos a responder en su momento”, dijo el presidente tras aclarar que su Ejecutivo no ha recibido una invitación clara del bloque que integra junto a Brasil, Argentina y Uruguay. “Hoy la prioridad es ordenar la casa”, afirmó Franco e insistió que en Paraguay no hubo un golpe de Estado. “No hay quiebre institucional. Es una situación legal que la Constitución y las leyes de mi país permiten para hacer un cambio cuando la situación se produce inviable”, mantuvo.

El nuncio apostólico, Agustín Arietti, fue el primer diplomático que lo visitó ayer en la sede de gobierno, poco antes de los embajadores de Estados Unidos y Alemania. La rápida visita del representante de la Iglesia Católica –que implica un reconocimiento a Franco en medio de los rechazos que su acceso a la presidencia ha generado en los países de la región– es consistente con la actitud asumida el jueves por el Episcopado paraguayo, que pidió al entonces presidente Lugo, a quien ya se le había aprobado el juicio político, que renunciara a su cargo para descomprimir la tensión que se vivía en el país.

A pesar de todo, la respuesta internacional no fue favorable. Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela y la República Dominicana anunciaron el viernes que no reconocían al nuevo presidente. Cuba lo hizo ayer. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció ayer que sólo reconocerá al gobierno paraguayo que resulte elegido en las urnas en 2013. Otros gobiernos, como los de Chile, Colombia, Guatemala y México, mantuvieron una posición crítica a la manera en que se hizo el juicio político a Lugo en el Senado, aunque todavía no hicieron referencia a Franco. Por otra parte, el presidente peruano, Ollanta Humala calificó lo sucedido como “un revés al proceso democrático en la región que obliga a nuestros países a mantenerse vigilantes” y abogó por la unidad de los países integrantes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Más allá de la transición política, en Paraguay, las tensiones sociales que provocaron la crisis que le costó el cargo a Lugo están latentes. José Rodríguez, líder de la Liga Nacional de Carperos, el movimiento de campesinos sin tierra que protagonizó el violento enfrentamiento en un predio de unas dos mil hectáreas reclamadas como propias por el ex senador colorado Blas Riquelme, en Curuguaty, y que dejó un saldo de 17 muertos, seis policías y once campesinos, llamó a sus seguidores a permanecer movilizados ante lo que consideró un golpe parlamentario.