Antes de seguir, una propuesta de pacto con los lectores. Supongamos que a ustedes no les interesa la suerte de los paraguayos que viven en Paraguay. Que les importa un corno el destino de los paraguayos que residen en la Argentina porque son hijos de quienes huyeron de la dictadura de Alfredo Stroessner, antes o después del Plan Cóndor de espionaje e intercambio de secuestrados, o son hijos de los emigrados por el hambre. Que les resulta indiferente su DNI argentino, su trabajo, su vida. Supongamos, incluso, que su xenofobia los lleve a odiar a todo paraguayo o paraguaya. Firmado ese pacto, conviene que sepan esto: si Paraguay se pone peor, el Gran Buenos Aires se pondrá peor. Y por lo tanto todo el país.

Fernando Lugo, el presidente depuesto el viernes en un golpe institucional relámpago, fue una rareza en la historia de Paraguay. Ni afiliado al Partido Colorado ni al Liberal, obispo cercano a la Teología de la Liberación, pudo haber cometido muchos errores, como debilitar su base de sustentación política y social o no haber usado la popularidad inicial para, al menos, colocar una mínima retención a las exportaciones de soja. Pudo haber espantado a paraguayos que lo miraban con simpatía por la larga presencia inicial de Hugo Chávez, con resultados negativos para la propia Venezuela, o haberse manejado con criterios ecuménicos y tiempos vaticanos. Pero en Paraguay no circulan ni datos ni versiones que lo liguen con el contrabando, el narcotráfico, el comercio ilícito de productos o la trata de personas. Y Lugo, por otra parte, a pesar de la pérdida de popularidad, estaba en condiciones de ser uno de los grandes electores del presidente que asumirá luego de las elecciones de 2013.

En la Argentina hay un test infalible para saber si un dirigente político, oficialista u opositor, conservador o progresista, peronista o gorila, está comprometido en serio con políticas efectivas de combate a la criminalidad, sobre todo a la criminalidad más violenta: si habla del robo de autos y qué dice sobre el circuito ilegal de partes y coches con papeles cambiados. Hoy una porción de los autos robados termina en desarmaderos delivery del Gran Buenos Aires o de zonas rurales, más discretos que los habituales, que hasta funcionan a pedido. Las trabas a la importación, de paso, valorizan las autopartes.

Las autopartes hacen las veces de moneda de todo tráfico ilegal de sustancias y personas. Una franja de ese tráfico circula por ciudades como Río Cuarto, provincias como Formosa y feudos en Corrientes como Paso de los Libres. Paraguay está en la cadena. Muchos de los autos robados que no se cortan en piezas para desarmadero y se mantienen enteros van directamente a Paraguay.

Los modelos de los últimos años sólo pueden ser robados con alguien al volante. Es imposible producir contacto con cables, porque el encendido es electrónico. Los reducidores pagan a ladrones de autos unos 400 pesos por unidad. A veces los ladrones son chicos. Y matan adultos. A veces son chicos y mueren.

No es que un Paraguay peor deba ser el chivo expiatorio de los costados horribles que muchos dirigentes políticos argentinos no quieren ver o que no desean combatir de verdad. Tampoco puede ser la coartada para no discutir a fondo la subrepresentación del Gran Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación, el papel de la Procuración bonaerense y muchos de los fiscales y la ridícula distribución de juzgados federales respecto de sus millones de habitantes. Simplemente puede suponerse que un Paraguay más degradado fortalecerá el circuito completo de la degradación que ya de por sí deteriora la vida cotidiana. Y ni hablar de las provincias vecinas. Página/12 pudo establecer con certeza que ayer el que estaba más preocupado por la suerte de Lugo era el gobernador de Misiones, Maurice Closs, y no el de Formosa, Gildo Insfrán. El formoseño aún no esclareció el crimen de la policía provincial contra los qom.

Además, el 15 por ciento de la energía eléctrica que consume la Argentina proviene de la empresa binacional argentino-paraguaya Yacyretá.

Además, nunca conviene un vecino inestable.

Además, los miembros del Partido Colorado que impulsaron, junto con los liberales, los 23 pedidos de juicio político a Lugo antes de conseguir el juicio sumarísimo del viernes no son los más comprometidos en la pelea contra el tráfico múltiple.

¿Qué hizo mal Lugo?

Su hermano Pompeyo dijo a este diario que Lugo “llegó a ser presidente también por 300 mil votos de los colorados progresistas”. Ironizó después que “algunos en el gobierno pensaban que Lenin no murió y que puede volver a Paraguay, y entonces perdieron a esos colorados y festejaron la salida de los liberales que estaban con el presidente”. El resultado, en su análisis, es que “el gobierno se fue aislando, perdió el apoyo de buena parte de la clase media y concluyó la empatía del presidente con muchos de los grupos que lo llevaron al poder”.

Pompeyo no duda de que la matanza de seis policías y once campesinos en Curuguaty, excusa para el juicio sumario, fue una conspiración que incluyó francotiradores. Todavía no están los resultados de la pesquisa, pero la experiencia sudamericana indica que estas muertes suceden si los gobiernos no mandan sobre las fuerzas de seguridad día a día y en la calle o creen que las controlan cuando, en verdad, sólo cambian planes educacionales y criterios teóricos.

La pregunta es por qué el Paraguay del nuevo presidente Federico Franco y los caudillos colorados herederos del aparato de Stroessner, que gobernó de 1954 a 1989, será realmente peor que el de Lugo. Ningún futuro alberga certezas, porque el futuro es necesariamente un espacio abierto. Pero la historia sí permite sacar una conclusión inapelable: jamás el gobierno surgido de un golpe, así fuese un golpe institucional sin sangre como el que depuso a Lugo, mejoró la situación de un pueblo ni llevó tranquilidad a sus vecinos.

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