El Senado dio ayer el primer paso para la sanción de la modernización y unificación de los códigos Civil y Comercial. La Comisión de Asuntos Constitucionales firmó dictamen para la creación de una comisión bicameral que analizará, durante 90 días, las modificaciones enviadas al Congreso por parte del Poder Ejecutivo. Según adelantó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, la creación de la comisión se tratará en la sesión del miércoles 4 de julio. Desde la oposición cuestionaron el plazo y pidieron más tiempo para estudiar el proyecto. Para su constitución definitiva la Cámara de Diputados deberá realizar el mismo trámite que el Senado y así integrar el cuerpo que será de 30 miembros. Entre otras cuestiones, la reforma a los códigos establece la validez de los contratos prenupciales, la simplificación del trámite de divorcio y la incorporación de la figura de reproducción asistida.

En el Salón Eva Perón del Senado comenzó ayer el debate respecto de la unificación de los códigos, que fue elaborada por más de un centenar de juristas, entre los que se destacan integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Durante un año se elaboró el borrador del nuevo Código Civil y Comercial, que contiene 2671 artículos que reemplazarán a los más de 4000 del Civil vigente y los 506 del Comercial. Posteriormente pasó al ámbito del Poder Ejecutivo, que introdujo algunos cambios y lo envió al Congreso.

En menos de una hora de debate, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el kirchnerista Marcelo Fuentes, firmó el despacho avalando el proyecto de resolución para integrar la bicameral con 15 diputados y 15 senadores en forma proporcional a la representación de los bloques en el recinto de cada cámara. La oposición pidió, sin éxito, la ampliación del plazo de 90 días para extender el debate antes de emitir dictamen e incluso –propuso el senador radical Gerardo Morales– regionalizar las consultas a la comunidad. La peronista salteña Sonia Escudero reclamó que no se fijara ningún plazo y lo comparó con las críticas al “trámite express” que tuvo la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

Pichetto confirmó que “se van a cumplir los plazos establecidos” y consideró que el tiempo que fija el proyecto es “razonable”. “Todos sabemos que si esto no tiene un plazo nunca se va a votar”, sostuvo Pichetto y explicó que “me parece que los 90 días marcan una voluntad política de nuestra parte”. A pesar de que ya fue debatido durante más de un año, el titular del bloque de la UCR, Luis Naidenoff, insistió en que se trataba de un “plazo exiguo” tratándose de “un proyecto que rige la vida de los argentinos desde la concepción hasta su muerte”, y propuso que sean 120 días con el compromiso de que en diciembre la ley esté sancionada por el Congreso. El proyecto para constituir la comisión original indicaba que si en 90 días no había dictamen las cámaras podían tratar el tema en el recinto, lo cual finalmente fue eliminado.