Mirta Bazán no baja nunca el cartel que muestra una foto viejísima de un hombre al que se le parece mucho. “Mi papá siempre luchó por equilibrar un poco los diferentes niveles sociales, por achicar el sufrimiento de los obreros y sus familias. Por eso lo desaparecieron”, confía con voz firme antes de exigir, en susurros, que lo que “sería bueno” es que hubiera “justicia”. Entre testimonio y testimonio del primer juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy, Mirta toma del brazo a su tía, Rosa Bazán, y la saca de la sala a tomar un poco de sol. “Aquí lo dejaron estos hombres. Avelino era una persona bella, buena. Así era”, recordó esa otra mujer a la que los años no pudieron sacarle las ganas de saber qué pasó con su hermano. No lo vio más desde octubre de 1978. Ambas escucharon con detenimiento y asombro los testimonios que siete víctimas de las vejaciones de la última dictadura brindaron el pasado viernes, en la primera audiencia en que se trató la causa –una de las cinco que integran ese juicio histórico– por sus secuestros. Como ellos, Avelino Bazán sobrevivió a aquella primera detención, que incluyó amenazas, torturas y acusaciones de subversivos, guerrilleros y comunistas. Pero no a una segunda, desde la cual sus familiares le perdieron el rastro.

Ese segundo secuestro y la desaparición de Avelino Bazán no son materia de análisis en este juicio, aunque la investigación no olvida el destino final que la dictadura le reservó sólo a él, del grupo de obreros mineros que formaron parte del Sindicato Obrero Mina El Aguilar (SOMA). Su figura, tanto desde la dirigencia gremial como desde su labor de funcionario municipal, se relaciona con los reclamos más fuertes que los trabajadores de esa empresa llegaron a realizar antes de que el apriete de las fuerzas de seguridad a disposición de la compañía minera los acallara para siempre. La huelga que paralizó la mina en 1973, conocida como “El Aguilarazo”, es el hecho histórico que permite comprender, en el marco de esta causa y en el probable avance de la investigación a futuro, por qué algunas de las 27 víctimas fueron trasladadas a La Plata, otras liberadas en la capital jujeña y Bazán, finalmente, fue desaparecido en 1978 (ver aparte).

Rosa Bazán recuerda que a los 15 años, su hermano varón más chico –eran siete– se fue a trabajar a El Aguilar. En una de las vetas de la mina trabajaba su cuñado. “Ha dejado escrito el sufrimiento que sintió sobre su propia piel, el que veía en la cara de su hermana y su cuñado, la desprotección y el abuso de la compañía. Mi papá sufrió mucho, y su familia también, esa brutal desigualdad tan honda y quizá fue eso lo que lo impulsó a luchar por la gente que más necesitaba. Esa fue siempre su causa”, recordó Mirta.

Avelino continuó en la mina, en cuyo pueblo –un conjunto de casas precarias que servían de techo para los empleados y que se llamó, claro, igual que la compañía– vivió con su mujer y sus dos hijas hasta que comenzó a pensar en “un espacio mejor” para su familia: “En el Norte, allí en esos pueblitos chiquititos y pobres como El Aguilar, no había más posibilidad para las personas que el trabajo. Y mi papá quería que nosotras estudiáramos. Entonces nos vinimos para San Salvador mientras él iba y venía de su trabajo a nuestra casa”, contó la mayor de las hijas del minero desaparecido. Para entonces, Avelino ya era un fervoroso dirigente sindical. En 1958 fue elegido secretario gremial del SOMA del sindicato de la mina. En 1965 renunció a la mina y ya no se presentó para las elecciones del sindicato, pero su huella quedó en sus compañeros. O por lo menos así lo recordaron los siete que declararon en la audiencia del viernes pasado.

Entonces se estableció en la casa familiar del barrio capitalino Ciudad de Nieva, en donde se reunió con su mujer y sus hijas. En 1966 fue diputado provincial y luego director municipal de Trabajo. Luego se hizo cargo de la Dirección de Trabajo de San Salvador. Allí trabajaba cuando sus compañeros de El Aguilar se alzaron en “El Aguilarazo”. Desde su oficina regresaba cuando, el 29 de marzo de 1976, el ex gendarme Juan Carlos Jones Tamayo lo detuvo. Aunque ya no formaba parte del hogar paternal, Mirta reconstruyó lo que su mamá le contó: “Lo esperaba para almorzar, pero no volvió ese día. Entonces empezaron a recorrer con un tío mío las comisarías y a los días presentaron un hábeas corpus. A los días nos dijeron que estaba en la comisaría de Villa Gorriti (de San Salvador de Jujuy), en donde estuvo incomunicado 40 días”.

Por lo que contaron los testigos ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy, se encontraron en Villa Gorriti con el ex dirigente gremial, quien compartió con algunos el estremecedor viaje en un Hércules a la Unidad 9 de La Plata. “Después de que lo blanquean y lo largan, él vuelve a su casa en Ciudad de Nieva, a donde lo íbamos a visitar con mi mamá”, apuntó Rosa. Julio de 1978. Bazán permaneció en la U9 de La Plata casi un año y medio más que el resto de los trabajadores mineros de El Aguilar que viajaron con él desde Jujuy. De nuevo en libertad, el ex funcionario no puede volver a trabajar, pero tampoco cuenta con demasiado tiempo para reacomodarse. “¿Cuánto duró? Julio, agosto, septiembre, octubre... y ahí ya no lo vimos más”, sentenció su hija mayor.

El 26 de octubre de 1978, luego de almorzar con su familia, su hermana y su madre, Bazán decidió salir a caminar. Luego, había prometido, volvería a buscar a su mujer y a su hija menor para ir al cine. “Siempre le decíamos que saliera acompañado, pero decía: ‘¿Por qué tengo que tener miedo si yo no he hecho nada de malo?’”, apuntó Rosa. “El sentía que le habían dado la libertad, pero que algo todavía no estaba bien”, completó su sobrina.

Pese a que aún restan pasos por resolver hasta que las responsabilidades de la desaparición de Bazán puedan dirimirse ante la Justicia, los familiares del dirigente sienten el alivio de que la balanza está empezando a equilibrarse: “No es justo que ellos han hecho lo que han querido con nuestros seres queridos y han seguido viviendo libres mientras que uno peregrinó con las lágrimas en los ojos sin saber qué han sido de muchas personas –concluyó Mirta–. Tienen que tener un castigo los responsables de todas esas atrocidades”.