Las salidas de personas privadas de su libertad, autorizadas por la Justicia, apuntan a que los internos puedan trabajar, realizar actividades culturales o afianzar los lazos familiares. Su misión es “armar redes sociales” que favorezcan la reinserción social de las personas privadas de la libertad, de manera de disminuir las posibilidades de reincidencia, coinciden especialista consultados por Página/12.

Mientras que algunas actividades pueden realizarse dentro del Servicio Penitenciario, otras se cumplen afuera, en espacios no regulados por las autoridades penitenciarias y donde esa persona privada de libertad pueda interactuar con otras que no cumplen condena alguna. Algunas de esas actividades están a cargo de espacios estatales; otras, de instituciones, pero también las hay dependientes de organismos de la sociedad civil.

Según se explicó desde el Ministerio de Justicia, se trata de un programa de salidas autorizadas judicialmente, para asistir a actividades culturales en el marco de políticas basadas en la educación, el trabajo, el arte y la familia destinadas a “favorecer la reintegración social de las personas privadas de la libertad”, con el fin de “alcanzar el objetivo de la resocialización”.

En todos los casos, ese tipo de espacios “es un ‘dispositivo resocializador’”, explica el juez de ejecución penal de Quilmes Federico Merlini, integrante del Grupo de Jueces de Ejecución Penal. “La finalidad principal es que esa persona interactúe con el medio libre, ése es el desafío. El permiso de esa salida tiene que estar en conexión con cosas que deben evaluar las autoridades del penal: hay requisitos de conducta.”

“He llegado a tener diez presos que dependen de mí, por ejemplo, salen de la cárcel para ir a trabajar a una carpintería que depende del municipio de Quilmes”, explicó Merlini. Allí los internos “cumplen horario laboral, aunque se hace alguna excepción para que puedan llegar a horario al penal. Salen a las 7 de la mañana, se quedan hasta las 5, 6 de la tarde, y regresan”. En ese espacio, trabajan codo a codo “con gente que integra cooperativas y empleados municipales”. También, recordó el magistrado, existen organizaciones como Salvatablas, presos del teatro, que trabaja con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y permite “vincularse con otras personas, descubrir otro mundo, armar redes sociales y personales. Muchas veces, el gran problema de las personas privadas de su libertad es la falta de esas redes”. En todos los casos, se trata de que el juez “reconozca derechos, porque no se trata de otorgar gracias. Lo que el juez evalúa es si corresponde o no reconocer derechos, porque, de acuerdo con nuestras leyes y los tratados internacionales, el privado de la libertad es un sujeto de derechos con obligaciones y responsabilidades”. ¿El impacto de las salidas? “Cada tanto me propongo hacer estadísticas chiquititas, y a partir de ellas creo que hay un doble impacto: si transitan estos dispositivos, es más alta la posibilidad de que las personas no reincidan. Y eso es porque se les abre la vida, un mundo nuevo con estas oportunidades.”

La práctica demuestra que “las salidas se deciden muy ad hoc y son para actividades específicas”, señaló Paula Litvachky, del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “De todos modos, la salida para actividades no es lo más común, porque la situación de las personas privadas de libertad en general ha sido de aislamiento, donde este tipo de iniciativa escasea”. Además de las actividades que distintas organizaciones llevan adelante dentro de los penales (y que eventualmente tienen su correlato en jornadas específicas afuera), Litvachky señaló que “hay experiencias interesantes, como radios comunitarias. En la provincia de Buenos Aires, está la ONG La Cantora, conformada por detenidos y ex detenidos, que tratan de hacer actividades culturales dentro y fuera, porque buscan inserción y resocialización.”