El fiscal federal Ramiro González impulsó formalmente la apertura de una investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de concesión del sistema de control de la tarjeta SUBE e imputó al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a una decena de funcionarios y un grupo de integrantes del consorcio que se había quedado con el contrato de 65 millones de pesos. La fiscalía también pidió una lista de medidas de prueba, que incluye pericias contables, declaraciones testimoniales y pedidos de informe a la AFIP, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General y al Ministerio del Interior y Transporte. Ahora, el juez Julián Ercolini debe definir los próximos pasos.

La causa fue iniciada de oficio por otro fiscal, Carlos Stornelli, quien –-a raíz de notas periodísticas– planteó el posible direccionamiento de la licitación para que una determinada UTE (Unión Transitoria de Empresas) se quedara con el control de la tarjeta SUBE por un contrato 10 millones más costoso que el que ofrecía la firma que había quedado en el segundo puesto. El consorcio al que se adjudicó el contrato (suspendido días atrás por el Gobierno) se armó durante el proceso de licitación con Global Infraestructure (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA, Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina, Sociedad Anónima de Servicios Profesionales y González Fischer & Asociados SA. En el caso de la inglesa GI, tendría domicilios inexistentes y su director, Stephen Chandler, fue nombrado para trabajar en el país, donde nunca estuvo.

La investigación judicial, explicaron allegados al caso, apunta a tres ejes: determinar si la Secretaría de Transporte tenía capacidad para controlar la SUBE o si necesitaba licitar esa tarea; cómo se hizo la licitación y cómo se eligió a la UTE; qué se ejecutó de la licitación, qué se cumplió del contrato y qué no. Por eso el fiscal pidió que la cartera de Transporte informe si hubo pagos, por cuáles montos y a nombre de quién. El fiscal González propuso también que declaren como testigos los directores de otras 10 empresas que participaron de la licitación, así como dos empleados que habrían sido contratados con elevado salarios que públicamente dijeron no haber cobrado jamás: Marcela Ashley y Steve Beer.

Las personas a las que González apunta son, además de Schiavi, miembros del comité de evaluación que aconsejó la contratación de la UTE: Nora Turco, directora de Planificación y Coordinación de Transporte; Jorge Beláustegui, ex coordinador del Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba); Gabriela Boaglio, asesora legal del Ptuba; y Alberto Barrionuevo, asesor de Planificación del Transporte Urbano. Entre los empresarios son señalados el inglés Stephen Chandler, Horacio Blot, Guillermo Yampolsky, entre otros. El juez Ercolini tendrá que analizar todo el planteo, que también incluye la evaluación de posible conexidad con dos expedientes que tramita el juez Sergio Torres, también sobre la tarjeta SUBE.