Trece oficiales de la Armada fueron condenados ayer en el juicio oral por el espionaje ilegal a políticos, periodistas y militantes de organizaciones sociales desplegado desde la base Almirante Zar, en Trelew, pero que involucró a militares de toda esa fuerza. Luego de cuatro meses de audiencias, el abogado querellante Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, se mostró “conforme” con este “saldo positivo”, como se refirió a la sentencia del juez federal Enrique Guanziroli, aunque anticipó que apelará la absolución del capitán Cristian Vidal. “Quedó comprobada claramente la hipótesis de la denuncia, las prácticas existieron y se reprodujeron no sólo en la base Zar sino en toda la Armada”, indicó Borda en diálogo con Página/12.

Los ex comandantes de Operaciones Navales vicealmirante Eduardo Luis Avilés y de Inteligencia Naval contraalmirante Pablo Carlos Rossi fueron condenados a un año y seis meses de prisión. En tanto, el resto de los imputados –Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli, Carlos Ruda, Félix Medici, Eduardo Merlo, Gustavo Monzani, Alfredo Andrade y Vicente Guantay– recibieron penas de un año. El capitán Carlos Vázquez, ex jefe de Inteligencia del Comando de Operaciones Navales de la Base General Belgrano, fue condenado a seis meses de prisión porque el magistrado “consideró como atenuante las condecoraciones que obtuvo por su participación en la guerra de Malvinas”. El abogado Borda calificó esta decisión como “condescendiente” porque sostuvo que “es una pena baja por su responsabilidad, Vázquez era un funcionario de alta jerarquía en el sistema de inteligencia de la Armada”. De todos modos, las penas están en suspenso, pero la Justicia accedió a que los condenados cumplan 50 horas en cursos de derechos humanos y de derecho constitucional, y que realicen trabajo no remunerado en un organismo estatal. También fueron inhabilitados para ejercer cualquier actividad de inteligencia.

La causa se había iniciado en 2006 con una denuncia del CELS, el organismo al que acudió el cabo Carlos Ariel Alegre luego de sufrir presiones por haberse negado a realizar tareas de espionaje ilegal en la Base Aeronaval Almirante Zar, de Trelew (Chubut). Al poco tiempo, el entonces juez federal Jorge Pfeger allanó esa oficina y secuestró numerosa documentación que demostraba el espionaje ilegal realizado al menos entre el 2004 y el 2006. Las prácticas ilícitas incluían seguimientos, informes y escuchas telefónicas a integrantes de organismos de derechos humanos, políticos, funcionarios gubernamentales, comunidades indígenas y activistas sociales. La investigación fue extendida a otras dependencias del país, como las bases navales de Puerto Belgrano, Zárate y Ushuaia, demostró que se trataba de una actividad “sistemática y generalizada” en toda la fuerza, tal como venía denunciando el Cels.

Por los mismos delitos, en una causa paralela, el juez federal porteño Daniel Rafecas procesó al ex jefe de la Armada Jorge Godoy y su segundo, Benito Rótolo. Sobre ellos descargaron su responsabilidad los que ayer fueron condenados, al hacer uso de sus últimas palabras en el juicio.

Borda destacó que, además, la Justicia enviará un oficio a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para notificarla de la sentencia. “El Poder Ejecutivo y el Congreso, con su comisión bicameral de seguimiento de las actividades de inteligencia, deben estar a la altura de este fallo que revalorizó tres leyes sancionadas con amplio consenso y fundamentales de la democracia, la de Seguridad Interior, de Defensa y de Inteligencia, que fueron afectadas por estas prácticas. La sentencia no deja margen para dilatar el establecimiento de medidas para que no se repitan estas situaciones”, dijo. A su criterio, “fallaron los controles tanto del Ejecutivo como del Parlamento”.