Juan Carlos Alvarez trabajaba como barrendero para Manliba cuando a pocos metros explotó la AMIA. Estuvo varios meses en coma y cuando despertó no tenía trabajo, ni vivienda, ni indemnización. El ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra le otorgó un lugar para vivir, pero el actual titular del Ejecutivo local, Mauricio Macri, intentó desalojarlo. Alvarez se pudo quedar en el inmueble por un amparo, pero ahora quiere querellar a Macri por el delito de “amenazas coactivas agravadas”, porque dispuso el operativo sin una orden de la Justicia, y llegó con su reclamo a la Corte Suprema. “Un día Macri se creyó que era un príncipe, que no debía hacer un proceso de desalojo para recuperar el inmueble y decidió dictar una bula mediante la que me ordenaba mudarme o soportar la represión policial”, dice en el escrito que presentó su abogado.

Alvarez tiene 70 años y vive con ocho de sus once hijos, su mujer y uno de sus nietos en un departamento de Ingeniero Huergo al 1100, propiedad del gobierno porteño. Tras el estallido de la mutual judía quedó discapacitado, pero no recibió subsidio alguno del Estado y tampoco la indemnización por parte de la empresa de Franco Macri. La familia se sostiene con una pensión graciable que en su momento le gestionó el ex diputado alfonsinista Marcelo Stubrin, quien también habría conseguido que le cedieran la vivienda.

En julio de 2009 a todos los ocupantes del edificio les llegó una cédula del Gobierno de la Ciudad que los intimaba a abandonarlo, caso contrario serían “desalojados compulsivamente”, según relató la abogada Mariana Levi. También explicó que Alvarez no recibió los 35 mil pesos que el Estado otorgó a las víctimas porque pasó mucho tiempo en el hospital y sus hijos eran muy pequeños para ocuparse del trámite. “El jefe de Gobierno no puede dejar a nadie sin hogar, no es un juez, el artículo 1º de la Constitución Nacional reconoce y brega por la división de poderes”, había dicho Levi a este diario el 27 de julio de 2009.

En esa misma línea de razonamiento, su socio, el abogado Adrián Albor, impulsó en nombre de Alvarez una denuncia contra Macri por haber dispuesto su desa-lojo sin una orden judicial. No le fue bien en primera instancia ni en segunda, y como no hubo requerimiento fiscal, el sumario fue sobreseído y archivado. La Cámara de Casación tampoco aceptó revisar esa decisión, por lo tanto anteayer acudió con un recurso de queja ante la Corte Suprema. “Con el decreto 440 de 2007 Macri le dice que si no desaloja el departamento lo va a hacer sacar por la fuerza pública, y esto no es posible sin la orden de un juez, es un sistema republicano no un principado donde mandan los jefes de Gobierno”, dijo Albor a Página/12. La figura penal por la cual acusa a Macri es “amenaza coactiva agravada”, que consiste en la amenaza de mudar de domicilio en forma compulsiva, y tiene la misma pena que el robo con arma, entre 5 y 15 años de prisión.

La última esperanza de Alvarez y su abogado está ahora en manos de la Corte. “Aunque no haya acusación fiscal, la víctima de un delito como éste debe poder acudir a un juez que lo repare, es un derecho que se dirima la cuestión aun sin el aval del fiscal, que en definitiva es una parte, de otro modo le estarían negando el acceso a la Justicia”, explicó Albor sobre el caso. “Es un sobreviviente que reclama que se le otorgue el derecho de impulsar una causa penal contra el jefe de Gobierno”, completó.

“Parece que la familia Macri está en mi contra, primero el padre (Franco, ex propietario de la recolectora de residuos) me prometió que iba a pagar la educación de mis pibes, y no cumplió ni con la primera cuota. Y ahora el hijo, Mauricio, quiere dejarme en la calle”, había dicho Alvarez en 2009. Gracias al recurso de amparo que obtuvieron sus letrados, por ahora sigue durmiendo con su familia bajo techo. Pero va por más, quiere que Macri hijo pague por haberse arrogado facultades de príncipe.