Mañana comenzarán en la Capital las audiencias del juicio al ex presidente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, por el asesinato del estudiante Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010, cuando se retiraba de una concentración política con reclamos laborales. La bala que a sus 23 años mató al militante del Partido Obrero está cargada de múltiples sentidos, por lo que el proceso judicial constituye una precisa radiografía de época: refleja la patética parábola de un dirigente gremial que involucionó de las posiciones combativas contra dos dictaduras antinacionales al sindicalismo empresario, capaz de matar a un joven militante, muy parecido al que él fue a la misma edad, en defensa de sus negocios sucios de hoy; la precarización del empleo que en la década de 1990 privó a un gran número de trabajadores de sus derechos adquiridos, al mismo tiempo que se desguazaba la primera red ferroviaria de Latinoamérica; la violencia institucional que en vez de cuidar a quienes se organizan contra ese desmedro, protege y encubre a quienes los corren a tiros; el maelstrom judicial, donde coexisten magistrados eficientes e impecables con la corrupción sistémica que vende impunidad a buen precio, en combinación con los servicios de Inteligencia, que han desarrollado una política judicial paralela. Sería excesivo pretender que un simple proceso penal limpiara tanta podredumbre, pero al menos permitirá su amplia exposición, como prerrequisito imprescindible para transformar sus múltiples aspectos.

El reverso riojano

El martes debía comenzar en La Rioja otro proceso simbólico de una época y revelador sobre los pliegues de una institución central de la vida política del país, la Iglesia Católica, por el asesinato el 18 de julio de 1976 de sus sacerdotes Juan de Dios Murias y Gabriel Longueville. Ambos formaban parte de la pastoral popular del obispo Enrique Angelelli, quien caería dos semanas después en un falso accidente de tránsito. El Episcopado aceptó esa versión como verdad revelada, pese a que Angelelli había informado en detalle a sus colegas del hostigamiento y las amenazas que padecía. Pero la apertura del juicio volvió a suspenderse por problemas de salud del ex comisario Domingo Benito Vera, uno de los imputados junto con el ex general Luciano Menéndez y el comodoro Luis Fernando Estrella. El peritaje fue realizado por médicos del Poder Judicial riojano, pese a que el proceso es federal, lo cual permite que actúen las tramas de poder provincial que se remontan a los años del Estado Terrorista: un hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia riojano, Mario Pagotto, es defensor del ex comisario Vera, y un hermano de Vera es camarista provincial. El presidente del tribunal, José Camilo Quiroga Uriburu, sostuvo que “la Junta Médica dictamina que

Vera no puede asistir al comienzo del debate”, cuando en realidad el dictamen sólo dijo que “no considera oportuna la comparecencia” pública del procesado. El fiscal Carlos Gonella considera el nuevo aplazamiento una intolerable falta de respeto y lo denunciará ante la Unidad Fiscal de Derechos humanos de la Procuración General y el Consejo de la Magistratura. Este proceso, que aún no comienza, tardó 36 años, el de Mariano Ferreyra llega cuando aún no se han cumplido 22 meses de su asesinato. Esta es una forma de calibrar los cambios ocurridos en las instituciones argentinas y, en particular, en la Justicia y su relación con el poder político. Los de Murias, Longueville y Angelelli fueron crímenes cometidos y encubiertos desde el Estado Terrorista, que impidió cualquier investigación. En el de Mariano Ferreyra actuaron agentes estatales, pero a diferencia de entonces, no funcionó un aparato organizado de poder para garantizar la impunidad de los acusados. Por el contrario, a menos de 24 horas del crimen, la presidente CFK recibió en Olivos a un compañero de los atacantes que estaba dispuesto a contar lo que sabía si se garantizaba su seguridad, y lo hizo acompañar al juzgado, donde declaró con reserva de su identidad. Fue Néstor Kirchner, en las últimas horas de su vida quien anunció que el caso estaba esclarecido y que de inmediato comenzaría la detención de sus autores, tal como ocurrió.

Jueces y jueces

La investigación que llevaron adelante los fiscales Cristina Camaño y Fernando Fiszer y la jueza Susana Wilma López comenzó por identificar y procesar a los ocho autores materiales, integrantes de la patota reclutada por la Unión Ferroviaria. Luego fueron por los instigadores del crimen y así llegaron hasta el secretario general de la Unión Ferroviaria. En una tercera etapa procesaron a seis jefes de la Policía Federal que fueron partícipes necesarios del crimen, al liberar la zona para que actuaran los homicidas, no identificarlos ni detenerlos después del crimen, y anular los instrumentos tecnológicos de registro de voz e imagen útiles para determinar responsabilidades. En cambio, la paralela causa a cargo del juez Luis Osvaldo Rodríguez no avanzó del mismo modo. El juez no admitió como querellante a la madre de la víctima, dilató cuanto pudo las indagatorias y detenciones de los acusados y no mostró diligencia para investigar posibles sobornos o tráfico de influencias entre imputados, intermediarios y jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal. Sus demoras pese a la insistencia del fiscal Sandro Abraldes, hicieron que se perdieran los mensajes de texto de los imputados, ya que la empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días. Con las pruebas ya disponibles, Abraldes pidió la detención del vicepresidente del ferrocarril Belgrano Cargas, Angel Stafforini, quien habría puesto el dinero para comprar la libertad de Pedraza, del agente de la SI Juan José Riquelme, quien habría negociado el monto a pagar, del ex juez interino Octavio Aráoz de Lamadrid, quien hizo el contacto con la Cámara de Casación, del prosecretario de ese tribunal Luis Ameghino Escobar, quien habría adulterado el sorteo para que cayera en la sala de los jueces Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Los dos últimos ya renunciaron, pero el Procurador General interino Luis González Warcalde apartó de la causa al fiscal que le dio tanto impulso.

Cuando la investigación buscó detectar algún nexo entre el homicidio y el conflicto gremial que los empleados tercerizados mantenían con la empresa Ugofe y la cúpula sindical, se llegó a conocer que Pedraza y sus allegados se apoderaban de una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los trabajadores precarios, quienes por la misma tarea percibían un salario mucho menor que los contratados en planta permanente. En varias de las cooperativas truchas que los emplean, participan dirigentes del gremio o sus familiares. La tercerización fue uno de los instrumentos maestros del neoliberalismo para suprimir la protección laboral del estado de bienestar, puesto en crisis por el golpe de 1955, cuyo desmantelamiento se inició en 1976 y se llevó hasta sus últimas consecuencias en la década de 1990. Sólo se permitía la afiliación al gremio a los trabajadores de la planta permanente, con lo cual el gremio controlaba que quienes disentían con la conducción de Pedraza no accedieran a ese privilegio.

Una trayectoria

En 1967, Pedraza era un joven delegado de los trabajadores ferroportuarios, militante del Partido Socialista de los Trabajadores. En la revista partidaria Los de Abajo propuso la creación de un Frente Obrero contra “el reformismo, la conciliación, las claudicaciones de los dirigentes” y por “la liberación de los trabajadores, la revolución socialista”. En 1968, en la CGT de los Argentinos, conoció al joven escritor y periodista Rodolfo J. Walsh, de 41 años, convocado para dirigir el Semanario CGT. Ambos confluirían en el peronismo. En ese periódico, Walsh publicó por entregas su investigación ¿Quién mató a Rosendo?, donde radiografió la situación de la clase obrera: “Se echa a los más combatientes, previamente calificados de ‘comunistas’ o de peronistas revolucionarios. Se disuelven las comisiones internas, si es necesario se las compra”. Cuando los trabajadores recurren al sindicato “allí también fastidian, allí también cuestionan, allí también resultan ‘comunistas’. Patrones y dirigentes han descubierto al fin que tienen un enemigo común”. Detenido durante las dos últimas dictaduras, fundador del Grupo de los 25 que en 1979 organizó el primer paro posterior al golpe militar, Pedraza llegó a la conducción de la Unión Ferroviaria durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Cuando Carlos Menem asumió la presidencia, dos asesores de Pedraza, Julio Savón y Fernando Carlos Frediani, fueron designados administrador y subadministrador de Ferrocarriles y su tesorero, Santos Reale, quedó a cargo de los ferrocarriles metropolitanos, que fueron saqueados como paso previo a la privatización. Una mutual fantasma de viviendas ferroviarias formada por Pedraza recibió 66 espacios y locales en las principales estaciones de la red, por un alquiler promedio mensual sin indexación alguna de 15 dólares cada uno. En los mismos meses de 1989 en que decidió apoyar el plan racionalizador y privatizador del Banco Mundial, Pedraza se mudó a una casa de un millón y medio de dólares en Villa Devoto, paso previo a su desembarco en el emblemático Puerto Madero de los nuevos ricos. Paradigma del sindicalismo empresario, también recibió los 11.000 kilómetros del Belgrano Cargas. Su administración fue un vaciamiento: la AFIP detectó que para la realización de las obras que pagaba el Estado el Belgrano Cargas contrató con empresas inexistentes, como vía de fuga de fondos. También obtuvo luz verde de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia para controlar el gremio sin elecciones. Para ello consiguió excluir a la opositora Lista Celeste mediante un ardid estatutario. Utilizó como único medio para comunicar las condiciones del comicio un aviso en la página de Finanzas de La Nación, que como todo el mundo sabe es la lectura habitual de fin de semana en el hogar de los entonces 90.000 ferroviarios de todo el país. Ahora, sólo quedan 9.000. En proporción, hubo pocos aportes tan significativos a la desocupación. En 1996 uno de los líderes opositores, Jorge De Nápoli, fue despedido de su trabajo en el ferrocarril San Martín y citado en un bar por el jefe de custodia y operaciones de Pedraza, Rubén Norberto Carrizo, quien le dio a elegir entre aceptar plata para desistir o vérsela “con los pesados”. La disyuntiva fue reiterada por los propios pesados: el mayor Osvaldo Zacarías (que había participado con De Nápoli en un alzamiento carapintada) y el capitán Héctor Pedro Vergez, hoy detenido por crímenes de lesa humanidad. Ambos se presentaron en el galpón de la lista Celeste, cedido a De Nápoli por el automovilista Rubén Valentini, nieto, hijo y sobrino de ferroviarios. Ambos militares trabajaban entonces para la SIDE. Valentini encontró en la ventana de su casa en Pinamar un pan de una libra de trotyl cuya mecha se apagó cuando sólo faltaban dos centímetros para que llegara al detonador. En un allanamiento a la sede de la Unión Ferroviaria, la Gendarmería secuestró panes de trotyl, mechas lentas, detonadores y cintas de empaque idénticos a los que se emplearon para el fallido atentado y un plano del centro de Pinamar, del cual faltaba la parte que corresponde a la casa de Valentini. Durante el interinato presidencial del senador Eduardo Duhalde, Pedraza negoció un nuevo convenio que redujo los derechos de los pocos miles de trabajadores ferroviarios que quedaban. Acordó con las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA el convenio 612/03 en el que se admite la Polivalencia Funcional (o cláusula del fregado y el barrido), la ampliación del período de prueba a seis meses, la asignación de las vacaciones en cualquier momento del año a voluntad del empleador y la prohibición de huelgas. Pedraza también fue procesado por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios y embargado por 50 millones de pesos, en 2006. Los aportes de los trabajadores eran derivados a una mutual supuestamente sin fines de lucro, cuyo presidente era Héctor Horacio Amigo (de Pedraza). Gracias a ese artificio, a los afiliados a la Unión Ferroviaria morirse les salía cuatro veces más caro que a sus colegas de la Asociación de Señaleros. Según la fiscal Graciela Gils Carbó el contrato celebrado entre la UF y la mutual, que a su vez subcontrató con la empresa Parcelas Argentinas la compra de espacio en cementerios privados era “una fachada para cubrir el fabuloso desvío de fondos sindicales en provecho propio de los enjuiciados”. En mayo de 2008 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal declaró la nulidad de lo actuado y la prescripción de la causa. Firmó ese fallo Eduardo Riggi, el principal sospechado en la causa por los sobornos para excluir a Pedraza de la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra.