La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario por la bomba que el pelotón de combate montonero “Sergio Puiggrós” colocó en la sede de la policía política que, bajo conducción militar, dirigía las torturas y asesinatos en la Zona I. De ese modo quedó firme el fallo de la Cámara de Casación, que consideró prescripto el delito de estrago cometido el 2 de julio de 1976. Un fiscal y una jueza de primera instancia, un fiscal y tres jueces de Cámara, un fiscal y dos jueces de Casación, el Procurador General de la Nación y cinco jueces de la Corte Suprema, quince magistrados de distinta formación, ideología y antigüedad en la justicia, coincidieron en que no era posible la persecución penal por un hecho realizado tres décadas antes sin intervención de lo que el Procurador General llamó “un ejercicio despótico y depravado del poder gubernamental”. Como dijo el entonces camarista de casación Mariano González Palazzo, no hay elementos para sostener que los acusados tuvieran “algún tipo de dominio territorial sobre el lugar en que se perpetró el atentado o aunque más no sea, de una posición de poder político, de autoridad, o de superioridad sobre las víctimas”. Pero además, el único camarista que no consideró prescripto el hecho, Raúl Madueño, dijo que no había prueba alguna de la participación de los acusados: una imputación penal “no puede construirse sin resguardo probatorio mínimo que vincule al sujeto que se acusa con el hecho investigado. Aceptarlo constituiría una grave lesión a principios básicos de debido proceso legal”. Cuando la justicia pidió el desarchivo del expediente original constató con asombro que nunca existió, porque la dictadura mataba sin ley. Las tres Fuerzas Armadas, su Consejo Supremo y el Consejo de Guerra Especial de la Capital, la Comisaría 6ª de la Policía Federal y todos los juzgados federales de la Capital respondieron que no hubo ninguna actuación al respecto. Por eso Madueño dice que no hay “elementos de juicio que permitan fundar mínimamente una sospecha respecto de las personas que sindica la parte querellante”, entre las que me encuentro. Su propuesta fue archivar la causa.

En varias de sus recientes entrevistas, también el ex dictador Jorge Videla me involucró en aquel hecho para lo cual citó “informes de Inteligencia del Ejército”. Es otra falsedad de Videla. En marzo de 1977 la Marina y la Policía Federal ya habían secuestrado y asesinado a José María Salgado y Rodolfo Walsh, sin intervención judicial. Si algún informe de Inteligencia del Ejército me hubiera incluido, lo cual tampoco sería una prueba de verdad, me hubiera ocurrido lo mismo que a ellos. Permanecí en el país todos los días de la dictadura, sin que se iniciara una causa en mi contra. La denuncia recién fue presentada en 2004 y no es otra cosa que una represalia por mis actos como presidente del CELS, que condujeron a la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, en la causa Simón, y al descuelgue de los retratos de Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, que propusimos a Néstor Kirchner. A partir de la afirmación falsa de que Walsh y yo fuimos jefe y subjefe de Inteligencia de Montoneros, con que Firmenich le pagó su indulto a Menem, es usual que nos asocien en forma indistinta, que me atribuyan a mí hechos en los que él habría participado y a Rodolfo algunos trabajos que yo escribí, como la primera historia de la guerra sucia en la ESMA, uno de los documentos críticos a la conducción o los Cuadernos de la Soberanía, que inicié luego de su muerte. Fuimos compañeros y amigos los últimos quince años de su vida, pero actuamos en sectores distintos de la misma organización.

El carácter de venganza personal es ostensible en la inclusión entre los denunciados de Laura Sofovich, quien nunca tuvo militancia política pero que fue mi esposa, de la que me había divorciado en 1971, cinco años antes del atentado y cuando ni siquiera había ingresado a Montoneros. El fallo del Tribunal Oral Federal 5 que condenó a los principales jefes de la ESMA relata que luego de torturar a Salgado los marinos lo entregaron “a miembros de la Superintendencia de Seguridad Federal y días después fue asesinado bajo una patraña orquestada por las fuerzas actuantes”, un falso tiroteo entre cadáveres y fantasmas. Agregan los jueces que la información que permitió cercar a Walsh se debió al interrogatorio bajo torturas a Salgado, quien había sido secuestrado el 12 de marzo de 1977. El 25 cayó Walsh cuando acudía a una cita con él. Además de Walsh y Salgado, otras personas incluidas en el libelo acusatorio estuvieron detenidas-desaparecidas en la ESMA, como Miguel Angel Lauletta y Lila Pastoriza. Si hubieran tenido participación en aquel atentado tampoco habrían salido de allí con vida. Para mayor perversidad, también fueron acusados Marcelo Kurlat, muerto en un enfrentamiento con la propia ESMA en 1976, y Norberto Habegger, detenido desaparecido en Brasil en 1978, lo cual mide la seriedad de la acusación y la negligencia judicial al no apartarlos del proceso como hicieron los jueces con Walsh y Salgado, porque habían muerto antes de que se iniciara la causa.

El modo en que desde hace ocho años se reitera la información es el módico rédito obtenido por los acusones: instalar la idea de que todos los denunciados intervinimos en el hecho y asociar cada nombre con el de Firmenich, pasando por alto las insalvables diferencias habidas entonces y después. Desde que la Corte Suprema confirmó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y ante el avance de los juicios en los que ya se han pronunciado 272 condenas y 20 absoluciones, los defensores del Estado Terrorista han propiciado “la memoria completa”, una versión soft de la doctrina de los dos demonios. En editoriales y columnas el matutino La Nación alega que el gobierno nacional ha colonizado la justicia para que sólo persiga a los responsables del terror de Estado, y reclama que también se enjuicie a quienes lo resistieron, sin dar cuenta de que fueron exterminados de a miles sin juicio ni defensa y que no hay denuncias fundadas contra los sobrevivientes, como se demostró en esta causa. La equiparación que pretenden entre un aparato de poder estatal totalitario que gozó durante siete años de la suma del poder y las organizaciones partisanas que lo enfrentaron en abrumadora inferioridad de condiciones siempre fue insostenible, desde los puntos de vista político y moral. Desde ahora también carece de cualquier sustento jurídico. Eso es ya cosa juzgada.