“Señor José Pedraza”, convocó el presidente del tribunal, Horacio Días, al dirigente ferroviario. Lo agarró desprevenido cuando se acomodaba al volver del baño. Pedraza se quedó parado junto a su asiento, en el medio de la sala, y desde ahí respondió que se guardaba “el derecho de declarar más adelante”. Pero el juez le dijo que igual tenía que pasar al banquillo para hacer el “acto formal” de la indagatoria. Cuando se sentó, repitió dos veces que en ese acto no hablaría, pero que lo haría en otro momento del juicio. Se lo veía algo encorvado, con los ojos caídos y su voz sonaba apagada y temblorosa. Ante las preguntas de rutina, dijo que su ocupación era “empleado”, que su último domicilio era “Azucena Villaflor 679 piso 18” (la torre de Puerto Madero donde fue detenido) y que entre sus dos sueldos ganaba “25 mil pesos”. El público estalló en risas y murmullos, lo que llevó a Días a pedir un cinematográfico “¡Silencio en la sala!”. Luego el secretario del Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) leyó el texto de la declaración que hizo apenas fue detenido el 22 de febrero de 2011 como instigador del homicidio de Mariano Ferreyra durante la desconcentración de una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca. Allí negaba vinculación con la patota de la Unión Ferroviaria (UF) que mató al joven militante del Partido Obrero, decía que se había enterado por televisión de los hechos y defendía la tercerización laboral. La autodescripción de Pedraza como empleado y las referencias a su lujosa vivienda (a la que saltó luego de haber vivido en Morón) generaron comentarios en la platea del juicio oral porque, precisamente, el líder de la UF está acusado de haber actuado en función de un móvil político e intereses económicos. La acusación bajo la que llegó a juicio –tras la investigación de la jueza Wilma López y los fiscales Fernando Fiszer y Cristina Caamaño– señala su interés en “aleccionar” mediante un “plan criminal” a los trabajadores tercerizados de la línea Roca para que dejaran de reclamar su incorporación a planta permanente, ya que si eran regularizados podrían afiliarse y amenazar la hegemonía de Pedraza dentro del gremio, poderío que a la vez le había permitido históricamente mantener negocios propios del sindicalismo empresario. El mismo manejaba empresas tercerizadas, al igual que el tren Belgrano Cargas, donde aún tiene participación su esposa Graciela Coria.

Habían pasado las cinco de la tarde. La audiencia venía tediosa, con la exhibición de videos varios, fotos y audios policiales durante horas. Ya nadie creía que comenzarían las indagatorias, cuando finalmente el tribunal resolvió suspender la proyección y hacer pasar al frente a alguno de los acusados. Como Pedraza había pedido salir al baño, primero el juez Días le preguntó al abogado del número dos de la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández, si iba a declarar. El letrado llegó a deslizar que lo haría más adelante, cuando reapareció Pedraza. “Buenas tardes”, dijo el dirigente con la voz cascada una vez que se acomodó frente al micrófono, a la derecha del tribunal y repitió que declarará en otro momento. Luego dio sus datos personales. Dudó extrañamente al decir el nombre de su madre, como si no lo recordara. Se refirió a ellos como “desaparecidos”.

Al iniciar la lectura de la indagatoria que había prestado el día de su detención ante la jueza López, el tribunal explicó que mientras no vuelva a declarar, ese descargo es el que vale. Aquella vez dijo que supo con un día de anticipación que habría una protesta de tercerizados en el ferrocarril Roca. Precisó que le avisó su segundo, Fernández, con quien dijo que tiene “amistad” y se deben “lealtad”, aunque tienen “diferente metodología”. Le avisó, relató, al entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y le anticipó: “Nuestros muchachos no se van a meter”, una frase que no lo ayudaría judicialmente porque revelaba conocimiento de la situación. Trató de justificar que “los ferroviarios fueron a evitar el corte de vías”, que “en cuarenta años nunca” vio “un ferroviario armado”, aunque tampoco podía decir que fueran “carmelitas descalzas”. Se aferró a que uno de los tiradores identificados, Cristian Favale, era “extraferroviario”, dato que en realidad para la Justicia confirma que hubo planificación. Favale era un barrabrava que llevó a otros matones y que estaba en contacto con el delegado Pablo Díaz, otro de los hombres en el banquillo, que daba órdenes ese día en el lugar. Pedraza insistió con que al ocurrir el ataque, que definió como “enfrentamiento”, él estaba en un congreso de “Latinrieles” en la UF y que se enteró de todo por la televisión, a pesar de que allí estaba Fernández, que hablaba todo el tiempo con Díaz.

En otro tramo de aquella declaración, Pedraza defendía la creación de empresas tercerizadas. Dijo que ayudaron a generar puestos de trabajo y admitía que había presidido una de esas cooperativas. Los empleados de las tercerizadas –constató luego la Justicia– reciben salarios muy inferiores a los de planta y no los ampara el convenio del sector. Su regularización implicaba la posibilidad de afiliarse a la UF. Pedraza en la indagatoria intentó acusar al Partido Obrero de “aprovechar la situación” de reclamo para incorporar tercerizados porque “con 150 cuadros” podían crear una lista de oposición. Los jueces en primera y segunda instancia entendieron que pretendía evitar que le disputaran poder, para mantener sus negocios, por ejemplo, en las tercerizadas (que reciben subsidios que habrían sido desviados) y en el Belgrano Cargas, que en los ’90 estuvo en 99 por ciento en manos de la UF y al pasar en 2006 a la Sociedad Operadora de Emergencia su esposa siguió en cargos directivos.

La semana próxima seguirán las indagatorias. No parece que muchos vayan a declarar. El comisario Hugo Lompizano podría ser una excepción. “No tengo nada que ocultar”, dijo ante este diario. El tribunal también tendrá que resolver un pedido del abogado de Fernández, Alejandro Freeland, de digitalizar y ampliar una imagen donde “dos jóvenes”, uno “parecido a Mariano Ferreyra”, “llevan gomeras”; otra donde Diego Cardías, un testigo clave, “tiene un objeto largo de metal en la mano que no es un palo”. Igual que la mayoría de las defensas, busca argumentar que no hubo un ataque de la patota sino una pelea, como apuesta a una pena menor a la perpetua. Y lo hace responsabilizando a las víctimas. Entre los matones, sin embargo, no aparecieron heridos ni víctimas fatales. El CELS, que representa a la mamá de Mariano, se opuso al pedido. Al final de la audiencia, Pedraza se paró sonriente tiró besos hacia el público del primer piso.