“¡Doce años tenía cuando me torturaron!”, se oyó en medio de la sala. El silencio con el que empezaron a levantarse para salir los tres represores se partió con ese grito sacado desde el alma. “¡Asesinos!”, se oyó.“¡Genocidas!” “¡Violadores!” Alguien entonces logró mancomunar las voces que habían desatado. “¡Treinta mil compañeros desaparecidos!”, vivó. “¡Ahora y Siempre!”, respondió la sala.

Reynaldo Bignone, enfundado en saco de invierno pesado, y Santiago Omar Riveros se sentaron al costado de los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, uno al lado del otro. En la silla de atrás, con la cara tapada entre las arrugas, lo hizo Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977. Sólo tres de los diez acusados de este juicio que acaba de empezar en San Martín, por los crímenes de veintiún personas en la jurisdicción de Campo Mayo, entre las que hay siete militantes mujeres embarazadas, secuestradas y desaparecidas con sus compañeros. Para sorpresa de varios familiares que estuvieron ahí, algunos de los que se acercaron a la sala para ver las caras de los acusados, el Tribunal irá sentando a los demás a medida que se avance con las causas. Bignone, Riveros y Guañabens Perelló están acusados por allanamientos, privación ilegal, tormentos en el expediente de las embarazadas, el primero que se analizará en las audiencias. Riveros también está acusado por el homicidio de una de las parejas.

“Este juicio es para que se sepa la verdad de lo que pasó con mis papás y el resultado de eso, que fue mi apropiación”, dice parada en la puerta del Tribunal Carolina de Sanctis Ovando, sobre el juicio que no sólo se detendrá en el secuestro y desaparición de sus padres, Myriam Ovando y Raúl De Sanctis, sino en el que se juzgará además a sus apropiadores. Catalina recuperó su identidad en 2008. “Es sanador y liberador para mí todo este momento –dijo–, aunque todavía falta mucho porque acá vamos a estar juzgando a los que dieron las órdenes en el caso de mis papás, pero todavía falta saber quiénes se los llevaron, quiénes secuestraron a mi papá. La justicia llega, pero siempre falta.”

Momentos antes, en la sala de audiencias recién estrenada para los juicios de Campo de Mayo, los nombres de las siete embarazadas aparecieron desplegados en las manos de otros compañeros que los sostenían en toda la sala. Una mujer de Malvinas Argentinas sostuvo la foto de María Eva Duarte y de su compañero, Samuel Aranda. Ella estaba embarazada de dos meses. “¡Hoy estoy quebrada!”, suspiró apenas se sentó al lado del cartel Sara Fernández: “¡Mirale la carita!”, dijo la abuela de Sebastián Bordón barrida por las lágrimas. “¡Estos son los mismos tipos que se llevaron a Sebastián, la policía brava del Proceso!”

Juana Muñiz Barreto estaba un poco más adelante. Anotó cada cosa en una libreta. La hija del diputado Diego Muñiz Barreto, asesinado por la dictadura y por el que fue condenado Luis Aberlado Patti, esperaba a alguno de los acusados que todavía no llegaron al juicio. Entre otros, a Julio San Román, alias “Cacho”, y a Hugo Miguel Castagno Mongue, alias “Yaya”, los dos oficiales de Gendarmería, jefes de la custodia de El Campito, el centro clandestino de Campo de Mayo, parte de la trama de represores que aún no fueron juzgados por el crimen de su padre.

Media hora después de las 10, el presidente del Tribunal, Héctor Sagretti, abrió el debate con la lectura de la acusación abreviada, de acuerdo con las pautas de la Cámara de Casación para acelerar los juicios. Una secretaria leyó una síntesis con la reconstrucción de los secuestros de las mujeres y los casos en los que ellas aparecen como parte de una trama más amplia en la que cayeron otros compañeros. Luego les dieron la palabra a los acusados. Riveros lo único que dijo es que estaban mal los datos de su domicilio. Bignone dijo lo mismo. Y como si se hubiesen puesto de acuerdo, Guañabens Perelló a su turno volvió a decirlo. Ninguno declaró. Todos se remitieron a declaraciones anteriores. Cuando la secretaria del Tribunal se disponía a leerlas, el fiscal Marcelo García Berro pidió al Tribunal que las diera por leídas. En la lógica de acelerar el debate, las querellas dijeron lo mismo. Y listo. Poco más de media hora después de haber comenzado un juicio esperado desde hace años –y hace año y medio por falta de salas–, la primera jornada se terminó. Sagretti dispuso un cuarto intermedio hasta la semana próxima. Y aclaró que todavía no sabían si iban a poder seguir el cronograma previsto, que iban a intentarlo, pero que tienen otros juicios y uno de los jueces sigue un debate similar en Mar del Plata.

La sala se paró en completo silencio, como paralizada por eso que no acaba de empezar. “¿Cómo es posible que se haya hecho así?”, dijo Daniel Cabezas de la Comisión Campo de Mayo, parado con la foto de su hermano Gustavo desaparecido, al que se llevaron sangrando después de descargarle una serie de disparos mientras repartía volantes en una plaza. “Es maravilloso que empiece el juicio, reivindicamos que se esté juzgando, pero pedimos otra forma de organización, porque si no esto va a durar cien años.” El abogado querellante Pablo Llonto se pronunció en el mismo sentido. “La audiencia duró media hora en una sala nueva después de tanto esfuerzo y hoy se podía haber seguido con la etapa testimonial”, dijo. “Los reclamos de los jueces son porque la Cámara de Casación debe completar los tribunales con otros jueces para que no ocurra lo que está pasando, que un juez no puede seguir el debate porque se va a Mar del Plata.”

Las audiencias están previstas de dos jornadas a la semana, pero cada quince días. El cronograma distribuido por los querellantes entre los que está Justicia Ya!, la abogada Alcira Ríos, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos indica, sin embargo, que las próximas cuatro semanas tendrán un día de audiencias cada vez.

En la sala, varios nietos recuperados acompañaron a Catalina. Victoria Montenegro, el diputado Horacio Pietragalla, Guillermo Pérez Roisinblit y Lorena Battistiol. También Juliana García Recchia, cuyos padres son parte del juicio. En la primera fila se la veía a Mirta de Baravalle, de Madres Línea Fundadora, y a Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.