El inglés Steven Chandler, quien encabezó el consorcio de consultores que supervisó los primeros tramos de la tarjeta SUBE, dijo ayer a través de su abogado que le falsificaron la firma. Una rúbrica breve de Chandler aparece en numerosos documentos, entre ellos pedidos de cobro no sólo de sus honorarios, sino también de los de Marcela Ashley y Steven Beer, que no trabajaron en el proyecto y que dicen que no cobraron ni un peso. Como es obvio, Chandler sugiere que quienes le falsificaron la firma son sus socios argentinos, tres consultoras de larga trayectoria en el país, ya que los documentos fueron elaborados por el consorcio. Por ahora, el inglés –que está siendo investigado por el juez Sergio Torres– hizo saber que no volverá a la Argentina a dar explicaciones.

El abogado de Chandler es Joaquín Otaegui, quien se hiciera famoso por una ofensiva contra el matrimonio gay en 2009. Por una presentación suya y de otro letrado católico, Francisco Roggero, una jueza suspendió lo que iba a ser el primer casamiento entre dos varones. Luego, en 2010, se votó la Ley de Matrimonio Igualitario.

Otaegui hizo público ayer lo que le transmitió Chandler desde Londres: que nunca firmó los certificados que están inicialados supuestamente por él y que ni siquiera estaba en la Argentina en esas fechas. Se trata de certificados de junio y octubre en los que se incluyen los sueldos de los dos empleados truchos. Según la documentación presentada en el juzgado, esos dos certificados se presentaron el 14 de julio y el 30 de noviembre, fechas en las que Chandler estaba en la Argentina y su supuesta firma no sólo aparece en esos certificados, sino en la presentación de los mismos ante el Estado. Es que Chandler era la cabeza de la Unión Transitoria de Empresas que integraban su compañía Global Infrastructure, que curiosamente no tiene oficina; Iatasa, una consultora con 50 años en el país y que participó en el diseño de Salto Grande, Piedra del Aguila, Yacyretá, líneas de subterráneos y muchas obras más en la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia; IRV, dedicada a ingeniería del transporte, con trabajos en la ciudad de Buenos Aires, San Pablo, Chile, gran parte de las provincias argentinas y casi todos los países latinoamericanos, y González Fisher y Asociados, también con 50 años de trayectoria, una de las auditoras más grande en cuestiones bancarias. Estas tres empresas argentinas buscaron a Chandler porque fue recomendado por la Embajada del Reino Unido y tenía el antecedente de haber trabajado en una tarjeta similar a la SUBE en Londres. El caso estalló porque el diario La Nación descubrió que Chandler no tiene oficinas y luego que los dos empleados contactados por él, que sólo él conocía, no trabajaron, pero cobraron.

Chandler dice que les avisó a sus socios argentinos que ni Ashley ni Beer estaban disponibles, pero su firma corta, inicialada, aparece en los pedidos de cobro. El dice que está falsificada y que en el Reino Unido no existe la firma corta. Sus socios le dijeron al juez que tienen la documentación que prueba que él cobró sus honorarios y los de Ashley y Beer. Los socios argentinos además ya le pidieron hace semanas al juez Torres la pericia caligráfica de las firmas de Chandler. Ahora Chandler –a través de Otaegui– dice que también lo pedirá.

La última palabra la tendrá el juez Torres. Chandler está en Londres y habrá que ver qué sucede si el magistrado lo cita a indagatoria. Su abogado dice que quiere declarar en la capital inglesa, algo que difícilmente un juez acepte.