La comisión bicameral que analiza la reforma de los códigos Civil y Comercial comenzó ayer con las audiencias públicas luego de escuchar días atrás a los juristas que encabezaron la redacción del anteproyecto y las correcciones realizadas por el Poder Ejecutivo. Con más de 230 anotados, ayer fue el turno de expositores como el titular de la Comisión Episcopal Argentina, José María Arancedo, quien cuestionó los avances en materia de adopción, fertilización asistida y matrimonio. “Hay temas que merecen una mayor reflexión. Es necesaria una formulación de ciertos principios más respetuosa de la dignidad de toda vida humana desde sus comienzos”, alertó Arancedo. Por otro lado, representantes de otros credos reclamaron la separación entre Estado e Iglesia, que es reconocida como una persona jurídica de carácter público. Integrantes de pueblos originarios plantearon críticas al reconocimiento de sus derechos, mientras que el constitucionalista Eduardo Barcesat rechazó las nuevas regulaciones en materia de arbitrajes, que otorgarían mayores facultades a tribunales internacionales como el Ciadi.

La audiencia pública de ayer duró alrededor de ocho horas y contó con la participación de 51 expositores. La presencia de Arancedo en el Congreso había despertado una importante expectativa el miércoles, luego de que el Episcopado emitiera un documento crítico del proyecto de nuevo Código Civil y Comercial, cuya redacción fue conducida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Con tono pausado y aclarando sobre su “actitud propositiva”, Arancedo sintetizó la posición de la Iglesia Católica en cinco puntos.

El obispo afirmó que es discriminatorio que no se les otorgue el status de “personas” a los óvulos fecundados fuera del seno materno, en alusión a aquellos que se encuentran en bancos de embriones. Sostuvo que la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer es “óptima” y “un bien de la humanidad” y se mostró preocupado por la equiparación del matrimonio con las uniones de hecho. Aseguró que el nuevo régimen de paternidad, maternidad y filiación genera “incertidumbre” respecto de los derechos de los niños. Sobre la “procreación artificial” puso de ejemplo otros países que “han limitado el daño provocado por el uso de estas técnicas, restringiendo el acceso a ellas a los matrimonios conformados por varón y mujer y prohibiendo la crioconservación de embriones”. Por último, consideró la posibilidad de alquiler de vientres como “agraviante para la dignidad de las mujeres y los niños”. “En este momento de trascendencia histórica, invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”, concluyó.

Desde el kirchnerismo, el senador Daniel Filmus replicó que “el nuevo Código lo que hace es recoger las transformaciones sociales que ya están vigentes, como la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario”, por lo que los cuestionamientos de la Iglesia se limitan a ratificar sus críticas a los avances logrados en los últimos años. Desde el Frente Amplio Progresista, la diputada Liliana Parada consideró que “como cada sector, la Conferencia Episcopal sostiene desde su óptica la protección de aquellas cuestiones que entiende corresponden privilegiar por encima de otros”, pero –dijo– los legisladores deben pensar en normas de alcance general “en pos de la justicia social y la igualdad”. “No podemos dejar un limbo jurídico ante realidades que nos exigen estar a la altura de las circunstancias, ya que sólo así se construye una sociedad de iguales”, remató Parada.

Néstor Míguez, de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, exigió que el Código unificado garantice la igualdad de todos los cultos, eliminando los privilegios de la Iglesia Católica. Puntualmente pidió la modificación del artículo 33, que define a la Iglesia Católica como persona jurídica de carácter público. “¿Por qué se hace diferencia con la Iglesia Católica dándole otro status si el Estado es laico?”, preguntó.

Si bien rescataron algunos avances, representantes de comunidades de pueblos originarios del Chaco, Misiones, Formosa, Santa Fe, Salta y Buenos Aires también hicieron cuestionamientos y advirtieron sobre un posible retroceso respecto de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas votada en 2007. Explicaron que no se les realizó una consulta previa, reclamaron el reconocimiento como personas jurídicas de derecho público (el mismo status que tiene la Iglesia Católica) y denunciaron que no se respetan la “identidad, cosmovisión y relación espiritual” que estos pueblos tienen con sus territorios.

Barcesat fue muy crítico de las regulaciones en materia de derecho internacional, puntualmente en el tema del arbitraje. “El Estado no puede estar comprendido en relaciones arbitrales violentando la propia Constitución, que confiere esa potestad bajo el cuantificador universal al Poder Judicial de la Nación, y en las respectivas provincias a sus Poderes Judiciales”, señaló el constitucionalista. En relación con el tribunal del Ciadi, donde empresas multinacionales plantean litigios millonarios contra el Estado argentino, advirtió que en el nuevo código no se requiere de la intervención de un juez argentino para darle ejecutoriedad al laudo arbitral, lo que “pone en peligro la soberanía jurisdiccional”. “Debemos rescatar la soberanía legislativa y jurisdiccional que es tan importante como la soberanía territorial”, advirtió.

Pasadas las 22, la comisión pasó a cuarto intermedio hasta el martes, cuando continuarán con la lista de más de 230 expositores anotados.