El martes, la Corte Suprema de Justicia resolvió investigar “los hechos difundidos” del juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella que comprometen “la transparencia en el manejo patrimonial de la cosa pública” y reclamarle que formulara su descargo. Así lo informó a un grupo de periodistas el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, la Acordada que dispuso la investigación recién se firmó el día siguiente. Además de emplazar al juez para que responda en cinco días con un “informe preciso y circunstanciado”, requiere a la Auditoría General de la Nación que en dos semanas identifique todas las contrataciones realizadas para la limpieza del Riachuelo con las empresas vinculadas con el juez que se mencionaron aquí el domingo 26. La defensa de Armella fue asumida por el más antiguo juez de la Corte, Carlos Fayt, de 94 años, quien luego de hablar con el juez trató de convencer a sus pares: “Pobre muchacho, se va a pegar un tiro”, argumentó. Enrique Petracchi, designado como Fayt por el ex presidente Raúl Alfonsín al concluir la dictadura militar, sostuvo que “el carácter gravísimo de las impugnaciones al juez” hacía inconveniente que siguiera a cargo de la ejecución de la sentencia de la Corte para la limpieza del Riachuelo, por lo que debía nombrarse un subrogante mientras se sustanciaba la investigación sobre los hechos. Petracchi entiende que el derecho de defensa del juez no debería poner en peligro la posibilidad de llegar a la verdad, ya que Armella podría manipular o destruir pruebas incriminatorias.

La familia unida

Armella adelantó parte de su descargo a Fayt y al diario La Nación. Dijo que la sociedad presidida por su suegro e integrada entre otros por su esposa y un tío se formó “a efectos de levantar un edificio en una antigua propiedad de Bernal”. Esta es una versión edulcorada de aquellos hechos que Armella no puede negar. La cuestión no es qué construye sino quienes integran esa sociedad llamada “San Martín 264 Bernal SA” y qué relación tienen esas personas con las obras por la limpieza del Riachuelo que ordena el juez. La dirección que le da nombre corresponde al antiguo domicilio de la suegra de Armella, Nora Alicia Martini, quien también es jueza, a cargo del tribunal en lo Correccional 8 de Lomas de Zamora. San Martín es un boulevard paralelo a la vía del tren, a metros de la Avenida Zapiola y a cuatro cuadras de la Estación Bernal. La casa de la suegra está en demolición y la familia se mudó al country Abril, el más caro de la zona sur, en Hudson, partido de Berazategui. Un cartel anuncia que cuando concluya la demolición allí se levantará el edificio Lacar, con departamentos de 2 y 3 ambientes. La obra, dirigida por el tío del juez, Aníbal Carlos Nietzel, comenzó hace un mes y medio, pero se paralizó desde la publicación aquí de la nota “Nieblas del Riachuelo”. Martini era prosecretaria del Juzgado Criminal y Correccional 4 de Dolores, entonces a cargo del juez Héctor Abel Musumano. Su designación como jueza en Lomas gozó de la misma tutela que la de su yerno, la Procuradora General bonaerense María Falbo. Con idéntica carta de presentación, la esposa del juez, Marina Laura Groba Martini, llegó a secretaria del Tribunal en lo Criminal 5, de Quilmes, cargo incompatible con su desempeño en la empresa “San Martín 264 Bernal SA”. También la esposa del tío arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, Vanesa Maiola, fue designada fiscal de Florencio Varela. En su intento de control de daños, Armella adujo que “entre los socios de ese emprendimiento habría una empresa constructora que trabaja en una de las obras de saneamiento del Riachuelo”, como si se tratara de una casualidad sin importancia. No es una empresa, sino varias: Gildin SA, Compañía Constructora M&T SA, Tierras Provinciales SA, y Vial Rogo Constructora SA. Tampoco hay sólo un socio de la esposa, el suegro y el tío del juez que participe en obras vinculadas con el saneamiento del Riachuelo, sino cuatro. El principal de ellos es el abogado portugués Arturo Rodrígues da Silva y la coincidencia no se debe al azar. Varias veces por semana Rodrígues da Silva pasa por el tribunal para buscar a Armella en un automóvil Audi de color celeste. Rodrígues da Silva es presidente suplente de la empresa familiar del juez, presidente de Gildin, director de M&T, presidente y socio de Tierras Provinciales y socio de Vial Rogo. En Gildin es directora suplente Gilda González, cuyos hermanas Romina y Lorena son a su vez socias del suegro y la esposa de Armella. Otra socia en la empresa familiar de la mujer del juez es Graciela Susana Beatriz Aparicio, quien al mismo tiempo es directora suplente de M&T. Tanto Gildin como M&T están entre las empresas beneficiadas por las contrataciones que urge Armella bajo amenaza de multas y sanciones si no se realizan en plazos perentorios. El recurso de amparo que permitió seguir funcionando a la cantera de Gildin SA, mientras Armella clausuraba a todas las competidoras, no fue concedido por la jueza subrogante en Quilmes, Marcela Claudia Linares, sino por el juez federal de La Plata, Julio César Miralles, en junio de 2006. La causa sigue ahora en el Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de Quilmes, a cargo de Hugo Guarnieri. En septiembre de 2011, Armella ordenó el cierre de las canteras y en octubre amplió la directiva a todas las “que se constaten en el futuro”. La cantera Lomas de Brown, que se encuentra a 7 km de la cuenca, planteó que Armella se había excedido en su competencia. Según la Corte Suprema, sólo debía ejercerla sobre los aspectos hidrográficos. La Dirección de Minería le respondió que no podía concederle o negarle la inscripción porque el expediente había quedado retenido en el juzgado de Armella. El socio de Armella, Rodrigues da Silva, ya frecuentó las noticias policiales hace quince años, vinculado igual que ahora con un funcionario judicial: en 1997 el juez Samuel Saraví Paz lo condenó a tres años de prisión en suspenso por destruir carátulas judiciales, cambiar causas de juzgados, utilizar sellos falsos y no pagar la tasa de justicia, en combinación con el oficial primero del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de La Plata, Jorge Luis Madueña.

Adjudicación directa

Otro de los alegatos del juez ante Fayt y La Nación es que las contrataciones no fueron directas sino por licitación. Los documentos que se reproducen aquí lo desmienten:

- la solicitud de pedido para la rectificación de la ribera sur del Riachuelo indica que se trata de una “adjudicación directa” a la constructora M&T.

- la solicitud de pedido para la recuperación de márgenes, en el tramo 2.b. del proyecto también es por “adjudicación directa” a la constructora M&T.

- para justificar estas contrataciones directas, Armella amenaza con multas y sanciones a “todo funcionario responsable”.

- esto permite que Gildin y su alter ego M&T facturen las obras a realizar con impresionantes sobreprecios, que hasta triplican los valores de mercado, como se advierte en el cuadro para las obras de recuperación ambiental del margen sur tramo 2.b.

- a precios de mercado, la obra costaría 4,04 millones de pesos, pero la Acumar terminará pagando 12,1 millones. El 40 por ciento de anticipo que recibe la empresa vinculada con el magistrado supera el valor total de la obra: 4,8 millones de pesos. Es decir que antes de empezar los trabajos, M&T recibe más de lo que correspondería por todo el trabajo a precios de mercado. Los ocho millones restantes son plata dulce.

- para que sea inevitable que los contratos recaigan en la cantera de Gildin SA, Armella prohíbe el funcionamiento de todas las competidoras instaladas en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.

Esta insistencia del juez en la clausura de todas las canteras públicas de la Cuenca también paralizó la construcción de la autopista Juan Domingo Perón, que de Merlo a La Plata continúa la del Buen Ayre. Desde hace un año y medio los trabajos no avanzan por falta de los materiales que se obtienen en las canteras prohibidas.

La última copa

En la reunión con los periodistas, Lorenzetti señaló que hasta ese momento ni los intendentes ni la Acumar se habían quejado del juez. No es un argumento muy sólido. El poder de un juez federal es muy superior al de los intendentes, cuyos cargos e incluso su libertad dependen de una razonable relación con el magistrado. En el caso de Armella, además, es conocido en la zona el destrato que prodiga a los alcaldes de la Cuenca, a quienes no permite levantarse de la mesa antes de que Su Señoría termine la última copa de vino, bajo apercibimiento de sanciones. Tampoco la Acumar está en condiciones de enfrentar al juez, ya que como órgano interjurisdiccional entre la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de una docena de municipios, su poder es muy disperso. Lo preside un representante del gobierno nacional, que es el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan José Mussi, que está en minoría en un directorio con representantes de las demás jurisdicciones. El organismo accedió a designar en su planta a los recomendados del juez (ver “Barra de amigos”). Mussi no se quedó atrás y nombró primero como Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, y en junio de 2011 como presidente ejecutivo de Acumar al bioquímico Oscar Deina, que está casado con su hija, la médica especialista en diagnóstico por imágenes Mariel Mercedes Mussi. El hermano de Mariel, Juan Patricio, quien presidía el Concejo Deliberante de Berazategui quedó a cargo de la intendencia cuando el padre asumió en la Acumar. La semana pasada, Armella dispuso intervenir el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, al que están afiliados la mitad de los 3300 empleados del municipio, en un altísimo porcentaje como contratados, a pesar de la antigüedad en los cargos. La anterior conducción, alineada con el diputado de Unión PRO Alfredo Atanasof, fue desbancada en 2010, a instancias de Néstor Kirchner y del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. En octubre de 2011 fue electa la nueva conducción, convalidada por el ministerio de Trabajo de la Nación, pero impugnada por Juan Patricio Mussi. Sin embargo, Armella convocó a nuevas elecciones, como reclamaba el intendente hereditario, quien se resiste a pasar a planta permanente a los contratados. La abrumadora cantidad de pruebas sobre la conducta del juez Armella reduce el margen de dudas a saber si sólo será separado de la megacausa del Riachuelo (en la que la Corte Suprema podría designar a un funcionario que se ocupe en exclusividad, sin atender al mismo tiempo un juzgado federal) o también se promoverá su juicio político para apartarlo del tribunal que le permitió convertirse en el Virrey de Quilmes. La causal de mal desempeño parece configurada con exceso e incluso el “delito en el ejercicio de sus funciones” que contempla el artículo 53 de la Constitución.

Informes: Mercedes González y Adrián Vigna.