Dom 02.09.2012

EL PAíS  › LA CAMARA DEL CRIMEN, ENTRE JORGE QUIROGA Y GUILLERMO DIAZ LESTREM

Un cuadro que divide togas

La Cámara del Crimen retiró una placa en homenaje al juez del “Camarón”, pero ante el pedido de sacar otro cuadro y poner un placa en recuerdo del defensor oficial asesinado durante la dictadura hubo diferencias en el tribunal. Pedirán que la Corte fije una posición.

› Por Irina Hauser

La Corte Suprema tendrá que definir qué se debe hacer con los símbolos dictatoriales que todavía pueblan los edificios del Poder Judicial y evaluar si cabe reemplazarlos por homenajes a funcionarios de la Justicia víctimas del terrorismo de Estado. Se lo pedirá la Cámara del Crimen cuyos integrantes, pese a una larga deliberación, no lograron consensuar una postura sobre dos reclamos puntuales de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN): uno, que se remueva el cuadro que decora el Juzgado de Instrucción N0 20 con la cara del juez Jorge Quiroga, miembro del “Camarón” (o Cámara Federal “antisubversiva”), quien interrogó a los presos políticos antes de su fusilamiento en la Masacre de Trelew; el otro, que en el lugar donde antes había una placa en honor a Quiroga en el edificio de la Cámara se coloque otra para recordar a Guillermo Díaz Lestrem, defensor oficial secuestrado y asesinado durante la última dictadura. El alto tribunal debería ofrecer un criterio institucional.

El Camarón, también conocido como la “cámara del terror”, fue creado en 1971 durante la dictadura de Agustín Lanusse para juzgar especialmente las actividades consideradas subversivas de militantes políticos, sindicales, estudiantiles y organizaciones guerrilleras. Aunque funcionaba en Capital Federal, donde ahora está la Cámara del Crimen, tenía competencia territorial en todo el país. Hacía juicios orales y sus decisiones no se podían apelar. Durante sus investigaciones hubo numerosas denuncias de torturas. Quiroga fue el juez asignado para intervenir a raíz de la fuga de 19 presos políticos del penal de Rawson en 1972, luego trasladados a la base naval Almirante Zar. El los interrogó, mientras rechazaba los hábeas corpus presentados por sus abogados. El 22 de agosto de ese año fueron fusilados. Quiroga fue asesinado por dos jóvenes que le dispararon desde una moto el 28 de abril de 1974. El atentado fue reivindicado por el ERP-22 de Agosto.

La discusión por la presencia de su nombre rodeado de honores en tribunales empezó en mayo, cuando la UEJN, junto con familiares de las víctimas de Trelew, le pidieron a la Cámara del Crimen que retirara la placa de bronce en su homenaje, que estaba instalada en la puerta de la sede del tribunal, en Viamonte 1147. La había puesto en 1979 el dictador Jorge Rafael Videla cuando en el edificio funcionaba la Unidad 22 del Servicio Penitenciario Federal. En democracia hubo intentos fallidos por quitarla. Quien finalmente dio el paso fue el actual presidente del tribunal, Gustavo Bruzzone, el 8 de mayo último. La placa fue restituida al SPF, que la envió al Archivo Nacional de la Memoria.

La UEJN pidió que en el lugar que quedaba vacío se pusiera otra placa en memoria de Díaz Lestrem, quien fue uno de los primeros detenidos del Poder Judicial el mismo día del golpe de 1976. Había sido, además, uno de los funcionarios judiciales a quienes se asignó la tarea de desmontar y sumariar al Camarón, disuelto durante el gobierno de Héctor Cámpora. Díaz Lestrem era conocido por su irreverencia, por la defensa de derechos sociales y políticos y su afinidad con quienes ya antes de 1976 conformaban el gremio judicial. Estuvo detenido dos veces, la segunda secuestrado en la ESMA y su cadáver apareció en noviembre de 1978 en Palermo.

La idea de homenajearlo en el mismo lugar donde se había honrado a Quiroga escandalizó a algunos de los jueces más conservadores de la Cámara. Julio Lucini y Alberto Seijas le escribieron a Bruzzone: “En este lugar cumplió sus últimas tareas el Dr. Quiroga, tras haberse desempeñado en el ámbito del Poder Judicial como empleado, funcionario y finalmente magistrado. Precisamente por esta última función fue asesinado en plena vigencia de un gobierno constitucional en el año 1974 (...) Tales circunstancias por sí, a nuestro juicio son dignas de recordar (...) En función de ello, y en pos de no mantener vivos enfrentamientos propios de una etapa de nuestra historia reciente” es que aceptan devolver la placa de Quiroga al Servicio Penitenciario pero “desechan las solicitudes de sustitución”.

Mientras puertas adentro del tribunal crecía la polémica, un delegado gremial que trabaja en el Juzgado de Instrucción N0 20 descubrió que en el despacho de la jueza subrogante Elizabeth Paisan hay otro homenaje a Quiroga: una foto enmarcada como cuadro. Y hay una resolución de la Cámara del 13 de abril de 1978 que refleja la decisión premeditada de ponerlo allí, donde Quiroga trabajó. El documento, de una carilla, habla de los “merecidos ascensos” del camarista fallecido, “su acendrado sentido del deber, rectitud de conducta, consagración al cumplimiento de sus funciones” y destaca su “trato cordial y austero”. Facundo Miño, el delegado que informó sobre el cuadrito a la UEJN, fue sumariado por asistir como público el día que empezó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra (6 de agosto último), a pesar de que había acordado que se tomaría el día. En el gremio denuncian que mientras nombraron a otros judiciales en vacantes interinas en los últimos días, a él lo efectivizaron pero lo mandaron a la oficina de fotocopias. Por eso anuncian la intención de presentar un amparo.

En la misma línea de Lucini y Seijas esgrimieron argumentos los camaristas Juan Cicciaro y Mauro Divito. El tenor de la polémica deja a la vista que aún existe resistencia a borrar las huellas de los regímenes dictatoriales en la Justicia.

La Cámara no logró acordar una postura mayoritaria sobre qué hacer con esos iconos que remiten a las persecuciones ideológicas implementadas desde el Poder Judicial ni su reemplazo por una figura emblemática de las ideas democráticas, como la de Díaz Lestrem. Habrá una acordada firmada en los próximos días, donde sólo algunos de los camaristas dejarán reflejada su postura. Pero le pedirán a la Corte Suprema que sea ella la que zanje la cuestión y la que establezca un parámetro institucional.

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