Los funcionarios PRO se envalentonan en público, pero luego se desdicen ante la Justicia. Esa es la conclusión a la que se puede llegar al ver el video de la audiencia judicial de la que participó Esteban Bullrich esta semana por el 0800. El ministro de Educación tuvo que admitir allí que no conocía el taller de El Eternauta, que no era del “Nestornauta” y que no le consta que haya un delito. El funcionario dijo que “había una necesidad” del 0800, pero luego entregó a la Justicia un informe en el que hace un balance de los 7744 llamados recibidos: más de la mitad colgaron antes de dejar un mensaje y el 97 por ciento no tiene relación con la “intromisión política”. Sólo 223 llamadas pudieron ser catalogadas así por los macristas. Sobre ellas, la jueza Elena Liberatori podría dictar nuevas medidas si no se trata de delitos tipificados.

Liberatori restringió esta semana el uso del 0800 que lanzó la gestión PRO: sólo podrá recibir denuncias penales. Antes, escuchó a Bullrich en una audiencia y recibió de la gestión PRO un informe y un protocolo de funcionamiento del 0800. “Por abrir un canal de comunicación, tengo que ir frente a un juez, mientras tanto los que curran siguen libres”, se quejó Bullrich a la salida del juzgado. Sin embargo, dentro de los tribunales las cosas fueron bien distintas.

El otro video

Este diario accedió a la filmación de la audiencia, en la que la jueza interrogó al ministro durante cerca de 50 minutos.

Libertatori: –¿Cuáles fueron los hechos puntuales que llevaron a la decisión?

Bullrich: –A partir de la publicidad de los talleres, dos directivos de la Escuela Urquiza y de la escuela Provincia de Corrientes expresan su preocupación respecto de que La Cámpora se había acercado a ofrecer el taller. Se planteó el 0800 para informar sobre este delito.

L.: –¿Me puede aclarar la palabra “delito”?

B.: –La utilización de fondos públicos para acciones partidarias está penada por la ley.

L.: –Pero cuando hablamos de un “delito” es porque hay cosa juzgada. Si no, no hay delito.

B.: –Perdón. La posibilidad de un delito.

L.: –Si yo mato a mi vecino, nadie habilita una línea telefónica. Lo correcto es que intervenga la Justicia penal.

B.: –Está el 911.

L.: –El 911 es una línea de la policía. Usted es el ministro de Educación. No se encarga de los delitos.

B.: –Si se comete en una escuela, es un área de mi responsabilidad.

L.: –¿Tiene un dictamen de la Procuración que le diga que se está cometiendo un delito “in fraganti”?

B.: –Ante esta posibilidad de delito que existía...

L.: –Veo que utiliza de nuevo el rótulo de “delito”. No estamos en una conversación social o familiar. Así que le pregunto: ¿Acudió a la Procuración General?

B.: –Acudí a la dirección legal del Ministerio. No hay un dictamen de Procuración. Pero se ofrece el taller de La Cámpora...

L.: –Primero tenemos que saber si estamos en presencia de un delito. Para eso hay que acudir a los jueces penales.

B.: –Nosotros no vamos a tomar una determinación legal, sino derivar la denuncia.

L.: –¿La objeción suya al taller cuál es?

B.: –Si se prueba que se utilizó en forma partidaria fondos públicos es un delito.

L.: –¿Cuál delito?

B.: –La utilización partidaria...

L.: –Los delitos tienen una tipificación en el Código Penal. ¿Cuál es el artículo?

B.: –En la Ley de Partidos Políticos, la utilización de fondos públicos.

L.: –¿La Ley de Partidos Políticos...?

El abogado que presentó la denuncia, Roberto Boico, señaló luego que no hay una tipificación de delitos en esa ley.

El Eternauta

Cuando le preguntaron por el taller de El Eternauta, Bullrich dio marcha atrás con la idea de que era “jugar al Nestornauta”, algo que había afirmado en un noticiero.

L.: –¿El juego en qué consiste?

B.: –Es jugar al Eternauta con el objetivo de generar una toma de decisiones y el concepto de ciudadanía. Sinceramente, no lo jugué. Pero si se reemplaza una hora de geografía por un taller...

L.: –¿Los talleres no los dan gente capacitada?

B.: –La denuncia pública era que eran gente de La Cámpora.

L.: –¿Esto consta en alguna parte? Es una entelequia... “Unos jóvenes...”

B.: –En el caso de la denuncia, eran jóvenes universitarios...

Con “la denuncia”, Bullrich se refiere a versiones periodísticas, dado que el gobierno porteño no tomó medidas para averiguar si eran verdad antes de lanzar el 0800. La jueza le preguntó a Bullrich por qué no utilizó la vía jerárquica, a través de los directores de escuela.

L.: –Usted como ministro está comunicado con los directores de los establecimientos, que deciden que el taller se haga o no.

B.: –Lamentablemente, no hay una garantía de que eso suceda. Por ahí no saben que se está cometiendo un delito.

L.: –Estamos girando en falso con lo del “delito”. Si hay un delito, el mecanismo es acudir a la Justicia penal.

B.: –Para esto se generó una comunicación mejor con los directores.

L.: –Entonces, ¿por qué es público el 0800?

B.: –Es para los padres, los familiares.

L.: –¿Cómo tiene garantía que es el padre?

B.: –Una vez que se evalúa el llamado, se convocará al padre legalmente.

L.: –Es un mecanismo de denuncia que funciona en forma anónima.

B.: –No funciona en forma anónima. La persona tiene que dejar los datos.

L.: –Yo llamé. No piden los datos.

La cara de sorpresa de Bullrich dura algunos segundos. “Si no hay datos, no se procesa el llamado. Muchos dejan los datos”, afirmó. Sin embargo, el protocolo que presentó ante la jueza contradice lo que dijo en la audiencia. “No se requerirá al denunciante su identificación, por lo que las denuncias podrán hacerse en forma anónima”, dice el documento del Ministerio de Educación. “En ningún caso se procederá a realizar una captura de datos personales, nombre y apellido, DNI, dirección personal, teléfono, etcétera. Estos datos para el ministerio son irrelevantes”, afirma.

L.: –¿Qué porcentaje de información útil han rescatado?

B.: –Estaba haciendo falta el canal de comunicación, lo que se ve por la cantidad de llamados.

0800 fracaso

“¿Qué efectividad hay en esa cantidad de llamados?”. Bullrich esquivó la pregunta de la jueza, pero el dato apareció en el informe que le presentó por escrito. El Ministerio de Educación le negó el acceso a este documento a Página/12. Tenía sus razones para ocultarlo: el informe señala que entre el 16 y el 29 de agosto recibieron 7744 llamadas, de las cuales 4315 fueron personas que cortaron sin dejar mensaje. Es el 55,7 por ciento. De las 3428 llamadas que sí dejaron mensajes, el 89,86 por ciento cayó en la categoría “otros”. De ese porcentaje ampliamente mayoritario, un 29,9 por ciento eran insultos. El informe deja en claro que los operadores del call center funcionaron sólo el primer día debido a la cantidad de insultos de recibían. Por eso se optó por dejar funcionar sólo el contestador.

Hubo otras llamadas referidas a problemas de infraestructura, seguridad, calidad educativa y maltratos en las escuelas. Sobre “intromisión política” hubo un total de 233 llamadas. “Hay denuncias realizadas desde Tucumán, Mendoza, Córdoba, Corrientes, provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Tigre y Vicente López”, dice el informe. En el documento del ministerio evalúan esto como “positivos resultados”.

El protocolo indica una clasificación de los llamados, que son derivados “al área responsable del tema”, pero no queda en claro cuál es el área del gobierno porteño que se ocupa de la “intromisión política”. Lo único que acota el documento es que “se evaluará la procedencia de la realización de una denuncia de tipo penal”. También detalla que todo el material de audio del 0800 será almacenado digitalmente. “La copia de información sobre ‘intromisión política’ es el mantenimiento de la persecución política”, consideró el abogado Roberto Boico, que hará una nueva presentación en la causa.