El Megacanje de bonos de la deuda pública de 2001 fue la operación financiera (y un negocio para los bancos) previa al estallido de la convertibilidad. Tras el fracaso del llamado blindaje y las renuncias consecutivas de José Luis Machinea y Ricardo López Murphy como ministros de Economía, el gobierno de Fernando de la Rúa convocó a Domingo Felipe Cavallo como titular de la cartera de Hacienda. Lo primero que hizo el padre de la convertibilidad fue acercarle a De la Rúa una idea de su amigo David Mulford, ex secretario del Tesoro norteamericano y vicepresidente del Credit Suisse First Boston: el megacanje de títulos públicos. La operación implicó un aumento de la deuda externa argentina en 53.700 millones de dólares en términos de capital e intereses. Los siete bancos que participaron de la operación embolsaron 150 millones de dólares en comisiones. De ese total, Mulford recibió 20 millones. Las abultadas comisiones se pagaron a pesar de que los bancos realizaron “autocanjes”.

No bien llegó al gobierno de la Alianza, Cavallo firmó junto a De la Rúa el decreto 648/01, que habilitó la operación del megacanje. Era el 16 de mayo de 2001. Entre enero y marzo de ese año se habían fugado del sistema financiero 5 mil millones de dólares. Para realizar la operación de canje, Cavallo contrató a Mulford. El gobierno necesitaba reducir sus vencimientos entre 2001 y 2005, para evitar una inminente caída en default. De ahí la idea de la megaoperación, que en realidad terminó por ser una gran bomba de tiempo. Los servicios de la deuda pública representaban antes del canje 60.504 millones de dólares (período 2001–2031). Después de la operación, los intereses se dispararon a 98.414 millones, un incremento de 63 por ciento.

Con la llegada de Cavallo y Mulford, hubo siete bancos que hicieron del megacanje un gran negocio: Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y el Credit Suisse First Boston. En total aportaron al canje 27.700 millones de dólares. De ese total, aproximadamente 20 mil millones en títulos ya estaban dentro de sus carteras o en las de las ex AFJP asociadas a los bancos. De esta manera, los 150 millones de dólares de comisiones fueron cobrados por hacer de intermediarios de sí mismos. Además, los bancos públicos fueron obligados a canalizar títulos a través de las entidades privadas, que así se quedaban con la parte correspondiente a aquéllos en comisión.

Según un informe de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP, 2001), la deuda pública total pasó de 124.358 millones a 126.606 millones después del canje. Es decir, un incremento de 2248 millones de dólares. En cuanto a los intereses, se pasó de 82.246 millones a 120.650 millones, un incremento de 40.649 millones. A esto se le sumó una capitalización de intereses por 13.052 millones.

Los banqueros no sólo acordaron las cuantiosas comisiones para los autocanjes, sino que acordaron con los funcionarios de Economía (Cavallo y Daniel Marx, secretario de Finanzas de la Alianza, procesado y sobreseído en la causa del Megacanje) los precios de los bonos Brady, Par y Discount. Esto también fue determinado por la ONCP. Según la ONCP, ese “acuerdo” trajo pérdidas para el Estado por 108 millones de dólares.

Al Megacanje le siguieron otras medidas, que terminaron de sellar la suerte de la Alianza. En julio de 2001 se aprobó la ley 25.453 (déficit cero) y en agosto, la ley 25.466 (intangibilidad de los depósitos). No pocos gurúes de la city (de aquellos años y actuales), entre ellos Miguel Angel Broda u Orlando Ferreres, veían en el Megacanje y las otras medidas “la salvación” para la crisis económica del país. Hasta que llegó el 19 y 20 de diciembre de 2001.

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