La comisión bicameral de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial culminó ayer la audiencia pública realizada en Buenos Aires, donde expusieron más de 150 personas. La última jornada estuvo protagonizada por organizaciones como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), la Mesa Nacional por la Igualdad, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, además de representantes de pueblos originarios, sectores católicos y profesionales, entre otros. “La Iglesia Católica debe someterse a los mismos criterios que el resto de las religiones”, aseguró la legisladora porteña y secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad, María Rachid, en un planteo compartido por todas las organizaciones de la diversidad sexual para que se le quite el status de persona jurídica de carácter público.

La audiencia de ayer concluyó la segunda etapa del plan de trabajo de la comisión bicameral, que ahora pasará a reunirse en las provincias del interior como Tucumán, Santa Fe y Neuquén. Con una asistencia irregular de los integrantes de la comisión, la audiencia contó con una importante presencia de organizaciones de la diversidad que manifestaron su apoyo al proyecto, plantearon algunas modificaciones y coincidieron en reclamar la eliminación del inciso sexto del artículo 147 del nuevo Código Civil y Comercial, donde se incorpora a la Iglesia Católica entre las personas jurídicas de carácter público.

“El carácter de entidad de bien público a la Iglesia Católica termina perpetrando y sosteniendo privilegios que no van con los tiempos que corren”, señaló el titular de la Falgbt, Esteban Paulón, quien advirtió que “el Estado laico sigue siendo un tema pendiente”. Entre otras cuestiones, el titular de la Falgbt destacó que a dos años de sancionada la ley de matrimonio igualitario en este nuevo código se eliminó el aditamento “igualitario”, equiparando el matrimonio para todos los casos.

Para Rachid, “resulta difícil comprender cómo se sostiene el carácter público de una institución que sistemáticamente se ha opuesto al reconocimiento de derechos de muchísimos colectivos oprimidos y vulnerados al tiempo que a los pueblos indígenas, pobladores originarios de nuestro territorio, históricamente perseguidos bajo el pretexto de la evangelización, se les asigna el carácter de personas jurídicas privadas”. La legisladora porteña del Frente para la Victoria planteó varias correcciones específicas como la revisión de términos abiertos como “la moral y las buenas costumbres” que dan lugar a “profundas arbitrariedades”; la posibilidad de realizar un divorcio por medio de un trámite administrativo y no judicial, en caso de que no haya cuestiones controvertidas como la patrimonial o parental y reclamó la garantización de un derecho igualitario a la defensa de las personas con discapacidad, obligadas a designar un procurador.

Además de coincidir en el reclamo de igualdad para todos los cultos, Natalia Gherardi, del equipo latinoamericano de Justicia y Género, consideró que el proyecto constituye un avance porque refleja en la vida privada los principios de la Constitución nacional y del derecho internacional y remarcó la coherencia con el concepto de “coparentalidad” de la modificación de la preponderancia del apellido paterno.

Los últimos oradores de la audiencia fueron el presidente y el coordinador del área jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina, César Cigliutti y Pedro Paradiso Sottile, quienes respaldaron el proyecto oficial. “A las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género hay que seguir transformando e incorporando la legislación para que garantice la diversidad de un Estado democrático, con políticas inclusivas, no sólo para nuestra comunidad, sino para todos y todas”, concluyó Cigliutti.

Con esta exposición concluyó la audiencia en Buenos Aires, que continuará en Tucumán el jueves y viernes y para la que ya hay anotados más de ochenta oradores.