Sergio Schoklender no consigue viento a favor en Tribunales. Su primer intento de probar suerte en la Cámara de Casación fracasó esta semana, ya que la Sala IV le rechazó un pedido de nulidad del informe del Banco Central que reveló el posible desvío millonario de fondos públicos para viviendas sociales hacia cuentas suyas, de su hermano Pablo, del contador Alejandro Gotkin y de varias empresas vinculadas con ellos. A esta novedad se sumó que el juez Norberto Oyarbide le negó el permiso que había pedido para irse un mes a Croacia con el argumento de que una constructora le había ofrecido trabajo por 4000 euros mensuales. Según el juez –que lo tiene imputado como jefe de una asociación ilícita– Schoklender no presentó documentos traducidos al español que permitan verificar la veracidad de la propuesta laboral.

El informe del BCRA que Schoklender intentó impugnar es parte de la prueba medular de la investigación sobre el manejo de los fondos que las Madres de Plaza de Mayo recibían para construir viviendas, y que Sergio y Pablo Schoklender administraron como apoderados de la entidad. El análisis de los movimientos bancarios señalaba, por ejemplo, que hubo 298.184.804 pesos que salieron de cuentas de Madres, pero su destino no se pudo identificar. A la vez, se estableció que 11 millones fueron a una cuenta del menor de los Schoklender, 1,9 millón a una cuenta de Sergio y 890 mil a una de Gotkin, mientras que figuran también como receptoras de grandes montos Meldorek (de Sergio) y Antártica Argentina. Ambas se sospecha que fueron usadas como pantalla.

La Sala IV de Casación, con las firmas de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani, rechazó en una breve resolución el planteo de nulidad del documento del BCRA, según informaron allegados al caso a Página/12. Este tribunal por lo general sólo se expide sobre cuestiones que sean equiparables a una sentencia definitiva o donde una persona esté privada de su libertad. En el expediente en cuestión, no están en juego esos factores. Si bien los hermanos fueron detenidos por orden de Oyarbide a mediados de mayo, la Cámara Federal ordenó liberarlos. Lo que dijo Casación es que a Schoklender no le va a causar ningún daño de imposible reparación a futuro que el documento sobre los movimientos bancarios siga integrando el expediente donde se lo investiga.

En cuanto al viaje a Croacia, Schoklender había pedido permiso para partir hoy hasta el 1º de octubre. Adjuntó un boleto de avión que le habría pagado la empresa que lo contrataba, llamada Monel d.o.o que, aseguró, le pagaría 4000 euros mensuales. El fiscal Jorge Di Lello fue el primero en cuestionar el viaje. “Resulta llamativo que una empresa dedicada al rubro de la construcción, con los antecedentes y las sospechas que hoy pesan sobre el imputado, haya requerido sus servicios”, dijo. Además, dijo que Argentina no tiene tratado de extradición con Croacia y pidió verificar si la firma Monel existe, y si efectivamente le hizo una propuesta laboral.

Ante el juzgado, Schoklender presentó una carta en inglés, y lo que se constató es que llegó desde Austria, enviada por alguien llamado Hr. Gregor, de la empresa I-Long. La página web de la empresa está en croata. Oyarbide concluyó que “de las constancias obtenidas (...) surgen diversas divergencias que no se condicen con la información que se desprende de la presunta carta de invitación aportada”. El juez quiere traducir todo previo a dar una autorización. En la causa por el desvío de fondos siguen las indagatorias. La pericia para determinar el nivel de ejecución de las obras de las Madres en todo el país no empezó, pese a que se ordenó hace un año. El Consejo de la Magistratura todavía no aprobó (aunque lo haría a comienzos de octubre) los 605 mil pesos que Oyarbide pidió para que un equipo de la Facultad de Ingeniería de la UBA haga el estudio.