La necesidad de mostrar que en el país todo anda mal ha llevado en los últimos tiempos a distintos periodistas y medios de comunicación a realizar una fuerte campaña con el objetivo de desprestigiar las políticas educativas públicas y la labor de nuestras escuelas y docentes. Una parte importante de esta campaña tiene como propósito reiterar una y otra vez estadísticas y datos falsos referidos al rendimiento del sistema educativo nacional. Ya nos hemos visto obligados a refutar algunos de estos “errores” desde estas mismas páginas. Hoy, debemos volver a hacerlo. Este caso es más grave, ya que no se trata de un periodista en particular, sino del editorial del diario La Nación hace pocos días.

Entre otros datos falaces, dicho editorial afirma que “sólo el 31 por ciento de los alumnos que ingresan en el primer grado terminan el secundario”. En su afán por mostrar que la educación está en “estado de emergencia”, no repara en que este dato se contradice con otro que brinda la misma nota y que tampoco es correcto: “Sólo el 43 por ciento de los estudiantes secundarios terminan los estudios en los tiempos establecidos y un 50 por ciento del total accede al título”. ¿El 31 o el 50 por ciento? Ninguno de los dos. El censo del 2010 muestra que más del 58 por ciento de los jóvenes de 25 años terminaron el secundario y un 5 por ciento más sigue cursando. Más adelante, citando a “la prestigiosa ONG Proyecto Educar 2050, vuelve a contradecir los datos anteriores al afirmar que “el 58 por ciento de los argentinos entre los 25 y 64 años no ha completado la educación media”. Ello implicaría que el 42 por ciento si la terminó. ¿Pero cómo, no había dicho antes el mismo editorial que sólo el 31 por ciento egresaba? ¿O ahora se reciben menos estudiantes que treinta años atrás?

También cita a esta (¿prestigiosa?) ONG cuando sostiene que “600.000 jóvenes entre 12 y 17 años están fuera del sistema educativo”. Pero estas cifras también son inexactas. Según el censo del 2010, los jóvenes entre 12 y 17 años que no concurren a la escuela son 444.000. Si tomamos en cuenta que la población total de esta franja de edad es 4.220.000, vemos que sólo poco más del 10 por ciento se encuentra fuera del sistema educativo. Como se puede observar, aun sin falsear datos hay mucho por mejorar. Es por ello que uno de los objetivos principales de la actual gestión educativa es incluirlos. Hay que tener en cuenta que recién hace cinco años se aprobó la obligatoriedad del nivel medio.

En otro párrafo, la nota intenta mostrar que nuestras tasas de egresados de escolaridad media nos muestran en un nivel más bajo que Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Paraguay y Ecuador: “¿Hasta dónde descenderá, pues, el relegamiento educativo de nuestros chicos y adolescentes?”, se pregunta el editorialista. Como en el caso del 31 por ciento anterior, el sentido común debiera mostrar que esto no es así. Pero vayamos a los datos de escolaridad comparada con los países mencionados por el diario en cuestión. Por ejemplo, Argentina tiene el 1,9 por ciento de analfabetismo, Chile tiene poco menos que el doble. Paraguay y Colombia tienen tres veces más y Perú, Ecuador y Bolivia, entre cuatro y cinco veces más analfabetismo que nosotros. En el otro extremo del sistema educativo, Argentina tiene el 20 por ciento de su población de 25 y más años con educación superior completa. Más que duplica la media latinoamericana. Paraguay tiene 2,4; Colombia 5,8; Chile 7,9; Ecuador 8,1, Bolivia 9 por ciento.

Para evitar abrumar con más datos, es posible recurrir al índice educativo resumen por país que utiliza el PNUD para elaborar el Indice de Desarrollo Humano. En el caso del informe 2011, Argentina está a la cabeza con .806, en América latina sólo por debajo de Cuba. Otros países de la región: Chile .797; Uruguay .763; Bolivia .749; Perú .704; Ecuador .686; Colombia .667 y Paraguay .643. Como observamos, a pesar del esfuerzo del editorialista por mostrar lo contrario, la cifra de niños y adolescentes escolarizados no ha descendido relativamente respecto de otros países de la región en los últimos años.

Para finalizar, queremos enfatizar que no podemos estar conformes con el actual rendimiento de nuestro sistema educativo. A pesar de los avances que se han registrado en los últimos años, hay muchas asignaturas pendientes tanto en lo cuantitativo como en la calidad. Pero de ninguna manera se puede hablar de un “gravísimo retroceso educativo argentino de estos años que sería una prueba contundente de los efectos empíricos del populismo y del falso progresismo anidado en posiciones políticas dominantes”, como en otro párrafo señala el enceguecido editorial de La Nación. Recordemos que en el 2003, dos de cada tres alumnos eran pobres; los chicos pasaban de grado por decreto de los gobernadores, ya que no tenían un mínimo de días de clase como para ser evaluados; en mayo de ese año, siete provincias no pagaban salarios regularmente a sus docentes y las que lo hacían, los pagaban con bonos; las escuelas se convirtieron en comedores públicos; salíamos de 1000 días de carpa blanca docente pidiendo el incentivo salarial y una ley de financiamiento, y teníamos una inversión educativa del 3,5 por ciento del PBI más pequeño de las últimas décadas.

Las secuelas de esos terribles momentos aún impregnan nuestras aulas y repercuten en los actuales rendimientos educativos, ya que la mayor parte de los docentes y alumnos, protagonistas de ese período, aún pueblan nuestras instituciones educativas. El Gobierno “populista y falso progresista” que denuncia La Nación ha hecho de la educación una política de Estado y por ello las Leyes de Salario Docente, 180 días de clase, Educación Técnica, Financiamiento Educativo, Educación Sexual Obligatoria, Educación Nacional, fueron aprobadas por unanimidad o por mayorías que superaron holgadamente el número de legisladores del oficialismo en el Congreso Nacional. Hoy se continúa en esta senda llevando adelante los Programas Conectar Igualdad, Fines, Asignación Universal por hijo, Secundaria para todos, Fortalecimiento de la Formación Docente, Programa Nacional de Desarrollo Infantil, Plan de Lectura, etcétera.

Finalmente, cabe destacar que el editorial en cuestión reconoce el sustancial aumento de la inversión educativa desde el 2003, pero a la luz de los datos falsos se plantea: “¿Por qué rinde tan poco el dinero invertido?”. Pregunta que desnuda una de las principales razones por las cuales se tergiversan los datos: ¿para qué invertir más si todo sigue igual?. La conclusión que se desprende de tal argumentación es: los resultados muestran que la inversión pública en educación es ineficiente. Bajémosla. Volvamos al ajuste.

Por el contrario, estamos convencidos de que si persistimos en los actuales niveles de inversión y en la dirección de las transformaciones, construiremos participativamente una educación de calidad para todos. La que nuestro país necesita y nuestros niños y jóvenes merecen.

Q Senador nacional Frente para la Victoria.
Ex ministro de Educación.