Por Mercedes Depino y Gonzalo Vásquez *

Para combatir el delito es necesario intervenir sobre sus causas.
Una verdadera política pública de prevención del delito y la violencia debería tener como eje el trabajo sobre los aspectos sociales que condicionan o facilitan la producción de hechos criminales y no fundarse unívocamente en la aplicación de los mecanismos punitivos previstos en el sistema penal, cuya intervención se produce una vez que los hechos han sido consumados.
De allí que entendamos que un trabajo que realmente pretenda disminuir los niveles de criminalidad deba estar orientado a promover un cambio en las estrategias de supervivencia de aquellos sectores de la sociedad que encuentran (o están en riesgo de encontrar) en el delito la principal forma de proveerse el sustento o de acceder a bienes materiales o simbólicos que les están vedados por la vía legal.
En este sentido, la experiencia llevada adelante por el Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación da cuenta de que otro camino es posible para la disminución de los niveles de criminalidad.
Desde diciembre de 2001 hasta la actualidad, este plan –junto con las diferentes instancias de gobierno provinciales y municipales que firmaron el correspondiente convenio de adhesión– viene desarrollando una política de prevención social del delito inédita en la Argentina, que en una primera etapa ha estado orientada al trabajo con 400 jóvenes, fundamentalmente varones de entre 16 y 25 años en conflicto real o potencial con la ley penal de sectores vulnerables, con intervenciones focalizadas en las principales villas de emergencia de nuestro país.
Con la activa participación de ONG e instituciones de base de los distintos barrios, se integró a los jóvenes mencionados en actividades grupales de relevamiento y diagnóstico de necesidades y recursos comunitarios tendientes a identificar y llevar adelante proyectos de desarrollo que contribuyeran a revertir aspectos sustanciales de la situación de exclusión y vulnerabilidad de sus lugares de residencia.
Simultáneamente se estimuló el descubrimiento y la valorización de sus habilidades y capacidades y se les brindaron instancias de formación orientadas a la organización y puesta en funcionamiento de microemprendimientos productivos y al desarrollo de proyectos solidarios. También se promovió la creación de espacios grupales para la resolución pacífica de conflictos y para el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios.
Al cabo de un año y medio estamos en condiciones de evaluar la experiencia como verdaderamente exitosa. Desde el inicio del programa, sólo un 2 por ciento del total de los jóvenes han incursionado en el circuito delictivo. El resto ha puesto su empeño en la consolidación de los proyectos iniciados en el marco del Plan o se ha orientado a nuevas instancias de capacitación con miras a la construcción de un proyecto de vida saludable, ligado al mundo del trabajo y la organización comunitaria. Muchos jóvenes adultos han retomado sus estudios primarios y secundarios o están transmitiendo sus experiencias y conocimientos a otras personas y en otros barrios.
El Estado argentino cuenta, pues, con un probado instrumento que interviene sobre las causas del delito, que puede reducirlo y que supera la inercia y el fracaso de aquellos que se han constituido en profesionales de la declamación y la práctica autoritaria. Incrementar y profundizar la estrategia de la prevención social se presenta como un desafío ineludible si lo que verdaderamente se pretende es que todos podamos vivir en una sociedad más justa, democrática y menos violenta.
Otra política es posible para enfrentar con responsabilidad, seriedad y profesionalismo el problema de la criminalidad. El camino es el de las oportunidades y la inclusión social. Sería un crimen no tenerlo en cuenta.
* Integrantes del Equipo del Plan Nacional de Prevención del delito.