El Estado debe garantizar que Marcelo Antonio Zárate, que está preso en La Plata, vote en las próximas elecciones a diputados y senadores nacionales. Si no ponen una urna en la cárcel, deberán conducirlo hasta la mesa de votación que le corresponda. Y lo mismo ocurrirá con decenas de miles de otros presos que no tengan condena y que presenten un recurso de amparo para que les permitan votar. El fallo que ayer emitió la Cámara Nacional Electoral pone en un brete al Estado: o bien saca rápidamente una ley -.o incluso un decreto-. para hacer viable el voto de los presos en las cárceles o tendrá que llevar a decenas de miles de presos a votar a sus respectivas mesas el día de la elección de diputados nacionales -.en agosto en Capital y en setiembre en Provincia de Buenos Aires-. y el día de la elección de senadores nacionales, que según parece será en octubre en todo el país. Está en condiciones de reclamar el derecho a voto más de la mitad de los presos del país.
La Cámara Nacional Electoral, integrada por Alberto Dalla Via, Santiago Corchera y Rodolfo Munne, se expidió sobre el caso de un preso de la Unidad Penitenciaria 9, en La Plata, que reclamó su derecho a votar. Marcelo Antonio Zárate argumentó que está procesado, con prisión preventiva, y por lo tanto se presume su inocencia, por lo cual no se le puede impedir el voto.
De entrada, la Justicia electoral le negó ese derecho por cuanto está preso y no está reglamentado el voto de los que están en la cárcel. Ya existe un fallo del año 2000 en que la Corte Suprema se expidió sobre el tema y le ordenó al Poder Ejecutivo que, en un plazo de seis meses, le encuentre una solución al voto de los presos, dictando la correspondiente ley. Transcurrió el plazo y no hubo ley ni solución alguna. Ahora, el caso de Zárate ya le dio otro cariz a la cuestión, porque la Cámara le ordena al Estado que, si no arregla la forma en la que pueden sufragar los presos en las cárceles, lleve a Zárate hasta su mesa de votación.
El fallo de la Cámara sólo incumbe a Zárate, pero el mismo Tribunal sostiene que el amparo es una vía apta para hacer el reclamo, por lo que miles y miles de otros presos pueden presentar amparos y la resolución será la misma: que se reglamente una forma de que voten en la cárcel o que los lleven a votar. La resolución indica que Zárate tiene derecho a sufragar porque no tiene condena, lo que ya habilita a que haga el mismo reclamo más de la mitad de los presos, es decir todos los que están con prisión preventiva y no han sido juzgados. En realidad, también podrían intentarlo los que han sido condenados en primera instancia y están esperando el resultado de una apelación, porque en ese caso la condena no es firme. De todas maneras, sobre esta última distinción -.condena o condena en firme-. la Cámara no se expidió.
En una parte del fallo el Tribunal sugiere que el voto de los presos debe manejarse como el de los extranjeros, a través de un doble sobre. En el sobre de afuera se indica a qué mesa corresponde el voto y en el sobre de adentro está el voto mismo. Esto es así porque los detenidos no tienen domicilio en la cárcel sino en su domicilio legal y, además, si todos sufragaran en el distrito donde está la prisión, en algunas localidades tendrían incluso mayoría, porque hay pocos habitantes y la población carcelaria es grande. Por lo tanto, como en el caso de los extranjeros, el voto se enviaría a la mesa correspondiente al domicilio legal del preso y debe ser computado en esa mesa.
La resolución de Dalla Via, Corchera y Munné obligará al flamante ministro de Justicia, Gustavo Beliz, a apurar una solución. O acuerda rápidamente que se vote alguna ley en el Congreso para que haya urnas en las cárceles o -.es inimaginable-. deberá mover a miles de presos los días de elección.