El Tribunal Oral Federal 5 dispuso para el 25 de octubre el comienzo del juicio oral de la megacausa por los crímenes cometidos durante la última dictadura por los integrantes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Tras la muerte de los represores Julio Coronel y Héctor Montes, van a ser juzgados 67 imputados, entre ellos ocho por los Vuelos de la Muerte. El juicio que se hará por 796 víctimas tuvo ayer su última audiencia preliminar. El tribunal terminó de fijar días, horarios y el modo en el que se desarrollará el debate. Uno de los puntos más discutidos fue lo que los abogados llaman “traslado de la prueba”: el uso de los testimonios de las víctimas que ya declararon en el juicio anterior que –ya está decidido– ingresarán al debate en formato digital o desgrabados, tal como se hace en otros juicios y como recomendó Casación para acelerar los juicios que llevan años de espera y evitar la revictimización de los testigos. La decisión del tribunal recibió el completo respaldo de los querellantes de los organismos de derechos humanos. Recibió la esperable oposición de las defensas. Pero la posición de la defensa encontró un inesperado eco en la fiscal Mirna Goransky, quien planteó la “inconstitucionalidad” del traslado e hizo un planteo de posible nulidad al que, nada lerdos, los defensores salieron a “adherir” rápidamente.

El juicio se hará tres días a la semana: lunes, miércoles y jueves, con jornadas fijas de ocho horas: de 10 a 18. El tribunal calcula que pasarán por el juicio entre 820 y 830 testigos y aspiran que en estas condiciones el debate se resuelva en 24 meses. Los testigos serán convocados de acuerdo con la cronología de las caídas. Y se avanzará caso por caso: es decir, declarará la víctima y los testigos de un “hecho” antes de pasar al siguiente. El criterio del tiempo cronológico era importante para una parte de los sobrevivientes: entienden que esa organización, que permitirá ver lo que sucedió en la ESMA momento por momento, servirá para reconstruir las caídas desde la lógica de las historias y desarrollos de las organizaciones políticas.

La audiencia quedó marcada por la oposición de la fiscalía y las defensas al tema del traslado de la prueba. Este tema vital para las querellas quedó resuelto: el TOF ya decidió que las víctimas que ya declararon no deberán volver a hacerlo. Y que las partes deberán leer o escuchar o ver el material antes de las audiencias. Y si las defensas o los querellantes consideran que es necesario que una persona vuelva a declarar porque se van a juzgar nuevos hechos y nuevos imputados, deben decir por qué razón van a convocarla. Y la persona va a ser citada.

Como cada vez que se planteó este tema, los defensores buscaron formas de oponerse. Uno de los que llevó la voz cantante fue Guillermo Jesús Fanego, secretario de Organización del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Otro defensor dijo que la decisión los dejaba en “un virtual estado de indefensión” y llegó a decir que carecía “de medios para ver la grabación”. Otro de ellos se paró en la sala más tarde: “Si hay un testigo de cargo tengo derecho a interrogarlo”, soltó como si la nueva opción no lo contemplara.

Una de las intervenciones más paradigmáticas fue la de Víctor Valle, a cargo del equipo de defensores oficiales. Sus palabras pusieron en escena la cercanía con el planteo de la fiscalía. “Creo que asiste la razón a la fiscalía –dijo–: el proceso devendría nulo (si se ponen estos procedimientos en marcha); no creo que haga falta hacer una reserva.” Y agregó: “Adhiero a la nulidad planteada por la fiscalía”.

Para la fiscal, la “inconstitucionalidad” estaría dada porque el traslado de la prueba de un juicio a otro contradice el principio que considera que los procesos deben ser orales, públicos, contradictorios y continuos. “Si nos tomamos en serio esto, el juicio no podría suspenderse ni siquiera durante la feria”, aclaró. Ató el planteo al derecho de las víctimas que, dijo, “tienen derecho a hablar”, aunque los organismos de derechos humanos pelearon por estas reglamentaciones para evitar que estas personas vuelvan a tener que hacerlo en cada juicio.

Pedro Dinani, de Justicia Ya!, señaló: “Coincidimos con lo expresado por el tribunal sobre el traslado del cuerpo probatorio de videos y registros fílmicos de las víctimas que hayan declarado en este juicio –dijo–: para nosotros es central y consideramos que no hay afectación ninguna del debido proceso”. Inmediatamente tomó la palabra la abogada Carolina Varsky, del CELS, para expresar en ese mismo sentido una posición colectiva. “Todas las querellas adherimos a la decisión del tribunal, estamos de acuerdo con la propuesta del traslado de la prueba, entendemos que es similar a trasladar la prueba documental en la que cada parte debe leer lo que queda incorporado.”

“Nadie quiere cercenar los derechos de los imputados. Queremos que los testigos no tengan que volver a sentarse para contar otra vez lo mismo. No hay nada que conspire más contra la oralidad de un juicio que un juicio largo que se dilate en el tiempo. La fiscal no entendió la resolución de la Cámara de Casación que plasmó una guía clara para poder llevar adelante juicios que todos estamos apuntando a acortar”, explicó el abogado Rodolfo Yanzón, de la organización Kaos, a Página/12. “Es muy grave que una fiscal adelante una opinión sobre que el juicio puede ser nulo”, señaló.

El tribunal presidido por Daniel Obligado e integrado por Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia y como suplente Pablo Bertuzzi ya tomó la decisión de incorporar el mecanismo que, además, se utiliza en otros debates. Hay decisiones, en cambio, que aún están sin resolver. Una de las que preocupa a las querellas es la situación de los detenidos en prisión domiciliaria, que son una tercera parte de los acusados. Eso explicaron a la salida Carlos Loza y “el Sueco”, Carlos Lordkipanise, dos de los sobrevivientes que esperan que el juicio empiece con todos los acusados en prisión efectiva o espacios subsidiarios para quienes están con problemas de salud.