La crisis política y económica mundial, así como los caminos alternativos para encontrar una salida, son hoy más que nunca espacios de disputa. Esta realidad volvió a quedar reflejada esta semana en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, foro que aprovechó la presidenta argentina, Cristina Kirchner, para responderle a la destemplada forma en que la titular del FMI, Christine Lagarde, había intentado horas antes entrar por la ventana en discusiones de política interna, espacio del cual ese organismo quedó desplazado por definición política del gobierno de Néstor Kirchner. La excusa de Lagarde fue la objeción a los índices de precios y de producto que elabora el Indec. Pero sólo una excusa, como se verá.

El cuestionamiento de Cristina Kirchner al planteo del FMI en plena Asamblea de la ONU no pudo ser más adecuado, teniendo en cuenta los antecedentes históricos. El FMI, junto al Banco Mundial, fue creado en 1945 como organismo subordinado al sistema internacional bajo la articulación de las Naciones Unidas. Sin embargo, con el correr del tiempo se fue desvinculando políticamente de todo tipo de control democrático de la ONU y se convirtió en una suerte de “operador político” del poder económico mundial, hoy representado por sectores muy concentrados del capital financiero y por gobiernos de las principales potencias con fuertes lazos con los anteriores. Desde ese lugar, enarbolan la pretensión histórica de constituirse en reguladores globales de la economía.

Desde esa pretensión del FMI y la negativa del gobierno de Argentina a otorgársela, surge la relación conflictiva entre ambos, que irremediablemente se va agravando a medida que se profundiza la crisis mundial y las posturas políticas de uno y otro se tornan más divergentes. Argentina canceló en 2005 la deuda que mantenía con el Fondo, pero con ello además les cerró las puertas a los controles periódicos y a la capacidad de monitorear las políticas públicas. Capacidad que, hasta entonces, le otorgaba una suerte de poder de veto sobre las decisiones que el Gobierno podía tomar. En términos prácticos, ninguna de las reformas estructurales que el Gobierno concretó desde entonces –reestatización del sistema previsional, recuperación de Aerolíneas e YPF, institucionalización de la Asignación Universal por Hijo o la movilidad jubilatoria, entre otras– podrían haberse concretado sin previamente eliminar la tutela del FMI.

La participación del FMI en el diseño de un índice de precios al consumidor a nivel nacional fue una iniciativa del gobierno argentino buscando darle “legitimidad técnica” a la elaboración de un nuevo indicador que reemplazara al cuestionado IPC, que hasta hoy sigue midiendo variaciones de precios en Capital y Gran Buenos Aires, con las falencias y críticas conocidas, algunas de ellas muy válidas. Pero la intervención del Fondo no estaba destinada a arbitrar en esas críticas ni a evaluar el viejo índice, sino a aportar desde un “enfoque técnico” elementos para fortalecer la rigurosidad del nuevo índice. “A diferencia de lo que se pueda decir en términos políticos, en sentido técnico el FMI es un organismo muy respetado en el mundo por sus estudios sobre el diseño de estadísticas”, señalaba en su momento un especialista con una trayectoria destacada, incluso tras su paso por un cargo jerárquico del Indec.

En resumen, el Fondo no había sido invitado a inmiscuirse nuevamente en la política económica, sino que había sido convocado para hacer un aporte y asesoramiento técnico. Sin embargo, “lo hizo de nuevo”: respondiendo a las expectativas de los sectores internos más ligados al capital financiero y el poder concentrado, el directorio del FMI, en su sesión del lunes 16 de septiembre, se permitió manifestar su “preocupación por la falta de avances de las autoridades argentinas en implementar medidas que remedien la calidad de las estadísticas públicas” de precios y de producto. Esto, después de considerar la propuesta de representantes europeos de emitir “una declaración de censura” contra la Argentina, que más que rechazada fue puesta en una impasse, hasta el nuevo encuentro del cuerpo del 17 de diciembre próximo.

Las recomendaciones del Fondo, luego convertidas en exigencias, apuntan justamente sobre contenidos del actual IPC que no eran los que estaban sometidos a su evaluación cuando se requirió su asistencia técnica. “Ponderaciones sobre el peso que tienen en la canasta de consumo y en la medición de las variaciones de precios los distintos productos, la elaboración de canastas estacionales, modificación de los ítems que se miden de acuerdo con su estacionalidad”, más el reclamo al Indec para que “vuelva a informar precios promedio en sus reportes”, son algunas de las cuestiones sobre las que el organismo financiero exige “precisiones”, todas ellas referidas al actual IPC.

La falta de satisfacción a tales reclamos fue lo que utilizó como excusa Lagarde, una semana atrás, para usar graciosamente la metáfora de la “amonestación” y amenaza de “tarjeta roja” a la Argentina. La pelota cayó en el patio y Lagarde se metió, sin permiso, a buscarla. Cierta oposición, que les resta autoridad a los organismos públicos locales, pero se la asigna al FMI, debe haberle abierto la puerta. O una ventana. El FMI intenta nuevamente incidir en la política interna, sin mayor legitimidad pero con socios locales. El gobierno argentino, con la legitimidad de ser miembro de la ONU más la que le da la propia experiencia, impugna en todos los foros las políticas del FMI y el rol que desempeña en la economía mundial. Es una disputa política, que se da al mismo tiempo en las calles de Atenas y Madrid o en la sede de la ONU. Subrepticiamente, el FMI quiere volver a darla dentro de las cuentas públicas de la administración nacional. El patio de casa. No es de extrañar de parte de quien se cree árbitro del partido y, además, dueño de la pelota.