El empresario Claudio Cirigliano se presentó ayer para ampliar su indagatoria ante el juez Claudio Bonadío en la causa sobre el accidente de Once e intentó refutar la imputación que le adjudica formar parte de un grupo de personas “estable en el tiempo” –una asociación ilícita– que habría desviado fondos de subsidios estatales en lugar de destinarlos a mejorar la línea Sarmiento, mantenerla y dar un servicio seguro. A partir de una pericia realizada por contadores de la Corte Suprema, el juzgado apuntó sospechas sobre un contrato de asesoramiento brindado por Cometrans a TBA (ambas del mismo grupo) por 127 millones de pesos, además de préstamos de la segunda a la primera por 40 millones. Cirigliano es presidente de Cometrans, cuyo directorio está imputado en pleno junto con directivos de TBA.