Con los votos a favor de todo el kirchnerismo y con el radicalismo en contra, el Senado prestó acuerdo para el nombramiento de cuatro jueces federales porteños después de un proceso de siete años que estuvo atravesado por denuncias de irregularidades y fraude. Entre estos futuros magistrados que ocuparán los estratégicos juzgados encargados de investigar al poder político y económico, Luis Rodríguez –quien ya es juez de instrucción desde tiempos del menemismo– concentró todas las impugnaciones, pero igual consiguió la bendición del oficialismo. Los otros son Sebastián Casanello, secretario de la Sala I de la Cámara Federal; Marcelo Martínez de Giorgi, de la Sala II del mismo tribunal y juez subrogante en los últimos años, y Sebastián Ramos, secretario del juzgado de Daniel Rafecas.

Los cuatro nombres son los que la Presidenta eligió de una lista que en 2011 envió el Consejo de la Magistratura. El concurso se había anulado una vez por las bajas calificaciones. Al reanudarse, dos concursantes fueron denunciados por hacer trampa, ambos vinculados con Javier Fernández, hombre del oficialismo en la Auditoría General de la Nación y de influencias en la Justicia. Para aprobar una lista, el kirchnerismo en el Consejo negoció con el PRO. Uno de los cuestionados, Rodríguez, quedó en la nómina. En el Senado también sobrevivió a las impugnaciones en su contra, que abarcaban desde sospechas de haber conseguido en forma anticipada el contenido del examen del concurso, de coleccionar objetos “representativos de la ideología nazi” y hasta de la pérdida de pruebas en la causa sobre presuntos sobornos en la Cámara de Casación para dar impunidad al sindicalista José Pedraza.

La discusión de los pliegos hizo ayer menos ruido del esperado. La UCR no apoyó a ninguno de los candidatos basándose en que todo el concurso estuvo viciado. Las razones las expuso Mario Cimadevilla: “Estas designaciones entendemos que son el producto de este deseo del oficialismo de someter la ley al poder”. Pero no aludió a las impugnaciones a Rodríguez y, en cambio, criticó a Ramos, por trabajar con Rafecas, a quien le reprocha haber llevado a Fernando de la Rúa a juicio por los sobornos en el Senado. Marcelo Guinle, del FpV, dijo que la Comisión de Acuerdos, que preside, no corroboró lo denunciado en las impugnaciones del CELS, ACIJ, el Observatorio de la Justicia y el gremio de judiciales.

Así las cosas, el FpV logró promover a Rodríguez a juez federal, aunque no tuvo el apoyo de sus aliados de Nuevo Encuentro; además del rechazo de la UCR se sumó el del socialismo. Obtuvo 39 votos contra 18. Casanello, quien heredará las causas que hoy están a cargo transitoriamente de Norberto Oyarbide, cosechó 41 votos a favor y 16 en contra, igual que Martínez de Giorgi. Para Ramos los votos fueron 40 a 16. Todavía falta que la Presidenta firme el decreto con las designaciones, para lo que no tiene plazos, pero se concretaría en pocos días. ACIJ pidió una medida cautelar, que está en la Cámara, porque en la audiencia a Rodríguez en el Senado no le hicieron todas las preguntas presentadas por las ONG. En total, el Senado aprobó ayer 31 pliegos, 18 de jueces, siete de fiscales y seis de defensores. Cuatro quedaron sujetos a revisión.