“De alguna manera tenemos que concluir una etapa de la historia”, dijo ayer el presidente Eduardo Duhalde en referencia a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Su opinión, que había omitido hacer pública hasta ahora, fue a favor de que la Corte Suprema avale la constitucionalidad de las normas y paralice los juicios contra civiles y militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura. Es decir que se pronunció por la peor forma de cerrar una época, la impunidad.
“De alguna manera tenemos que concluir una etapa de la historia. No puede ser que después de 25 años cualquier persona que haga una denuncia ponga en marcha un aparato judicial; ya los testigos se han muerto y la gente va a tener una espada de Damocles. Creo que de alguna manera habrá que solucionarlo”, fue la frase completa del presidente saliente. Pero, en su afán de defender a los represores, Duhalde afirmó cosas que no son ciertas.
“Los testigos se han muerto”, dijo el Presidente. Afortunadamente hay cientos de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención dispuestos a declarar ante todos los jueces que tengan voluntad para escucharlos, tanto en la Argentina como en el exterior. Esta semana, sin ir más lejos, siete ex detenidos desaparecidos que estuvieron secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se presentaron como querellantes en una causa contra once marinos que se originó en el pedido de detención que envió el juez español Baltasar Garzón.
“La gente va a tener una espada de Damocles”, dijo el Presidente. Este razonamiento, que pregonan desde hace tiempo los miembros de las Fuerzas Armadas, implica que la reapertura de los juicios genera incertidumbre para los potenciales imputados. El mismo argumento utilizó el ministro de Defensa saliente, Horacio Jaunarena, y fue criticado por familiares de las víctimas que le contestaron que incertidumbre es buscar noticias sobre las circunstancias de una muerte durante más de veinticinco años. Los organismos de derechos humanos explican desde hace tiempo que los juicios son la mejor forma de terminar con la “espada de Damocles”. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impidieron tanto que los culpables fueran condenados como que los inocentes fueran absueltos, y por lo tanto todos los miembros de las Fuerzas Armadas se convirtieron en sospechosos. Los jueces de la Corte Suprema pueden remover la espada si confirman la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El designado ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, no quiso contestar cuál es su posición sobre este tema, pero el de Defensa, José Pampuro, lo dijo sin rodeos: “Reabrir situaciones que en la historia argentina ya fueron analizadas y vistas no se condice con la orientación general del gobierno”, afirmó. No se parece a lo que dijo Néstor Kirchner cuando le preguntaron sobre un supuesto acuerdo con la Corte Suprema. “No vamos a hacer pactos que garanticen impunidad”, fue su respuesta. Por ahora, se frustraron las expectativas de las Fuerzas Armadas de ver la firma de los ministros del máximo tribunal en un fallo de su gusto antes del cambio de gobierno. Aun cuando saben que el escrito está terminado, los militares entienden que es tiempo de reacomodamientos políticos y que los jueces esperarán a saber cuál será la relación con el kirchnerismo antes de dar a conocer su decisión.