A seis años de la denuncia de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia de Buenos Aires, de la Comisión Provincial de la Memoria y de organismos de Mar del Plata, el juez Pedro Federico Hooft, acusado de participar en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, no sólo ha logrado burlar la investigación penal, sino también mantenerse en funciones. El logro de quien visitaba centros clandestinos al mismo tiempo que rechazaba hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos tiene al menos dos responsables: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que ante excusaciones y vencimientos de mandatos nunca termina de conformarse, y la Suprema Corte de Justicia bonaerense, cuestionada en diciembre pasado por sus pares de Nación por concederle a Hooft la vía recursiva federal “sin examinar siquiera mínimamente” las razones esgrimidas, y que lleva diez meses sin cumplir la orden de volver a pronunciarse. Ante este cuadro de impunidad, la asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia, con la adhesión de organizaciones marplatenses y del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado nacional responda por la incapacidad del Estado provincial para iniciar el juicio político en un “tiempo razonable”.

Hooft fue denunciado penalmente en marzo de 2006 por el entonces secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, quien lo acusó por su participación en 148 delitos de lesa humanidad. El 28 de septiembre de aquel año, mientras la Comisión Provincial se sumaba como querellante, se presentaron los pedidos de destitución. La causa penal se demoró un lustro por infinitas excusaciones y recusaciones y este año llegó a manos del juez federal de Azul, Martín Bava. A pedido del fiscal Claudio Kishimoto, que acusó a Hooft como partícipe de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, Bava citó a Hooft a indagatoria. El acusado apeló la citación ante la Cámara Federal de Mar del Plata, que todavía no se pronunció.

El pedido de destitución de Hooft, titular de un juzgado correccional y presidente de la Asociación Argentina de Bioética, no corrió mejor suerte. El jury bonaerense lo preside el titular de la Suprema Corte de Justicia provincial y lo integran diez conjueces: tres diputados, dos senadores y cinco abogados. Según el informe que brindó ayer el titular de Familiares del Sur y Centro de la provincia, Carlos Díaz, durante los seis años transcurridos existió una “complicidad objetiva” de los miembros del jury, que se manifestó en “excusaciones permanentes, una morosidad antijurídica en la marcha del proceso y de decisiones enfrentadas con la sana administración de justicia”.

La decisión más objetada por Familiares la tomó la mayoría de la Corte Suprema bonaerense en marzo de 2009, al habilitar a pedido de Hooft una vía recursiva ante la Corte de la Nación. Fue “la mayor trampa a las pretensiones legítimas de las víctimas y familiares”, sostuvo Díaz. El 20 de diciembre último, la Corte Suprema de la Nación anuló esa decisión y la cuestionó porque se tomó “sin examinar, siquiera mínimamente, la entidad y efectos del cuestionamiento de Hooft”. En la misma resolución, la Corte ordenó que se dicte “una nueva resolución”, que diez meses después todavía no se concretó. Se trata de “un acto grave de desobediencia con consecuencias institucionales serias”, advirtió Díaz.

La denuncia del Estado argentino ante la CIDH lleva la firma del abogado Eduardo Salerno, ex socio de varios de los abogados marplatenses desaparecidos en la Noche de las Corbatas, sobreviviente de la dictadura y titular de la cátedra Derechos Humanos que la Armada brinda a sus oficiales. Ayer, durante una conferencia de prensa en la sede de Familiares, Salerno enfatizó que “nunca desde 1969 vi un espacio tan propicio para la aplicación de justicia”, lamentó la “paradoja” de tener que denunciar al Estado nacional en el ámbito interamericano, pero explicó que ante una “protección corporativa inaceptable”, el Estado argentino es responsable por las violaciones a los derechos humanos que cometen las administraciones provinciales, en este caso la bonaerense.