Hay cosas que son incompatibles. Por ejemplo, no se puede hacer un discurso patriótico sobre la Fragata Libertad y justificar a los fondos buitre. O no se puede declamar independencia del Poder Judicial y aceptar regalos de Clarín o ejecutar procedimientos legales que favorecen al emporio que se resiste a cumplir el artículo antimonopolio de la ley de medios. En nombre de ese mismo principio no se puede rechazar a los aspirantes a juez que tengan antecedentes de militancia política o que hayan sido funcionarios y aceptar a todos aquellos que tienen relaciones evidentes con el poderoso e influyente multimedio. Tampoco se puede, tras ocho años de apoyarlo, criticar al Gobierno porque “no hizo nada por los trabajadores y por los derechos humanos”, como se escuchó decir al moyanismo en su campaña contra la ley de ART. Y no se puede reivindicar un “periodismo de información” y calificar de puta a la primera persona que descree de esa información.

En realidad, como poder, se puede, pero una de las dos acciones desmiente a la otra. No se puede en ese sentido, porque daría la impresión de que una de las dos afirmaciones es una mentira. Estar contra el Gobierno no tiene por qué implicar que se está a favor de los fondos buitre, a favor de Clarín o hablar de posibles alianzas con el centroderecha del macrismo. El que lo hace está eligiendo, nadie lo obliga.

Y obviamente, decirle “puta” a una mujer y difamarla como hizo Jorge Lanata con Gabriela Cerruti porque ella había dicho que no creía en lo que él decía, no tiene nada que ver con el periodismo de información. El insulto denigra al que lo pronuncia y da cuenta de un tipo de calidad humana. Y hace todavía menos creíble lo que produce Lanata, ya que no acepta el mínimo contraste.

Entre los discursos contradictorios de esta semana sobresale el de algunos medios sobre el embargo de la Fragata Libertad en Ghana. Exaltaron el valor simbólico del buque escuela de la Armada Argentina, exageraron las contrariedades que supuestamente sufrieron los tripulantes varados y finalmente justificaron a los fondos buitre.

No se puede hablar de patriotismo y justificar la usura internacional ejercida contra la patria que se exalta. La forma usual de agredir a la soberanía de las naciones ha sido a través de la subordinación económica. Se les dice fondos buitre porque se alimentan de carroña, igual que la usura. Compraron por centavos bonos incobrables que habían enviado a la quiebra al país que los emitió por los altísimos intereses que pagaban. Eran bonos de alto riesgo. Mientras funcionó, sus dueños se llenaron los bolsillos y saquearon los de los argentinos. Pero semejantes tasas no podían durar eternamente. Era un negocio de riesgo y finalmente quebró. Son las reglas de juego. Los bonos se cayeron, pero Néstor Kirchner les ofreció una alternativa razonable para cobrarlos. Más del 90 por ciento de los acreedores aceptó, pero una ínfima minoría prefirió vender los bonos a estos fondos especulativos.

Lo que hacen estos fondos es lo más parecido a la usura internacional. Compraron por centavos y quieren que les paguen millones. Tienen mucha plata y mucha infraestructura. Pueden comprar jueces, periodistas, legisladores, funcionarios y abogados en todo el mundo y no les importa si llevan a la ruina a pueblos enteros. Hubo una campaña en los medios opositores que trató de darles a estos usureros una imagen de respetabilidad, de acreedores sensatos frente a la irresponsabilidad de los deudores argentinos. Por cierto, hubo deudores irresponsables. Fueron los gobiernos que esos medios apoyaron y que tomaron esa deuda impagable.

Al mismo tiempo que se rasgaron las vestiduras por la situación de la fragata en Ghana, atacaban al Gobierno y justificaban a los fondos buitre que habían embargado el buque. Si justifican a los fondos buitre quiere decir que no les importa lo que suceda con la fragata o sus marineros, a los que usan por simple demagogia.

Así como queda en duda el patriotismo del que lo convoca para avalar a los enemigos de esa patria, pareciera que sucede lo mismo con algunos que hablan tanto de independencia de la Justicia y consienten maniobras que dejan a la Justicia del lado del poder económico. Como si esos que reclaman independencia estuvieran tratando de que la Justicia sea más dependiente de sus propios deseos e intereses.

Los magistrados del fuero Civil y Comercial declararon en el Consejo de la Magistratura que fue irregular el procedimiento por el cual el camarista Ricardo Recondo intentó designar un juez para fallar en el caso Clarín. No se trata ya de una cuestión de oficialismo y oposición, sino de maniobras que se escudan en esa dicotomía de la democracia para favorecer el interés económico de una de las empresas más importantes del país.

Si la oposición política permite esa falsedad, pierde autoridad moral para fiscalizar la Justicia. Los legisladores de la oposición se negaron a votar la lista de jueces subrogantes presentada por el Poder Ejecutivo, pero avalaron los procedimientos de Recondo en la Magistratura y en la Cámara en lo Civil y Comercial. La oposición también rechazó la designación de jueces naturales, a través de los concursos por antecedentes y oposición, que ya se realizaron ante la Magistratura. Los argumentos que usaron en ambos casos fueron los mismos en que se basaron las maniobras de obstrucción para favorecer a Clarín.

Esa ambigüedad, en la que por un lado se reclama una Justicia independiente y por el otro se consienten maniobras sospechosamente favorables a una gran empresa, puede dejar a la oposición ante la historia, sobre todo al radicalismo, como los cómplices de un gran monopolio que se resistió a desmonopolizar. Serían socios menores y vergonzantes en otro golpe de disciplinamiento a la sociedad y a los partidos políticos para mostrar que el poder económico está por encima de las instituciones de la democracia. Aunque votó en contra, el radicalismo tiene el deber ético de facilitar que se aplique una ley antimonopolio que fue aprobada por el Congreso en forma absolutamente democrática. La democracia se respeta cuando se gana y cuando se pierde.

La nueva ley de ART es diferente. Una cosa es la confrontación contra un fondo buitre que embargó la Fragata Libertad o con el monopolio mediático más poderoso del país, y otra legislar sobre los accidentes del trabajo. El rol de la oposición, en todo caso, es más claro en esta situación. La lógica de que la oposición tiene que oponerse a todo sin reconocer políticas de Estado o causas nacionales, la puede llevar a asociarse con los fondos buitre y con un monopolio local que no quiere cumplir la ley. La discusión sobre las ART, en cambio, puede ser enriquecedora. Esta vez el Gobierno no contó con el voto de alguno de sus aliados del centroizquierda y el proyecto recibió críticas incluso desde el oficialismo. En el transcurso de esa discusión, Hugo Moyano le tendió una trampa mediática a un hombre que no se lo merecía. Su abogado Héctor Recalde había anunciado que no votaría con el oficialismo porque presentaría su propio proyecto. Sin embargo, para Moyano, Recalde se había acercado demasiado al Gobierno. La trampa que le preparó para insultarlo en público fue más parecida a una revancha mafiosa que a la resolución de diferencias políticas con un hombre que lo acompañó desde sus principios. La deslealtad manifiesta fue de Moyano en este caso, porque diferencias políticas se pueden atravesar siempre.

La reacción de Moyano puede explicar la incomodidad del Gobierno con el carácter del camionero cuando era su aliado. Pero también fue una demostración de debilidad por su parte al mostrar el temor de que pudiera haber otros desgajamientos en su corriente sindical. El perfil que va tomando esa organización es cada vez más de fuerte oposición política y el tema gremial, aunque presente, va quedando muy rezagado, lo cual incomoda a algunos de sus socios en Azopardo. Mientras atacaba al Gobierno por la ley de ART, se reunía con Mauricio Macri y bromeaba sobre posibles alianzas electorales. Pero Macri también respaldó la ley de ART. En el caso de su relación con el Gobierno, la ley sirvió de excusa para continuar un derrotero que, aunque se muestre con Pablo Micheli, tiende a llevarlo al punto de confluencia del peronismo disidente donde ya está su segundo al mando, el Momo Venegas. La ley de ART puede ser criticable, pero los moyanistas mienten a su propia historia cuando, por esa ley, afirman que este gobierno no hizo nada por los derechos humanos ni por los trabajadores.