Ya ni recuerdo si éste es el tercer o cuarto proceso de fortalecimiento al que asisto, convocado por la Comisión Interamericana. Pero la primera vez que llegué hasta aquí, hace ya veinte años, no fue como activista ni defensor de los derechos humanos, sino en carácter de usuario del sistema. El caso que lleva mi nombre fue el primero que, mediante el proceso de solución amistosa previsto por el sistema, consiguió la derogación de una ley, la supresión del Código Penal argentino del delito de desacato, que era usado para hostigar a los periodistas y hoy es una reliquia en la región. Un caso posterior, presentado por el CELS, permitió también la despenalización en la Argentina de las injurias y calumnias en casos de interés público, impulsada por el actual gobierno, de modo que conocemos de primera mano la utilidad de estos mecanismos para incidir en las políticas públicas. Este es un momento en nuestra región que permite cierto optimismo sobre el resultado de este proceso. Las violaciones a los derechos humanos ya no son masivas, sistemáticas y centralizadas, como en tiempos de dictadura. Las que siguen produciéndose se deben a la dinámica de aquello que el Consenso de Washington llamó el gobierno permanente: la justicia, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los servicios penitenciarios, más aquellas que se derivan de una estructura socioeconómica polarizada e injusta, cuya transformación no es todo lo rápida y profunda que desearían los gobiernos populares que hoy tiene la región. En sus comienzos, la Comisión Interamericana no pudo evadirse de la coyuntura de la Guerra Fría y la agresión contra Cuba y la República Dominicana con pretexto de la cruzada de Estados Unidos contra el comunismo. Pero luego, este mecanismo de protección se volvió esencial para los pueblos de América, que se han beneficiado de su actuación, durante las dictaduras pero también después. La Argentina es un ejemplo en este sentido:

- la visita de la CIDH de 1979 y su informe de 1980 visibilizaron los crímenes de lesa humanidad y fortalecieron la tarea de los organismos locales.

- el informe 28/92, en el que la CIDH declaró que las leyes de impunidad eran incompatibles con la Convención Americana, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso peruano de Barrios Altos, de 2001, en un fallo emitido pocos días después de una decisión similar de un tribunal argentino en un caso presentado por el CELS, son la piedra fundamental de nuestro proceso de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad.

- la solución amistosa en el caso Correa Belisle condujo a la derogación del código de justicia militar, y el consiguiente reconocimiento de los derechos individuales de los ciudadanos de uniforme; la del caso De la Torre llevó a la sanción de la ley migratoria más abierta del mundo, que considera la migración como un derecho humano fundamental y ya no como un problema de seguridad nacional.

Por supuesto hay muchos ejemplos en otros países de la región: las visitas de la CIDH a Perú y el informe sobre Democracia y Derechos Humanos permitieron que el ex dictador Fujimori fuera condenado a 25 años de prisión; en el caso Almonacid Arellano y otros, la Corte Interamericana invalidó la autoamnistía en Chile, donde ya hay centenares de procesados; en el caso Gelman, la Corte ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad y el presidente Pepe Mujica acató; la Corte estableció en cinco casos la responsabilidad del Estado colombiano por la conformación y acción de grupos paramilitares, y la participación u omisión de agentes estatales.

Nada de esto hubiera sido posible sin la participación activa de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y, junto con ellas y antes que ellas, sin las luchas populares de las que esas organizaciones somos expresión. El sistema es un instrumento que hemos usado para transformar la realidad y eso es algo que no debemos perder nunca de vista, sobre todo ahora que las condiciones para esa transformación son más propicias en el plano interno de muchos de nuestros países, ya que como nunca antes existen gobiernos democráticos comprometidos con el mejoramiento de la situación de sus pueblos, lo que les ha conferido un alto grado de representatividad. Los proyectos nacionales de las democracias de la región hoy buscan superar desigualdades estructurales y ese camino no es ajeno a los objetivos de los mecanismos de protección internacional, como se aprecia en los casos de los derechos de las mujeres, los defensores de la diversidad sexual, los pueblos indígenas, los descendientes de africanos, las personas privadas de libertad. Aún existen en diversos países situaciones que requieren del sistema interamericano para proteger los derechos de nuestros pueblos. Varias de las políticas de los gobiernos de la región se basan en o coinciden con estándares forjados en alguna de las instancias del sistema, lo cual demuestra su vigencia. Veo desde aquí a mi querida amiga Catalina Botero y no puedo olvidar su acompañamiento desde la Relatoría sobre Libertad de Expresión en apoyo de la transformación profunda que en la Argentina se ha conseguido con la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por todo ello es vital encontrar la intersección entre la organización supranacional y las distintas jurisdicciones nacionales, lo cual requiere del diálogo del sistema con los gobiernos y las organizaciones sociales. Esta presentación debe entenderse también como un saludo de bienvenida y un voto de confianza a la gestión del nuevo presidente José de Jesús Orozco y del nuevo secretario ejecutivo Emilio Alvarez Icaza, a quienes les pedimos algo que también hemos solicitado al gobierno de nuestro país: que gestionen ante las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que revea la denuncia de la Convención y ante las de Estados Unidos para que la ratifiquen, porque si el país más importante de la región, y uno contra el cual hay denuncias muy graves por violaciones a los derechos humanos, se mantiene fuera del alcance de la Corte, este proceso de fortalecimiento no pasará de una expresión de deseos.

* Palabras pronunciadas el miércoles por el presidente del CELS en la audiencia convocada por la CIDH, en la sede principal de la OEA, en Washington.