El gobierno nacional dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo y por el jefe de Gabinete. La medida excluye los documentos que contengan información que afecte la seguridad por razones de defensa nacional y los que tengan relación con la guerra de Malvinas.

“El libre acceso a la información genera transparencia en la gestión de gobierno, que redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas frente a la ciudadanía”, señala el texto del documento firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Continúa con la línea que inició el ex presidente Néstor Kirchner en el 2005 al relevar “de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley de Inteligencia Militar”, a integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad “cuando pudieran conducir” a la obtención de información vital para el desarrollo de los juicios por causas de lesa humanidad, cuando algunos de los investigados se escudaban detrás de la ley para no brindar información.

El decreto permitirá el acceso a la documentación que en su momento fue reservada o secreta por razones de seguridad. Va en el mismo sentido que el decreto 4/2010 por el que la Presidenta ordenó desclasificar las normas emitidas durante la dictadura militar para que pudieran ser integradas a los juicios en causas por delitos de lesa humanidad que aún se están llevando adelante. Allí se destaca que “mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público respecto de información y documentación relativa al accionar de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado resulta contrario a la política de memoria, verdad y justicia que el Estado argentino viene adoptando desde el año 2003”.

La medida fue publicada ayer en el Boletín Oficial y excluye “las normas que ameriten mantener dicha clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y las relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”. En los considerandos del texto se configura en el decreto 2103 que “la Constitución nacional, a través de los artículos 1º, 33º y concordantes, garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública”, por ello “debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementen la transparencia de los actos de gobierno permitiendo un acceso igualitario a la información”.