El infierno de la Escuela de Mecánica de la Armada, símbolo universal del terrorismo de Estado en la Argentina, volverá a ser parte del presente durante los próximos dos años. Lejos del tiempo de los cables de Ancla sobre los crímenes que la gran prensa ocultaba, de los relatos de sobrevivientes desde el exilio y de los gritos desgarrados de las Madres de Plaza de Mayo, lejos de la impunidad que siguió al juicio a los ex comandantes y de la larga noche menemista, a un lustro de la ingesta de cianuro que garantizó el silencio del prefecto Héctor Febres y a un año de la primera condena a los asesinos que comandó el almirante Emilio Massera, la ESMA será noticia tal como lo concibieron y exigieron durante décadas los organismos de derechos humanos: mediante un juicio oral y público, con todas las garantías que brinda el Estado de derecho. En el banquillo habrá por primera vez un número de acusados acorde a las dimensiones del que fuera el mayor centro de interrogatorio, tortura y exterminio de la capital argentina, que rendirán cuentas por secuestros, tormentos, violaciones y asesinatos contra casi 800 víctimas entre 1976 y 1983.

El subsuelo de los tribunales de Comodoro Py será el escenario de un verdadero megajuicio con 68 acusados, que incluyen a 56 marinos, cinco prefectos, un coronel retirado del Ejército, tres ex miembros de la Policía Federal, uno del Servicio Penitenciario Federal y dos civiles: el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, alias Teniente Vaca, quien durante años defendió a sus ex compañeros imputados, y un economista de alta alcurnia: Juan Ernesto Alemann, ex funcionario del ministerio de José Alfredo Martínez de Hoz. Faltarían los capellanes de la Iglesia católica y algún enlace de la Fuerza Aérea para abarcar la tipología completa de seres que poblaron voluntariamente la ESMA durante la dictadura. Dos datos para dimensionar: desde que arrancaron los juicios a represores, el mayor número de acusados se registra en Tucumán, con 41, aunque ocho lo siguen por videoconferencia desde la cárcel; el proceso a los jerarcas nazis en Nuremberg tuvo 22 acusados, menos de un tercio de quienes comenzarán a rendir cuentas el miércoles.

Tras los 22 meses de audiencias del primer juicio de la ESMA, que terminó con 16 condenados y dos absueltos por un centenar de casos, el Tribunal Oral Federal N0 5 acusó recibo de un viejo reclamo de los organismos y decidió realizar un proceso que incluya a todos los casos judicializados con epicentro en el centro clandestino de la Armada. Según la información oficial son 789 víctimas, un tercio de las cuales son sobrevivientes. Se estima en 900 el número de testigos que escucharán los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallo-tti, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (sustituto). Algunos “casos”, como se denomina a las víctimas en la jerga judicial, fueron parte del juicio a las juntas militares; otros, como el asesinato de Rodolfo Walsh o el del grupo de familiares y militantes secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz, fueron parte del primer proceso pero volverán a tratarse por la participación de otros represores. Como para el tribunal esos hechos están probados, prescindirán de los testigos de contexto, en línea con las directivas de Casación para agilizar los procesos. Todas las partes, incluidos los defensores, tienen acceso a los DVD con los testimonios del juicio de 2011, que además se reproducirán en audiencias específicas los días que no haya testimoniales. Los sobrevivientes que declararon en el primer juicio oral, en tanto, no tendrán que volver a relatar sus padecimientos en cautiverio y deberán centrarse en sus recuerdos sobre el rol de los acusados.

Un rasgo distintivo del juicio será la acusación por violación al capitán Acosta a partir de una querella presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales en 2007. El TOF-5 ordenó en su sentencia del año pasado abrir una causa específica sobre los delitos contra la integridad sexual, una práctica sistemática y generalizada durante el terrorismo de Estado. Poco antes el juez federal Sergio Torres había procesado a Acosta por violación, figura que rechazó la Cámara Federal, que volvió a calificarla como una tortura más. El único delito que el juez Torres había elevado y que el TOF-5 decidió no incluir es el robo de bienes, que podrá juzgarse en un futuro proceso. Un rasgo no distintivo sino habitual en Comodoro Py y en varios tribunales del país es que sobrevivientes, familiares de víctimas y cualquier persona mayor de 18 años que decida asistir a las audiencias deberá cruzarse en los pasillos de tribunales con los 33 secuestradores, torturadores y asesinos que llegan a juicio en libertad o con arresto domiciliario.

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