La jueza federal de San Martín Alicia Vence puso fecha a la indagatoria de cuatro ex directivos de Ford Motors Argentina por lo que de momento evalúa como una “eventual participación” en los secuestros y tormentos que sufrieron 25 ex delegados de la planta de Pacheco después del golpe de 1976. Entre los ex directivos están Pedro Müller, ex gerente de manufactura al que los obreros recuerdan por el rol de “capanga” dentro de la planta, y Héctor Francisco Sibilla, un militar retirado del Ejército que fue jefe de Seguridad en la Ford, ascendió luego de los secuestros y tiempo después fue contratado por la embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004. La Justicia examina el modo en el que las instalaciones de la Ford se usaron como centros transitorios de detención ilegal, pero en esta causa en particular se investiga el encuadre legal que debería darse a las denuncias por el modo en el que los nombres de los delegados –únicos detenidos desaparecidos de la empresa– llegaron a manos de las fuerzas de seguridad.

“Para nosotros es un logro infernal”, lanzó Carlos Propatto apenas escuchó la noticia mientras cambiaba un repuesto del coche al rayo del sol. “Tengo ahora 65 años y cuando yo estaba en la empresa ellos ya eran grandes, yo me estaba preguntando si la Justicia esperaba que se mueran para que caduque la causa. Esto es muy, muy importante para las nuevas generaciones, para que no se use al obrero y se lo descarte.” Pedro Troiani, en plena jornada de trabajo, recibió un llamado de su esposa. “Nosotros venimos en lucha desde que volvió la democracia, pidiendo justicia y no se daba, después suspendieron todos los juicios, hoy para mí esto es emocionante, a nosotros la empresa nos entregó, porque los militares ¿qué sabían de nosotros? Hubo mucha gente civil que golpeó las puertas a los militares para que saquen de encima el sindicalismo, por eso esto fue un golpe cívico-militar, cuando pasaron unos días hubo mil despidos en la fábrica, sacaron a los que estaban contaminados con plomo, a los enfermos del corazón, a los faltadores y a la gente que molestaba a los capataces.”

Los llamados a indagatoria alcanzaron también a Nicolás Enrique Courard, que fue presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA, y a Guillermo Galárraga, que estuvo a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales. Los cuatro acusados deberán presentarse en tribunales entre el 18 y el 26 de febrero. Si bien hasta ahora el encuadre legal es por presunta participación, para la querella esa figura no está clara. Una de las características de esta causa es la colaboración material, por ejemplo la cesión de espacios internos como el quincho que se usó para secuestrar y torturar a los delegados levantados adentro de la planta. Otro eje es que a los delegados se los secuestró en sus lugares de trabajo. Casos como el de Carlos Propatto son un ejemplo. Entonces era delegado de la sección de pintura y en abril de 1976 lo pasearon dentro de la fábrica atado con alambres. “Yo era primer oficial de pintura, les dije en un momento: ‘Dejame ir a buscar los documentos’, pero me dijeron: ‘Donde vas, no vas a necesitar documentos’”, antes de darle una feroz golpiza envuelto en una bolsa de nylon en la que no se ahogó porque sus compañeros, secuestrados con él en un sector de la planta, le hicieron un agujero para salvarlo.

El eje que estructura todos estos casos es el de las listas: el modo en que los nombres de los delegados llegaron a manos de las fuerzas de seguridad. El abogado Tomás Ojea Quintana, representante de los obreros, recuerda sobre este punto que hay pruebas desde el comienzo de la causa. Menciona por ejemplo una entrevista entre Arcelia Luján de Portillo, la esposa de un secuestrado, y el teniente coronel Antonio Francisco Molinari, en la que él le dijo: “Señora, no me moleste más”, y le dijo que la Ford le había dado la lista con el logo y el nombre de todos los delegados. O el caso de la detención de Francisco Guillermo Perrotta, delegado de la parte administrativa, a quien fueron a buscar a su casa. “¿Con qué fueron a buscarlo?”, dice Ojea Quintana. “Con el carnet de la empresa.”

Esta articulación, que alienta la hipótesis del énfasis puesto por la compañía para sacarse de encima a delegados, subdelegados y referentes de la fábrica, es el eje de la denuncia. Ojea Quintana señala: “En la participación criminal existen distintos niveles de autoría, todavía no confirmamos nosotros si son partícipes secundarios o coautores porque para nosotros la dirección de la empresa pergeñó esto”.

A lo largo de la causa, el expediente sumó informes periciales de tipo históricos, económicos y sociales hechos por, entre otros, académicos y universidades. El expediente, que estuvo paralizado y estancado durante años, avanzó a partir del ingreso de Vence al juzgado. Una de las medidas mas importantes que tomó fue una inspección a la planta, un pedido que la querella hacía desde hace tres años. “Nos llevó a reconocer los lugares donde estuvimos secuestrados y fue emocionante después de tanto tiempo ir a Ford, de donde salimos como salimos, y reconocer lugares como el quincho”, señala Troiani.

Entre los antecedentes de esta decisión puede leerse el procesamiento en Jujuy de Carlos Pedro Blaquier. Pero en el juzgado dicen que si bien este nuevo tipo de registro jurídico pudo actuar como contexto de lectura, explican que lo que valen finalmente son los hechos y las pruebas. En ese sentido, la jueza, en la resolución, aclara que el pedido de indagatoria se hizo en el marco de una causa en la que ya fueron procesadas autoridades militares, como Santiago Omar Riveros.

Quince días atrás, los delegados se reunieron con Vence para preguntarle por la causa, sobre todo después de ver que expedientes como Jujuy, que empezó más tarde, estaba muy avanzados. Un dato a tener en cuenta es que así como el fiscal federal Federico Delgado en el primer tramo de la causa alentó pruebas, como los pedidos de pericias de académicos e investigadores, el fiscal de San Martín Jorge Sica nunca hizo nada, en una línea de conducta cuestionada por los organismos de derechos humanos que impulsan reclamos de justicia en ese lugar.