El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Comisión de Pastoral Aborigen (CEPA), ambos organismos dependientes de la Conferencia Episcopal Argentina, expresaron su preocupación por el tratamiento que se le ha dado a la reforma, actualización y unificación del Código Civil y Comercial, manifestando que en el proceso “no se ha respetado el derecho de consulta previo, libre e informado que ordena el Convenio NO 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y jurisprudencia internacional”. Obispos y laicos cristianos que trabajan con comunidades indígenas criticaron también que “el hecho de que se considere la propiedad comunitaria indígena como un derecho real, se otorgue el carácter privado a la personería jurídica de las comunidades, obviando la cláusula constitucional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” es una cuestión que viola derechos adquiridos y reconocidos.

Esta no es la primera vez que Endepa denuncia que el procedimiento establecido para la reforma del Código no está tomando en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y que tampoco se los está consultando.

Ahora la organización católica señala que “tenemos el firme compromiso de continuar sosteniendo junto a los pueblos y organizaciones indígenas el reclamo, para que sean reconsiderados estos puntos antes de ser aprobado el proyecto de reforma”. De esta manera, sostiene Endepa, se pretende “la efectiva aplicación de los derechos adquiridos, sin que sufran menoscabo alguno, y se adapte dicha regulación a la normativa positiva nacional e internacional vigente”.

Por otra parte, en el comunicado del organismo católico se expresa preocupación por la lentitud del relevamiento territorial ordenado por ley con la finalidad de establecer con precisión aquellas zonas territoriales que deben ser reconocidas para los pueblos originarios. Esta demora, dicen, se vincula directamente con intereses económicos sobre la explotación del suelo. Endepa plantea la necesidad de que se avance con urgencia en el relevamiento territorial “dada la necesidad de los pueblos en regularizar sus territorios, los cuales se ven amenazados por el modelo extractivo (minero, ganadero y agroforestal)”.

En el mismo documento se formula una denuncia contra “la política de fragmentación hacia las comunidades indígenas que lleva adelante el organismo de aplicación de la ley (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI) como así también de los gobiernos provinciales y el nacional”.

Finaliza la declaración con un repudio al “accionar violento hacia los vecinos de las Asambleas Valle y Costa del ‘No a la mina’, acontecidos en la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, por parte del gremio de la Uocra, en ocasión de querer acercarse a la sesión legislativa” y a “todos los actos de violencia y agresión que sufren comunidades, pueblos indígenas y asambleas ciudadanas, cuando defienden sus territorios y los bienes naturales”.