Alak advirtió que los jueces no investigaron las denuncias del Estado.
Imagen: Télam.

A esta altura, buena parte de la discusión en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se ha convertido en una guerra de recursos judiciales en la que ya no se entiende qué fue primero. El último capítulo podría situarse ayer a primera hora en la decisión del Gobierno de anticiparse y evitar que la Cámara en lo Civil y Comercial concediera una extensión (más allá del 7D) de la medida cautelar que mantiene al Grupo Clarín exceptuado de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión. Por eso hubo dos presentaciones contra ese tribunal. En una, la Jefatura de Gabinete pidió la “revocatoria” del fallo del día anterior que repuso en el caso al camarista Francisco de las Carreras, denunciado por posibles dádivas del multimedios. En otra, la Afsca dobló la apuesta con una recusación contra todos los integrantes de la Cámara en cuestión. El contraataque incluyó una conferencia de prensa del ministro de Justicia, Julio Alak, quien advirtió que prolongar la cautelar implicaría “un alzamiento contra una ley de la Nación, contra un pronunciamiento de la Corte, una burla a la voluntad popular y generaría un conflicto de poderes”.

El martes al anochecer, después de resolver las recusaciones y excusaciones de sus miembros planteadas por el Gobierno, la Cámara en lo Civil y Comercial reconstituyó la Sala I, que siempre tuvo a su cargo el caso Clarín. María Susana Najurieta, integrante de esa sala, era la única de todos los camaristas que no había sido cuestionada. Anteayer volvió al ruedo con ella De las Carreras. El tercer integrante, Martín Farrel, había renunciado semanas atrás a la subrogancia que ejercía como jubilado. Con dos camaristas el tribunal puede resolver el pedido de ampliación de la cautelar del Grupo Clarín, a menos que discrepen y necesiten un tercero que desempate.

Ante este panorama, una definición sobre el pedido del multimedios para extender la cautelar dejaba de ser algo lejano. Era más bien cercano, y factible. Ahí fue que el Gobierno le reclamó a la Cámara que revoque los rechazos de las recusaciones de sus miembros, incluido el aval a De las Carreras, y las excusaciones admitidas. El ministro Alak cuestionó ayer que previo a confirmar a ese juez para intervenir en el caso Clarín, sus colegas (Najurieta y Graciela Medina) ni siquiera pidieron copias de la causa penal en la que se lo investiga por una denuncia del Poder Ejecutivo que lo acusa de haber viajado a Miami invitado por el Grupo Clarín a una cumbre sobre libertad de expresión que tenía a Cablevisión entre sus auspiciantes y estaba organizada por una entidad (Certal) donde confluyen intereses empresarios y directivos de Clarín. El juez Sebastián Casanello está en plena recolección de pruebas.

Alak advirtió que “ni se preocupó el fuero en investigar si la denuncia del Estado era real”. “Se está violando la garantía constitucional de independencia e imparcialidad de los jueces”, dijo. La invitación al evento de Certal en Miami forma parte de los argumentos con que se recusó también a otros integrantes de la Cámara (cinco viajaron, uno renunció), y fueron retomados ahora por la Afsca que, tras ser aceptada como parte, presentó recusaciones ayer por primera vez. Para los camaristas, la cumbre era un evento académico y científico y no había “indicios de influencias indebidas sobre el espíritu recto” de De las Carreras. Los sorteos manuales sospechosos con que se nombraron jueces subrogantes de primera instancia para el caso Clarín también son parte de la recusación que entre sus nuevos aspectos incluye a la jueza Najurieta, quien el martes respaldó a sus colegas sin poner en duda su imparcialidad pese a las denuncias que arrastran. Según allegados al fuero, esta situación hace altamente probable que sean sorteados tres jueces suplentes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para analizar las recusaciones. Es el fuero donde Alak ayer dijo que la causa siempre debió haber estado. También existe la posibilidad de que las rechacen in limine por considerarlas improcedentes o parte de una estrategia dilatoria, o bien que sí analicen caso por caso en profundidad. Como está a la vista, aunque los magistrados pongan el pie en el acelerador, hay trámites burocráticos que tal vez no se resuelvan en un día. Recién después de las recusaciones serían resueltas las revocatorias, que no parecen destinadas a prosperar en un tribunal que ya afianzó la tónica de sus decisiones.

El juez de primera instancia Horacio Alfonso, a cargo de la causa, se convirtió en un personaje central ya que la Corte Suprema lo conminó a resolver acerca de la constitucionalidad de la obligación de desinvertir en un año. Aunque sobren rumores de que ya tendría la sentencia escrita, resulta casi imposible que alcancen los tiempos procesales para que resuelva tan delicado asunto antes del viernes 7 a la noche. Además de que le pidió opinión al fiscal, después puede tomarse cuarenta días.

Lo que aún está por verse es qué está dispuesta a hacer la Cámara Civil y Comercial, que también fue advertida por la Corte sobre la importancia de lograr definiciones, y que recibió el mensaje de que las medidas cautelares no son infinitas. “Faltan sólo dos días para el 7 de diciembre”, y “los argentinos, con entusiasmo y expectantes, esperan que se aplique esta ley de la democracia y de la multiplicidad de voces”, previno el ministro. Como es evidente, esta batalla dejó de tener como protagonistas exclusivos a Clarín y el Gobierno. El Poder Judicial (lo que incluye desde la Cámara Civil y Comercial hasta la Corte) se volvió un actor político de peso.