Martín Sabbatella tuvo una de las semanas más intensas de su carrera política. Se quedó hasta las 12 de la noche del 7D en el edificio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), a pesar del fallo de la Cámara Civil y Comercial, que prorrogó la medida cautelar del Grupo Clarín, impidiendo el inicio de la aplicación plena de la ley de medios, sancionada hace tres años. De buen humor y con pocas horas de sueño encima, Sabbatella prefiere hacer hincapié en la parte llena del vaso, en vez de dejarse llevar por el trago amargo de la resolución judicial. En una extensa entrevista con Página/12, remarca que aun después de que se conociera la decisión de la Cámara, siete grupos presentaron su plan de adecuación, entre ellos Telefe, el Grupo Prisa y Cadena 3. “El fallo de la Cámara fue contra el espíritu de la Corte y la desobedece”, asegura el titular de la Afsca, quien deposita sus expectativas en una pronta decisión del máximo tribunal.

–¿Cuál es la sensación después de haber depositado tanta expectativa sobre el 7D?

–El 7D es un día muy importante para la aplicación de la ley, a pesar de la resolución vergonzosa de la Cámara. Todos los grupos menos Clarín presentaron su plan de adecuación. El objetivo del 7 de diciembre era que todos los grupos lo hicieran antes de ese día y se cumplió el objetivo, salvo por medio grupo. Es un reconocimiento a la ley y a la Afsca como autoridad de aplicación. Y es una cosa obvia, pero es el reconocimiento del conjunto de los empresarios, de la inmensa mayoría, de que la ley es pareja para todos y que nadie puede tener coronita. Hasta el socio más importante de Clarín, Fintech Advisory, se presenta y dice que no quiere ser arrastrado hacia la ilegalidad. Además, se puso en marcha el primer canal mapuche en Bariloche, que hace a la esencia de la ley, vinculada a que todos podamos tomar la palabra, que se expresen todas las tradiciones y culturas de nuestro país.

–¿Qué va a pasar ahora con los grupos que no tienen cautelar?

–No hemos tomado una resolución. Hasta ahora hemos trabajado en el análisis de los planes de adecuación. Por supuesto que el espíritu de la Afsca siempre fue que nadie tenga diferencias y las reglas sean iguales para todos. Esperamos que rápidamente la Corte resuelva esto porque nos parece sinceramente una barbaridad lo que ha pasado en la Cámara. Esa situación ratifica lo que veníamos diciendo: la connivencia de una parte de la Justicia con grupos económicos corporativos. Y también demuestra una cuestión más profunda, que una gran parte de la Justicia no está preparada para enfrentar las corporaciones porque está colonizada por ellas. Cuando Néstor Kirchner dijo que no va a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada está diciendo que las decisiones se toman en la Casa de Gobierno. Por lo tanto, las toma el pueblo a través de sus representantes y no el CEO de una empresa o un director ejecutivo de un organismo internacional en Washington.

–Distintos actores del Poder Judicial han planteado la existencia de presiones por parte del Gobierno...

–Esta es una ley que está promulgada hace tres años y no se pudo aplicar. ¿Cuál es la presión del Gobierno? ¿Quién presiona a la Justicia? Lo que es evidente es que hubo una cantidad de medidas que trabaron la aplicación de la ley fruto de la presión de las corporaciones. Cuando hablan de denegación de Justicia, ¿a quién se le denegó el derecho de tener justicia? A la sociedad argentina que no puede tener una ley que democratiza la palabra y garantiza el derecho a la información. No se puede poner en igualdad de condiciones al Estado y una ley de la democracia con un grupo que desafía la ley y el Estado de derecho y se quiere parar por encima. Lo que la Argentina necesita es el triunfo de la democracia por sobre los intereses corporativos.

–¿Qué expectativa tienen respecto de la Corte Suprema?

–Lo ideal sería que la Corte resuelva la cuestión de fondo. Hay dos pedidos, uno que hace la Afsca, pidiendo que se avoque al tema de la nulidad de la prórroga de la cautelar y otro que hace la Jefatura de Gabinete pidiendo el per saltum. Así no se puede seguir. Toda ley es constitucional hasta que haya una sentencia firme que diga lo contrario, si no no hay orden jurídico posible. Cada vez que un senador o diputado pierde una votación va a la Justicia y la inestabilidad institucional sería la regla. Sería imposible gobernar.

–La oposición dice que si la Corte falla a favor de Clarín el Gobierno va a “ir contra la Corte”...

–No tengo ninguna duda de la constitucionalidad de la ley y de que esto termina con su aplicación. Así que esperamos que la Corte resuelva rápidamente. Se le pide a la Corte, que ha generado muchas expectativas con su renovación, que esté a la altura de las demandas de las instituciones de la democracia. Además, la Corte ya habló primero de un tiempo razonable para la cautelar, después se dio cuenta de que eso no alcanzaba y le dio un límite concreto. Incluso dijo que no hay riesgo para la libertad de expresión y que se aplique la ley más allá de la resolución de la cuestión de fondo. La Cámara fue contra el espíritu de la Corte y la desobedece. Eso es gravísimo. La Justicia tiene que plantarse y liberarse de las presiones corporativas, porque nuestra democracia lo necesita.

–Yendo a las críticas que se plantean sobre la ley, tanto en su aplicación como en su texto, tiene que ver con el caso de Telefe. Más allá de la cuestión meramente jurídica, ¿si Telefónica de España controla Telefónica de Argentina y también controla a Telefe, por más que estas últimas no estén vinculadas entre sí, no atenta contra el espíritu de la ley que excluyó a prestadores de servicios públicos del mercado de la comunicación?

–En el caso de Telefe nosotros le planteamos tres temas. Uno vinculado a los capitales extranjeros, en el que se remiten a la ley de bienes culturales, que aclara específicamente que las empresas constituidas antes de su sanción están exentas de ese requisito. Otro tema respecto de la cuota de mercado del 35 por ciento, en el que reconocen que están excedidos y presentaron su propuesta de adecuación. Ahora, respecto al tema de servicio público, para definir la incompatibilidad la ley pide que haya relación controlante/controlada. Telefónica de Argentina no tiene esa relación con Telefe. Uno puede opinar que la ley tendría que aclarar que si comparten el mismo fondo de inversión ya debería ser un caso de incompatibilidad, pero no lo hace. Y nuestro rol es aplicar la ley. Tenemos que ver si los planes de adecuación de cada uno de los grupos cumple o no con los requisitos. La Afsca tiene 120 días para analizarlo, dentro de esos hay 10 días para correcciones y observaciones que la Afsca le haga al grupo. Y después tienen hasta 180 días de plazos de ejecución.

–¿Cree que la ley podría no aplicarse antes de concluir el gobierno de Cristina Fernández?

–No tengo ninguna duda de que la estrategia de Clarín es no cumplir la ley, sostener su situación de privilegio y seguir lesionando el derecho a la información. Para eso buscan cualquier estrategia para lograrlo. Construir escenarios políticos para hacer esto. Ese es el acuerdo concreto que tienen con el arco opositor, aunque es evidente que tienen un problema grave, que es que todo ese arco opositor no se constituye como alternativa en el país porque no tienen un proyecto. Lo único que los une es oponerse. Muchas veces ese arco opositor termina expresando la defensa de los intereses corporativos, vergonzosamente, porque en muchos casos contradicen su propia historia, su indentidad constitutiva.

–Usted dijo que la ley es necesaria para garantizar el acceso a la información, ¿por qué no se avanza con una ley en este sentido?

–Yo presenté un proyecto de ley. Son temas que el Parlamento tiene que seguir debatiendo. Creo que son importantes, sí. Habría que preguntarle al Congreso.

–Hoy se realizará un festival en Plaza de Mayo pensado para festejar la aplicación plena de la ley, ¿cuál es el sentido después de lo que pasó?

–Ahora más que nunca tenemos que encontrarnos para festejar con alegría un momento histórico del país, de grandes transformaciones. En todo el país se va a celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos y los pasos que se están dando en la aplicación de la ley, los avances de la democracia y de este proyecto nacional, popular y democrático. También hay que tomar fuerza para ir por lo que tenemos que seguir haciendo. Creo que va a ser una gran fiesta popular. Las corporaciones quieren que no se aplique la ley, ahora si también quieren que el pueblo no pueda salir a la calle a vivir con alegría una fecha importante están bastante equivocados. No nos van a quitar la alegría o la posibilidad de expresarnos.