Desde el Ministerio de Salud de la ciudad respondieron a la denuncia del legislador Aníbal Ibarra. Consideraron que los precios mínimos se pusieron en la licitación para “evitar que la competencia entre las empresas las lleve a cotizar valores que hagan imposible luego el cumplimiento de los trabajos, sufriendo problemas cuantitativos y cualitativos en un servicio crítico para los hospitales”. Interpretaron que “no constituye una discriminación, dado que ese dato es totalmente público y válido para todos los oferentes”. Con los precios máximos estimaron que se “evita la carterización”. “Los valores de impugnación guardan una clara relación con el valor de la licitación, buscando desincentivar planteos que no tengan un fundamento muy sustentable si ese valor fuera muy bajo”, interpretaron en la gestión PRO. También indicaron que el valor de los pliegos es menor al 0,05 por ciento del monto de la licitación. Sobre la ventaja que señaló Ibarra para los lavaderos que ya prestan el servicio, indicaron desde el ministerio porteño que es virtualmente imposible que una sola empresa se quede con todo el servicio y apuntaron que “la evaluación de las propuestas se realizará a través de un análisis que valora aspectos económicos, de tecnología, de procesos, logística, etcétera. En el improbable caso de un empate, el desempate se produce por la aplicación de una fórmula, uno de cuyos componentes prioriza a los prestadores que estén brindando o hayan brindado servicios a la ciudad. Esta gestión trabaja con licitaciones claras y transparentando los criterios de decisión, cambiando prácticas en que se adjudicaban trabajos de este tipo por contratación directa. Los resultados están a la vista”.