Un grupo de camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país publicó hoy un documento crítico respecto del comunicado que emitió la semana pasada la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y otras asociaciones de magistrados que advertía sobre presiones al Poder Judicial, en el marco de la puja de poder entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional por la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La independencia del Poder Judicial no debe entenderse limitada a la relación que debe existir entre los poderes del Estado”, consideraron los profesionales del Derecho que decidieron diferenciarse del mensaje oficial de los jueces emitido días atrás: “Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e incluso de las organizaciones que los representan”, detallaron en la solicitada que publican hoy en los principales medios gráficos nacionales. Según calcularon, el documento ya cuenta con más de doscientas firmas, entre ellas la de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el juez de Casación Alejandro Slokar, su par de Cámara de La Plata Carlos Rozanski; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; los fiscales de Cámara Jorge Auat, Alejandro Alagia y Félix Crous, además de rectores, decanos y académicos vinculados con el mundo de la Justicia.

“Nos mueve el propósito de reconciliar al sistema de administración de justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del evidente desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”, advirtieron los “jueces, fiscales y defensores públicos que suscribimos a este documento”. El comunicado nació en el seno de un grupo de hombres y mujeres del Derecho “bastante enojados con las asociaciones que dicen representar al mundo judicial y no lo hacen en realidad ni en un diez por ciento”, especificó una fuente a este diario. Académicos, rectores y decanos de distintas universidades y facultades y funcionarios judiciales completan la larga lista de firmantes.

Ese grupo de jueces, fiscales y defensores consideró que el comunicado surgido de fuentes magistradas al que funcionarios del gobierno nacional calificaron como una reacción corporativa, emitido la semana pasada desde la comisión, puso a todos los integrantes de ese poder del Estado “en blanco o negro, o estás con Clarín o con la ley de medios” y entendieron que detrás de él “está la defensa de intereses privados que no corresponde al Poder Judicial”, expresó uno de los firmantes que no quiso difundir su nombre. La suya, como varias de las más de doscientas firmas que apoyan el documento, se adhirieron a través del correo electrónico.

En la cuestión de la “independencia” profundiza el documento difundido hoy. “La independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan”, plantea la solicitada.

En coincidencia con lo expuesto ayer por el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, que planteó que “todos, los diputados, senadores, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial” eran susceptibles de ser interpelados, el grupo de hombres y mujeres del Derecho contestatario a la “reacción corporativa” de la Justicia consideró que “los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía”.

El texto no deja dudas respecto del tema sobre el que trata y opina sin tapujos respecto de la recusación de magistrados, herramienta que el Ejecutivo utilizó en la batalla con Clarín. “La recusación es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales. Es una herramienta que contribuye al fortalecimiento de la transparencia del desempeño profesional de la magistratura”, definieron.