“Estamos discutiendo la responsabilidad del ex presidente en hechos trágicos, pero además este tribunal definirá si avalamos que durante el estado de sitio el presidente sea un observador imparcial, si implica darle un cheque en blanco a la policía”, dijo el abogado Rodrigo Borda durante la audiencia en la Cámara de Casación que resolverá la situación procesal de Fernando de la Rúa en la causa por la masacre de diciembre de 2001. Poco antes, la defensa del ex mandatario había justificado la represión, que costó casi cuarenta vidas en todo el país, al decir que fue “legítima” porque había que “salvar la investidura presidencial”. En diálogo con Página/12 Borda, que representa a familiares de las víctimas, replicó que “la institución presidencial no puede implicar la vida de nadie; si nuestro sistema normativo manejara esos valores sería un problema. Por el contrario, el estado de derecho tiende a preservarlas”.

Borda y Diana Fusca –letrados querellantes del Centro de Estudios Legales y Sociales en nombre de María Arena, viuda de Gastón Riva, entre otras víctimas– pidieron que De la Rúa fuera procesado por los asesinatos de cinco manifestantes y las lesiones de 117 personas durante la represión policial de su último día de gobierno. Lo hicieron ante los camaristas Raúl Madueño, Luis Cabral y Eduardo Riggi, que ahora están en condiciones de resolver si revocan el sobreseimiento del ex presidente, y lo sientan en el futuro juicio oral con el resto de los imputados, o lo confirman. En estos más de diez años, el ex mandatario recibió primero la falta de mérito, luego fue procesado, y finalmente la sala II de la Cámara Federal lo sobreseyó con la disidencia de Horacio Cattani.

De la Rúa faltó a la audiencia y tampoco estuvo presente el fiscal de Casación Ricardo Weschler, lo que llamó la atención de los familiares de la querella “por la trascendencia política y jurídica del caso”. Los abogados del CELS argumentaron que De la Rúa “se arrogó facultades que no tenía” al decretar el estado de sitio la noche del 19 de diciembre, lo cual provocó un masivo cacerolazo y la marcha a Plaza de Mayo. “El operativo de represión fue ilegítimo porque De la Rúa declaró el estado de sitio sin intervención del Congreso, como establecen los artículos 65 y 29 de la Constitución en caso de conmoción interior”, recordó Borda. Y agregó que en lugar de “desentenderse de cómo la policía detenía a personas tenía especial deber de control” luego de firmarlo.

A su turno, el defensor del ex presidente, Miguel Almeyra, dijo que esa medida excepcional “venía siendo requerida por las provincias”, y que “mientras la república se derrumbaba el presidente trataba de salvar la institucionalidad”. En ese marco, preguntó a los camaristas si “el deber de reprimir los excesos (de los manifestantes) no se encuadraba en el ámbito de la legitimidad”. Y agregó que es una práctica muy extendida dictar el estado sitio sin el aval parlamentario. “Es costumbre y costumbre es derecho”, dijo Almeyra. Para Borda es un planteo “cínico”, porque “así fue el siglo XX, pero con un alto costo de vidas, y si homologamos esas costumbres minaríamos principios democráticos fundamentales, es como decir que estamos acostumbrados a dictaduras pero ni ellas ni las violaciones a los derechos humanos son derecho positivo”.

Para la defensa de De la Rúa “a lo sumo hubo excesos”, y responsabilizó de los mismos al fallecido ministro del Interior, Ramón Mestre, y al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov. Borda respondió con los argumentos del camarista Cattani, en tanto “si lo supo o cuándo lo supo es irrelevante, porque ya había inobservado sus deberes de cuidado y de garante, y las muertes fueron consecuencia directa de ese incumplimiento”.